No hay curso sin deberes: qué debe hacer Europa esta legislatura para ser aún mejor

"Aquel mundo de seguridad fue un castillo de naipes". Lo escribe Stefan Zweig en El mundo de ayer, ese paseo emocional por su vida que lo es, a la vez, por el continente europeo. Relata el colapso de una era, la fragilidad de la civilización, la esperanza que voló. Corría el año 1942, pero su lamento nos sirve hoy para un tiempo nuevo que arrastra también inseguridades y amenazas.

La Unión Europea (UE), la mayor herramienta de paz de la historia reciente, se ve sometida a presiones desconocidas en sus orígenes, en 1950. Las certezas del pasado se han volatilizado y hasta parte de sus 27 socios ponen en tela de juicio el estado de derecho, la democracia o los valores fundacionales del club. Las guerras se multiplican en el mundo, incluso a las puertas de Europa, y fuerzan una política exterior y de defensa distintas. Las crisis económicas o sanitarias obligan a repensar las apuestas y las forzosas transformaciones -verdes y digitales-, a revisar el presupuesto. 

No hay recetas mágicas para todo ello, en un entorno extremadamente cambiante, pero sí una certeza: habrá que abordarlo con más unión, con más integración, y no con más nacionalismo, con más ombliguismo. Es lo que defiende el informe publicado esta semana por la Fundación Alternativas, El estado de la Unión Europea 2024, toda una lista de deberes para la X legislatura que acaba de comenzar. 

El informe, subtitulado justamente Integración vs. Nacionalismo, asume que las instituciones comunitarias surgidas tras las elecciones europeas de junio tienen un condicionante con el que habrá que lidiar para todo, es que la subida de la ultraderecha. No es llave de gobernabilidad, pero se llevó uno de cada cuatro escaños en la Eurocámara. Han hecho que a UE se enfrente "a un verdadero dilema político", una "variación que condicionará la acción" del bloque, porque no enfrente, sino dentro, tiene a quien defiende "el antieuropeísmo, el nacionalismo y el proteccionismo". 

Una Europa más "desintegradora", en suma, que se aprecia hasta en la involución en materia de igualdad de la nueva Cámara -el 39 % de sus miembros son mujeres, frente al 40 % en la IX legislatura- y la Comisión propuesta. Con esa visión, son "mucho más difíciles las reformas" que hay que afrontar para que la Unión progrese, y entre las que los expertos destacan la ampliación del presupuesto, la reforma en la toma de decisiones, la potenciación del Parlamento o el abandono del proteccionismo. Tampoco ayuda a la "débil política exterior" común, en un mundo de turbulencias, antioccidentalismo y rivales fuertes.

Como nada es gratis, todo pasa por "una reforma fundamental del presupuesto de la UE" que duplique su peso desde el 1 % del PIB europeo actual hasta el 2 %, para alimentar las transiciones verde y digital, porque ahora mismo "es minúsculo comparado con las necesidades" existentes, en palabras de Diego López Garrido, que dirige el estudio. Esa medida debe complementarse con una integración del sistema bancario europeo para estimular la inversión y revertir la pérdida de productividad de Europa respecto a Estados Unidos o China.

Estas son, área a área, las propuestas planteadas por Carlos Carnero, José Enrique de Ayala, Domènec Ruiz Devesa, Francisco Aldecoa, Mercedes Guinea Llorente, Francisco Fonseca Morillo, José Luis Escario, Björn Hacker y Mª Elena Muñoz Martínez, con la coordinación de Mónica Vaquero y la dirección de López Garrido. 

El nuevo Parlamento Europeo 

Para los analistas del tanque de pensamiento madrileño, "es imprescindible mantener la mayoría europeísta del PE conformada en la elección de Ursula Von der Leyen", la alemana conservadora del Partido Popular Europeo (PPE), que fue la primera fuerza en las elecciones y que aglutinó entonces, en julio, logró un total de 401 votos de 707 emitidos. Consiguió repetir la coalición compuesta por derecha tradicional, socialistas y liberales que ya respaldó su candidatura en 2019, sumando a miembros de los verdes. Todos ellos, bloques que respaldan la democracia y los valores de la UE. Esa suma, frente a la que se quedó la ultraderecha, es una "garantía de la profundización política y la respuesta a las necesidades ciudadanas, aislando a la extrema derecha". 

Números aparte, "es preciso fijarse como un objetivo prioritario aumentar progresiva y sustancialmente la participación electoral en los comicios al PE", que bajó en la última convocatoria al 51,01%, casi 11 puntos menos que en los primeros comicios, en 1979. "Para ello, sería positivo desbloquear la existencia de listas transnacionales en las elecciones al PE en 2029, que los candidatos a presidir la Comisión Europea se presenten a eurodiputados y que los partidos políticos nacionales, en el Gobierno o en la oposición, se comprometan a europeizar los comicios al PE a través de un código de conducta suscrito antes de comenzar la campaña electoral". 

Así se podrían arrancar las campañas de las garras de los debates nacionales, que se imponen siempre a los comunes, fortaleciendo además a los bloques de partidos europeos y dando "más visibilidad" a sus programas. 

"La UE tiene que completar la Unión Política, incluyendo otorgar más poderes legislativos al PE, empezando por la iniciativa legislativa de la que actualmente carece, tal y como ha propuesto la Presidenta de la Comisión en su discurso de investidura, en el marco de una reforma constitucional que debería tener lugar a lo largo fe la presente legislatura", concluye el informe. 

El auge de la extrema derecha

"Lamentarse ahora de lo que pudo haberse hecho en la última década para impedir o dificultar el ascenso de la extrema derecha, y no se hizo" no tiene sentido, asume el dossier, "sería un ejercicio inútil que solo conduciría a la melancolía". Toca extraer lecciones y tomar acciones "que detengan ese crecimiento o incluso lo reviertan, si es posible".

En este flanco, los analistas hacen cuatro recomendaciones. La primera es que "es necesario impulsar y ampliar la batalla cultural en toda la UE en defensa de los valores democráticos, con todos los instrumentos disponibles y la financiación necesaria, incluidos los medios de comunicación y las redes sociales, proporcionando información verídica y datos reales a la población, para combatir la demagogia y la manipulación de la realidad en las que basa su éxito". 

La segunda es que sería "muy interesante acordar entre los Estados miembros un programa común de educación en valores, a impartir desde la escuela primaria en todos los niveles educativos, subsanando deficiencias en ciertos países o niveles educativos más interesados por la formación científica o técnica", lo que, a su entender, "no es en absoluto incompatible con la educación democrática imprescindible para cualquier sociedad organizada y eficaz". Formar ciudadanos, también, más allá de los conocimientos impartidos. 

"Es imprescindible reforzar las políticas sociales para revertir los efectos negativos que crisis como la gran recesión 2008-2012 o la pandemia de covid-19 han producido en amplias capas de la clase media y trabajadora. Problemas como la vivienda, la precariedad laboral, o los bajos salarios en relación con el creciente coste de la vida, que afectan especialmente a los jóvenes, tienen que ser abordados con determinación para ofrecer resultados visibles en un plazo razonable, y evitar la desafección hacia la gobernanza democrática de partes cada vez más grandes de estos sectores", dice el tercer punto. 

Finalmente, "hay que compensar a las comunidades o sectores que se vean más afectados por la llegada y establecimiento de inmigrantes con un reforzamiento de los servicios sociales, sanitarios y educativos, proporcional a la nueva situación". También los "sacrificios" que "se deriven de regulaciones medioambientales, como en los sectores agrícolas o de automoción, deben ser compensados adecuadamente, aunque para ello deba aumentarse la carga impositiva a aquellos - ciudadanos y empresas – que pueden asumirlo, explicando con claridad lo que se quiere hacer y para qué". 

Esta última es una de las batallas con las que tendrá que lidiar en parte la propuesta como comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, si su nominación sale adelante. 

La posición geopolítica europea

El entorno geográfico europeo está "está lleno de amenazas", y por tanto, "es el más complicado al que ha de enfrentarse desde el final de la Guerra Fría", aseguran en la Fundación Alternativas. Se cita, claro, la guerra de agresión y "conquista imperial" de Vladimir Putin en Ucrania, que "ha dinamitado la arquitectura de seguridad europea" de los años 70 del pasado siglo, refrescada en los 90. "La influencia negativa de la Rusia de Putin se siente también en el propio interior de la UE, con operaciones constantes de sabotaje y desinformación, por no hablar de que cuenta con un aliado que se sienta en la mesa del Consejo Europeo (el primer ministro húngaro Orbán, él mismo responsable de la deriva autoritaria en su país)".

Hay más problemas, desde la debilidad que añade la salida de Reino Unido con el Brexit a las dudas por la posible vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, de las guerras en Gaza o Líbano con Israel a la amenaza China. 

¿Qué hacemos ante todo eso? Pues marcar una nueva agenda geopolítica, con cinco apuestas. Empezando por apoyar a Ucrania, ampliando "la tipología de armamento" y por "acelerar su entrega" desde los aliados comunitarios. Hay que "eliminar cualquier restricción a su uso en el interior de Rusia siempre

que se trate de objetivos militares", ahonda el texto, en un momento en el que el debate al respecto es especialmente encendido: Occidente aún insiste en que el riesgo de usar sus armas ofensivamente en suelo ruso es enorme y puede internacionalizar la guerra, pero para el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, es una cuestión de vida o muerte. "Peleamos con una mano atada a la espalda", suele repetir. 

El informe plantea también la necesidad de "desarrollar una función moderadora entre Estados Unidos y China", "fortalecer las relaciones con África, particularmente la Unión Africana, y relanzar la Unión por el Mediterráneo con vistas a crear un mercado común desde Helsinki a Ciudad del Cabo (posibilidad de acuerdo con el Área Continental Africana de Libre Comercio)". España, por su posición, debería tener una voz importante en ese empeño. 

Se aboga por "concluir el acuerdo con Mercosur, si es necesario separando la parte comercial del resto". Se aspiraba a aprobarlo en la presidencia temporal española del Consejo, en 2023, pero al final, el freno de Francia por un lado y de Argentina por el otro lo llevaron de nuevo al cajón donde lleva 20 años esperando a ser firmado por ambos bloques. Y, al fin, muy importante, por "relanzar el proceso de paz en Oriente Medio, apoyando el alto el fuego y la instalación de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, con vistas a alcanzar la solución de los dos Estados". La hoja de ruta presentada en enero por el aún jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, es la propuesta más ambiciosa planteada sobre el conflicto desde la comunidad internacional en el último año.

El ciclo institucional

Desde Alternativas se plantean tres grandes retos para la X legislatura que acaba de iniciarse. Son la "imprescindible" reforma de los Tratados europeos, la resolución del proceso de ampliación a nueve o diez estados (con Ucrania como peso pesado) y la continuación del apoyo "progresivo" a Ucrania contra la agresión rusa, todo ello con los conflictos de Oriente Medio de fondo. 

Ese es ese marco. En él se mueve la realidad institucional, y se moverá en los cinco años de mandato por venir. "A pesar de que se insiste en muchos de medios de comunicación, especialmente en España, de que hay un giro hacia la extrema derecha y va a ser difícil que continúe el proyecto político europeo, desde nuestro punto de vista, no aceptamos esta reflexión", señala con firmeza y optimismo el informe. "Creemos que se dan las condiciones para dar continuidad al proyecto europeo en su conjunto, a lo largo de los 70 años, y especialmente desde los avances conseguidos a lo largo de la novena legislatura", expone. 

La incidencia de la extrema derecha "ha sido mínima, tanto en la composición del Parlamento Europeo (...) como en el nombramiento de vicepresidentes y los miembros de la Comisión Constitucional", ya que los partidos demócratas han aplicado un cordón sanitario férreo en ese caso. "Asimismo, el nombramiento de la Presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, refleja que hay un gran consenso en torno a ella. Respecto a la Presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se dudaba que tuviera los votos necesarios". Se centran, pues, en el fondo, y hacen suyas las palabras de la alemana: "Necesitamos una agenda de reforma ambiciosa para asegurar el funcionamiento de una Unión más grande y para incrementar la legitimidad democrática. Aunque las reformas eran necesarias antes, con la ampliación se han convertido en indispensables. […] Nos centraremos en lo que ya podemos hacer, que es mucho. Pero deberíamos ser más ambiciosos. Creo que necesitamos un cambio en los Tratados para mejorar nuestra Unión. Y quiero trabajar con el Parlamento para ello".

Por eso, sus recomendaciones en lo más institucional plantea justo que, siguiendo con los resultados de las elecciones, no se vea afectada, o  "ligeramente", la composición política de las instituciones, como hasta ahora.  "La décima legislatura será, en principio, equivalente a la novena, desde el punto de vista de la composición política bien entendida, que irá cambiando como consecuencia de los factores internos e internacionales", ahonda.

Apuesta por "dar a conocer que la influencia de las elecciones y la composición es muy limitada, y por tanto va a tener poca influencia", con una agenda estratégica 2024-2029 que es "muy similar a la anterior".

La defensa en tiempos de guerra

Uno de los capítulos más jugosos del informe que estamos analizando es el dedicado a la defensa común, cuando hay guerras abiertas en el planeta que afectan al viejo continente directamente, empezando por la de Ucrania. "La defensa está de moda Unión", constata, porque los acontecimientos han elevado en la agenda una materia relegada en las últimas décadas. 

Cada vez es más "complejo" el consenso en el apoyo y la asistencia a Kiev "hasta que sea necesario"; no se ha implementado la brújula estratégica, con la que aumentar su capacidad en la próxima década, y hay que cambiar la financiación y la industria del sector, con un empuje común, entre otras cosas. 

En este apartado es en el que más recomendaciones aporta el informe, por su complejidad y novedad. De inicio, insiste en continuar "con el apoyo militar, económico y político a Ucrania todo el tiempo que sea necesario". Es posible que en esa tarea "haya que explorar vías para superar la unanimidad en las decisiones, y así escapar del bloqueo húngaro". "Aunque sea demasiado ambicioso y poco realista", reconoce, hay que "intentar activar las pasarelas o incentivar una reforma limitada del Tratado, para pasar las decisiones por unanimidad en la PESC a mayoría cualificada y garantizar así una verdadera autonomía política para la UE". 

Ahí están, como ejemplo, las veces en que Budapest se ha negado a aprobar partidas de ayuda a Kiev o ha impedido, dilatado o descafeinado la lista de sanciones a Rusia en estos dos años y medio de guerra. 

Abogan los expertos por seguir "reflexionando y trabajando" en las instituciones para "implementar las propuestas para una Unión Europea de la Defensa que sea ambiciosa, inclusiva y realista", "sostener la ambición y el compromiso de instituciones y Estados miembros para seguir implementando la Agenda de Versalles y la Brújula Estratégica" y seguir manteniendo "un diálogo abierto y productivo con todos los actores del sector de la defensa". Von der Leyen ha anunciado que habrá pronto un Libro Blanco de la Defensa, en el que se podrá ver esa hoja a seguir, pero que debe incluir, entienden, "una revisión de la Brújula Estratégica", dados los acontecimientos de los últimos tiempos.

Más: hay que diseñar "mecanismos políticos para democratizar y dar conocimiento público" a las políticas sd seguridad y defensa, "asociando a este control democrático tanto al Parlamento Europeo como a los Parlamentos Nacionales", y coordinarse mejor entre instituciones para evitar duplicidades. La creación de un nuevo comisariado específico para Defensa en la nueva CE debería unificar el mando. 

Clave debe seguir siendo la cooperación OTAN-UE "para crear sinergias beneficiosas para las dos y hacer avanzar la idea de que el desarrollo de la UED como pilar europeo de la OTAN resulta beneficioso para las dos organizaciones", a la vez que se refuerzan "los cauces de cooperación y entendimiento" entre los Veintisiete "para incentivar la planificación conjunta y la adquisición entre varios a industria europea, con la finalidad tanto de reforzar la interoperabilidad como la capacidad productiva europea desarrollando una verdadera autonomía estratégica". Un dato, por ejemplo, que evidencia la dependencia externa: en los dos últimos años, el 78% de los equipos militares necesitados por Europa fueron comprados en el exterior, sobre todo a EEUU.

Hay que ahondar en capacidades, en "planificación, mando y control; inteligencia; logística; administración y enseñanza común", con la finalidad de poder desarrollar "operaciones conjuntas con autonomía".

Y está el dinero: toca buscar una integración del mercado de la defensa,  avanzar los trabajos en materia de financiación, "sea proveniente tanto del sector público como del privado, para promover la innovación y el desarrollo de tecnologías críticas, la dotación de las capacidades militares necesarias para los Estados", también, "la creación o el fortalecimiento de industrias de defensa", un punto en el que España tiene mucho que decir. ¿Cómo se buscan nuevos ingresos para ello? La opción preferida de los analistas de la Fundación Alternativas son los eurobonos.

Estado de derecho

Europa se desgasta con la guerra pero no sólo. En los últimos años, ha estado y está sometida a la aparición de Ejecutivos que violan el Estado de derecho, hasta el punto de que Bruselas ha tenido que tomar represalias, sobre todo reteniendo fondos. Han sido los casos de Polonia (en vías de solución tras la marcha del Gobierno de ultraderecha) y de Hungría (con parches puestos a la fuerza por exigencia de la UE, que se sigue desmandando). 

La ampliación al este de Europa, que se acometerá en la próxima década, plantea también la necesidad de mantener claras las líneas rojas, los compromisos que cualquier estado miembro debe cumplir para que la calidad democrática del bloque no merme en justicia, lucha contra la corrupción, derechos de minorías, libertad de prensa... 

Queda constatado que "los Estados se toman muy en serio las diferentes recomendaciones" que les hace la UE, "y no sólo a efectos de evitar riesgos reputacionales, sino porque las mismas van creando un zócalo común que alimenta la adopción de marcos regulatorios impensables hace unos años". 

En este caso, las recomendaciones se dirigen más a España que a la UE, por analizar el caso concreto. Se le pide que "siga reforzando el estatuto del fiscal general, en particular en lo que respecta a la disociación temporal de los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno", que acometa la completa renovación del del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, al fin en curso) e "impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial".

Debe proceder a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye "el establecimiento de un registro público obligatorio" de dichos grupos; intensificar los esfuerzos para solucionar los "escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel", sobre todo mediante la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y robustecer "las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo". 

Finalmente, plantean avances "en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales". Hace menos de un mes que el Gobierno confirmó su reforma.

Descarbonización y competencia

Son, sin duda, dos de los mayores retos que tiene por delante Europa: ser más competitiva y, a la vez, más verde. Crecer económicamente sin dañar al planeta. Convencer de que el negocio también puede ser ecológico y, es más, debe serlo, o nos quedaremos sin recursos. No hay otro camino. 

En esta parcela, el informe destaca que se entra "en una nueva fase" del Pacto Verde Europeo con el arranque de la legislatura, y por eso previene ante lo que se debe y no se debe hacer. "La UE debe evitar que su tradicional liderazgo en las políticas verdes redunde en una pérdida de competitividad de sus empresas en la escena internacional", arranca. Para ello, "deberá poner en marcha urgentemente un Pacto Industrial Limpio, financiado mayoritariamente a escala europea, que cree las condiciones propicias para el crecimiento y la productividad de la industria verde en el actual entorno de competencia internacional".

Para no ser objeto de competencia desleal por los precios del carbono, ha de "dotarse de instrumentos de carácter geopolítico como el nuevo Arancel en Frontera al Carbono, cuyo fin es garantizar que la mayor ambición climática de la UE no se vea penalizada internacionalmente, por medio de una igualación del precio al carbono que pagan los productores extracomunitarios

en el Mercado interior con el que pagan los productores europeos". Ese arancel, afina, debería ser complementado "con la idea de la creación de clubes del carbono entre países, en virtud de los cuales se vinculen sus regímenes de derechos de emisión y, eventualmente, se vaya estableciendo un precio mínimo global del carbono". 

Además de llevar a la creación de mercados del carbono internacionales, los clubes "servirían para presionar a las jurisdicciones que queden fuera para que adopten estándares medioambientales más exigentes, ante la perspectiva de que sus empresas se vean penalizadas en los mercados internacionales" por instrumentos de este tipo. Previsión antes de que lleguen los malos momentos. 

En todo caso, asume que la combinación "adecuada" de políticas climáticas de cada país dependerá "de sus necesidades específicas y de sus preferencias políticas del momento". "Lo importante es que dicho mix sea coherente y costo-efectivo desde el punto de vista de la consecución de los objetivos climáticos del Acuerdo de París", concluye.

Progreso social

"El progreso social avanza a paso de tortuga", es en realidad el título del capítulo. Queda claro por dónde va. "En 2023 y 2024 la inflación disminuyó de manera progresiva, pero la crisis que acarrea el alto coste de la vida sigue siendo virulenta. Si bien los mercados laborales muestran una evolución convergente positiva, todavía no se aprecian señales que muestren un cambio de tendencia en la reducción de la pobreza", expone. 

Sin embargo, "los avances en los objetivos sociales de 2030 son lentos y van acompañados de retrocesos. En los últimos tiempos, las instituciones de la UE han implantado más medidas sociales, pero el consenso entre los Estados miembros parece desvanecerse y cada vez son más fuertes los llamamientos para apostar por la austeridad y la competitividad internas", avisa, como marco de partida.

En este apartado, sobre todo se lanza un aviso a navegantes: en la campaña electoral, la llamada "Europa social" desempeñó un papel "subordinado", aplastada por la guerra ucraniana, las políticas verdes o las de inmigración, y eso es un error. "Exceptuando el Pacto Verde, una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el énfasis que se pone en la competitividad". Apenas en abril se logró la Declaración de La Hulpe (por la ciudad belga en la que se firmó), "un nuevo impulso para una Europa social", que quedó rebajada por cierta falta de ambición, especialmente de la derecha. 

No hay que dejar apartada la materia. "Por el contrario, los ciudadanos de la UE exigen una Europa social: en un informe del Eurobarómetro de abril de 2024, el 88 % de los participantes consideraron importante una Europa social y el 43 % dijo que era incluso "muy importante". Dados los múltiples retos socioeconómicos que nos aguardan, es indispensable continuar el largo y sinuoso camino para conseguir una unión social europea", concluye el dossier.

Migración y asilo

En los últimos meses de la anterior legislatura, se llegó finalmente al acuerdo sobre los principales instrumentos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, "abriéndose ahora importantes retos en cuanto a la implementación (junio 2024-junio 2026) y la aplicación de las nuevas normas a partir de junio de 2026". Con la ultraderecha azuzando el miedo con este asunto, será uno de los esenciales del nuevo mandato, con el peligro que conlleva hablar a brochazos, además, en una materia en la que está tratando de hilar al milímetro. 

Cada país tendrá que moverse con ese marco y bajar a la arena, o sea, a su legislación, lo acordado. De ahí que la Fundación Alternativas se haga eco de lo reclamado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en su listado final de recomendaciones ante el porvenir. Reclamaciones, además, compartidas internacionalmente por las decenas de ONG que han elevado escritos a la Comisión para que humanice más el pacto, que entienden más como un blindaje poco garantista. 

Así, CEAR plantea "promover vías legales y seguras para quienes necesitan protección", como dar cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Asilo para solicitar asilo en embajadas y consulados de España en exterior, "y asumir compromisos más ambiciosos de reasentamiento que sean complementarios a los del Marco Europeo de Reasentamiento".

"España está obligada a garantizar los derechos de todas las personas que se encuentren bajo responsabilidad de las autoridades españolas", recuerda, incluido el derecho a solicitar protección internacional y respeto del principio de no devolución.

España también debe "garantizar en todos los procedimientos de protección internacional las garantías previstas en el ordenamiento jurídico español", como la evaluación individualizada de las solicitudes, que entienden que se puede poner en riesgo por los nuevos procesos urgentes. Y, de la mano, "asegurar que durante el triaje (screening) y los procedimientos fronterizos de asilo y retorno no se producen situaciones de privación de libertad". "La detención debe ser una medida excepcional y de último recurso, siempre que no existan medidas alternativas", avisa CEAR.

Se deben "establecer medidas de identificación y evaluación de las necesidades específicas y situaciones de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo tanto en el triaje" y "garantizar su respeto en los procedimientos acelerados y fronterizos"; más aún en casos vulnerables. 

Añade en su decálogo el respeto al "principio de no devolución" garantizando el derecho "a un recurso efectivo con carácter suspensivo en todos los procedimientos de asilo y retorno". Para ello, s"e debe reformar el sistema actual de solicitud de medidas cautelares garantizando el efecto suspensivo automático y el plazo mínimo de cinco días para su presentación establecido en el Reglamento de procedimientos de asilo".

Al transponer completa la Directiva de acogida, debe hacerlo "garantizando todos los derechos reconocidos en la misma, y en todo caso, asegurar el estándar de vida adecuado definido por la jurisprudencia del TJUE, cubriendo como mínimo las necesidades básicas como la vivienda, alimentación, ropa, higiene personal, y que no perjudique su salud mental y física ni atente contra su dignidad humana". "España no debe utilizar como medida sancionadora la negación del derecho de acogida durante todo el procedimiento", avisa.

La red de centros de acogida debe ser "estable y preparada", suficientemente dotada para responder a situaciones de crisis y "que asegure la coordinación entre todas las administraciones y la sociedad civil para garantizar el acceso rápido y eficaz a la protección sin recurrir a excepciones ni derogaciones de las normas de asilo".

La solidaridad es otra de las claves: debe haber "medidas centradas en la protección de las personas mediante su reubicación en otros Estados miembro". En caso de que España reciba contribuciones financieras, "deben destinarse al refuerzo del sistema de protección internacional y nunca a la externalización de las fronteras en terceros países". El pacto europeo contemplaba que aquellos países -como Hungría- que no quieran acoger refugiados y opten, por tanto, por la contribución económica, tendrán que asumir una factura de alrededor de 20.000 euros por cada solicitante de asilo que rechacen, cantidad que podrá variar con el tiempo si la Comisión modifica las aportaciones mínimas al mecanismo.

Por último, CEAR quiere establecer el "mecanismo independiente de supervisión del respeto de los derechos fundamentales previsto en los reglamentos de triaje y del procedimiento de asilo", para "toda actividad de vigilancia y control de las fronteras exteriores", e implicando en su funcionamiento al Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el ACNUR y a las organizaciones de la sociedad civil. Su mandato: "investigar y proponer sanciones en caso de vulneración de los derechos fundamentales en las fronteras".

Con todo eso, debe salir una Europa mejor. No son pocos deberes para el curso que recién acaba de empezar.