Maduro y Urrutia quieren tomar posesión de la Presidencia: ¿cómo se va a resolver la encrucijada de Venezuela?

El 10 de enero, según la Constitución de Venezuela, debe comenzar un nuevo período de gobierno para el país, un sexenio a estrenar. Ha de ser el día de los fastos y los protocolos, de la toma de posesión final del presidente. Lo que no se sabe es de cuál. 

La victoria en las elecciones del pasado 28 de julio fue reivindicada por el actual mandatario, el chavista Nicolás Maduro, avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que su mismo oficialismo controla, y que ya lleva dos legislaturas a sus espaldas. Sin embargo, la oposición, unida como nunca bajo el candidato Edmundo González Urrutia, defendió que tenía las actas reales de la elección y que eran ellos los ganadores, con un 70% de los votos frente al 30% de Maduro. 

En los meses que han transcurrido hasta este enero, el mundo ha presenciado una lucha insólita por el poder en Venezuela. Maduro, cada vez con menos apoyos internacionales y con sus aliados de siempre en crisis (de Rusia a Irán, de Cuba a Siria), no encuentra la legitimidad que pretende, mientras que González la ha ido cosechando país a país, aunque con diversos grados de compromiso. Hay naciones, como Estados Unidos, que lo reconocen como "presidente electo de Venezuela", y otras, como España, donde se denuncia el fraude chavista pero no se llega tan lejos como para llamar al exembajador "presidente". 

La primera gran cita del calendario internacional en 2025 llega este viernes, al fin, cargada de incertidumbre. También de temores para unos y de esperanzas para otros. Maduro se plantea pasar el trámite haciendo una exhibición de fuerza pero sabedor del poder popular que ha perdido, confiando en que el Ejército y la policía le ayuden a mantener a raya cualquier levantamiento, mientras que los disidentes aguardan el milagro: que González, refugiado en Madrid desde septiembre para salvar su vida o, como poco, su libertad, llegue a Caracas y trate de ponerse la banda tricolor. 

Ya está avisado: si entra en el país será detenido, porque la Fiscalía lo busca por supuesta "usurpación de funciones, forjamiento de documento público" y "conspiración". El Gobierno hasta ofrece 100.000 dólares de recompensa por informar de su paradero.

El acto en la Asamblea Nacional viene precedido de la multitudinaria manifestación convocada este jueves por los opositores, impulsados desde dentro, en ausencia del diplomático Urrutia, por María Corina Machado, elegida como candidata opositora pero inhabilitada por la justicia controlada por el Gobierno, oculta desde los comicios por razones de seguridad. Machado salió a la calle sin miedo 133 días después, se elevó y gritó que el miedo se había acabado. Después, su comitiva fue asaltada a tiros por agentes chavistas que la detuvieron.

Su apresamiento es espectacular pero repite un patrón tristemente clásico: el cortafuego judicial o policial a todo el que se oponga al régimen. Antes vinieron, entre otros, Leopoldo López, Antonio Ledezma o Henrique Capriles. Ahora está por ver dónde se encuentra, en manos de quién, si se le imputan delitos y qué consecuencias puede tener ese procesamiento. 

Tras este asalto, grave pero esperado, nadie sabe cómo puede romper la tensión en el país, en una encrucijada no vista en su historia reciente. En el pasado, los disidentes no han logrado el vuelco político, social o defensivo. ¿A esta es? ¿Estamos ante Juan Guaidó 2.0?

Cómo hemos llegado hasta aquí

Más de 20 millones de venezolanos fueron llamados a votar para elegir a su presidente el 28 de julio de 2024. Tras horas de retraso e incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro, con 51,2% de los votos, seguido del opositor González, con el 44,2%. Eran datos al 80% del escrutinio. Sin embargo, la oposición no reconoció ese dictamen al indicar que las proyecciones mostraban un triunfo de su candidato, aunque pedía esperar el completo escrutinio de los votos.

Menos de 24 horas después, la oposición publicó la mayor parte de las actas electorales, que asegura recabó en los centros de votación, a base de voluntarios que se jugaron el pellejo por ello. Según esos documentos, su candidato ganó con alrededor del 70% de los sufragios. Los papeles fueron expuestos en un sitio web al que todo ciudadano venezolano puede entrar con su número de identificación, para corroborar los resultados de cada mesa de votación. Maduro respondió entonces que las acusaciones de fraude eran un intento de "golpe de Estado".

Poco a poco, los disidentes fueron logrando hacerse, dicen, con todas las actas, "las originales y las auténticas", en palabras de Machado, y se encuentran a buen recaudo en Panamá. 

Apenas el 31 de julio, el Centro Carter, que había participado como observador en las elecciones presidenciales, manifestó que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerado como democrático". "El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela", manifestó en un comunicado. 

El 14 de agosto fue la ONU la que dijo algo similar: su Panel de Expertos, que había visitado el país, concluyó que las elecciones no cumplieron las medidas "de integridad y transparencia". "El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos", señala su informe preliminar.

"En la experiencia del panel -añaden los cuatro expertos que lo forman- el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano", ahonda. 

El 2 de octubre pasado, la jefa de la misión del Centro Carter que estuvo en Venezuela para las elecciones, Jennie Lincoln, presentó ante la OEA unas actas electorales que aseguró eran "originales", y que fueron la muestra definitiva de la mentira de Maduro: Edmundo González ganó las elecciones, con un 67% de los votos, frente a un 31% de Maduro, dicen esos papeles. 

El oficialismo pasó por alto esas denuncias y críticas, sólo sirvieron para hacer chanzas en las comparecencias del actual presidente o de sus más cercanos, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez o el ministro del Interir, Diosdado Cabello. Maduro, que se sigue negando a aportar información clara y documentos veraces sobre aquella cita con las urnas, había dicho ya en campaña que ganaría "por las buenas o por las malas". Más bien parece que estamos en el segundo escenario. 

El levantamiento y el cerco

En paralelo a ese proceso de recogida de pruebas, se fueron convocando protestas masivas y cacerolazos por todo el país -también en países con una importante comunidad venezolana, como el nuestro, con 400.000 registrados-, unas jornadas de reivindicación y tono hasta festivo, que se tornaron negras por la oleada de represión y detenciones. 

Cientos de ellas, hasta de menores de edad, denunciadas por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch. "La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal", decía la organización al empezar septiembre. El pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe más reciente al respecto y sostiene que se está llevando a cabo "terrorismo de Estado" contra los venezolanos por parte de Maduro y los suyos. Además, ratifica que el régimen no tiene "legitimidad democrática", en la línea de la ONU y el Carter. 

El oficialismo también fue convocando desde el primer día de resaca electoral a sus simpatizantes para manifestarse en las calles, una contraprotesta con la que trataba de decirle al planeta que mantenía su base social y su apoyo y que, a la postre, fue más ruidosa y vistosa, porque la represión al otro lado hizo mella. 

Entre detenciones, desapariciones y proclamas, surgió la noticia, el 30 de julio, de que la Fiscalía abría una investigación contra los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo, a los que vinculaba a un supuesto hackeo al sistema electoral que, decía la oficina, fue el responsable de retrasar la emisión de resultados durante varias horas. Los disidentes siempre sostuvieron que ese retraso venía de las maniobras del chavismo para tapar su derrota, en caliente. 

Mientras se producía este cerco a los opositores, la Organización de Estados Americanos (OEA), distintos países de América Latina -incluidos Gobiernos de izquierda como los de Colombia y Brasil-, Estados Unidos o Europa exigían a Caracas la publicación de las actas electorales para comprobar el alegado triunfo de Maduro. El presidente hizo un paripé: el 31 de julio acudió al CNE, el mismo órgano que lo proclamó vencedor, para pedirle que auditara los resultados de las elecciones. Ya sabemos la respuesta: había ganado de verdad de la buena. 

Para entender estos acontecimientos hay que recordar que en Venezuela la separación de poderes es prácticamente inexistente, como han denunciado sistemáticamente de la ONU a la OEA, pasando por la UE. Por tanto, este ente electoral trabaja al dictado del oficialismo, como la Fiscalía. El Supremo ratificó la victoria chavista a las pocas semanas, un órgano en el que los magistrados están nombrados por la Asamblea, cuando mandaba aún el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Hugo Chávez.

Si Maduro tenía su goteo de respaldos, también lo tenía González Urrutia. El 1 de agosto, EEUU reconoce a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales, una postura a la que posteriormente se fueron sumando otros gobiernos y el Parlamento Europeo. El 23 de ese mes, 11 países de América firmaron un comunicado conjunto en el que rechazaron el fallo del Supremo venezolano: fueron Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Para el chavismo, era hora del carpetazo a los datos. Había que olvidar el 28-J. Llegaba la hora de ir a por Urrutia, como cabeza visible de los críticos. Por más que hubiera sido la tercera opción -la primera fue Machado, pero fue inhabilitada, como también la segunda baza, la académica Corina Yoris-Villasana-, el antiguo diplomático era el rostro para el mundo de quienes no lo quieren en el Palacio de Miraflores. A finales de aquel agosto, la Fiscalía lo citó en tres ocasiones por supuesta "conspiración, usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración". Los cargos estaban relacionados con la web creada para difundir las actas que demostraban su victoria. 

González Urrutia no se presentó a las sucesivas citaciones, sabedor de que podrían tener "consecuencias" para él. Estaban en la mente de todos, empezando por el arresto. El 2 de septiembre del pasado año, un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo emitió ya una orden de captura contra Edmundo González. En aquel momento, estaba en paradero desconocido, protegido en un lugar secreto, lejos de su piso de Caracas, de los guacamayos a los que gustaba de alimentar, de sus nietos y la jubilación que esperaba tener. 

A los seis días, estaba en España pidiendo refugio, que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha concedido por su persecución política. Había estado oculto en las embajadas de Países Bajos y España, hasta que logró un permiso de Maduro para salir y eludir la orden de arresto. Dijo el político que dio ese paso "pensando en Venezuela", por su familia y para construir "una nueva etapa" que beneficiase a su nación. Su llegada generó un terremoto político en España, con el PSOE y el PP enfrentados por el grado de atenciones que se le debía dar, pelea que se trasladó más tarde al Congreso -que ha pedido al Gobierno que lo reconozca como presidente legítimo de Venezuela- y el Parlamento Europeo. Llega hasta hoy, aunque ya tiene asilo y nadie de La Moncloa va a estar en la ceremonia de este viernes. 

Calentando el ambiente

Venezuela ha llegado a pedir a la Interpol una orden de captura internacional contra González, bajo las mismas acusaciones de la Fiscalía que lo llevaron a exiliarse en España. También ofrece una recompensa a quien dé pistas sobre su paradero si acaso entra en Venezuela. En las últimas semanas, el candidato ha dejado Madrid para recorrer América, de norte a sur, y verse con líderes que han apoyado sus resultados, desde el norteamericano Joe Biden al argentino Javier Milei. 

Sin ofrecer detalles, la oposición afirma que será González quien tome posesión este 10 de enero. Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país en 2019, ya dio la sorpresa saliendo por Colombia sin ser visto pese a tener vetada la salida del país. Hay vías. González, de 75 años, no se ha pronunciado sobre este plan y sólo dice que aspira a tomar el cargo porque eso supone "respetar la voluntad popular expresada por casi ocho millones de venezolanos". Le replica el Gobierno que no tiene "ni una posibilidad" de "poner un pie en Venezuela sin ser detenido". 

Los seguidores de Maduro celebran y confían en que tomará posesión del cargo, mientras que las instituciones, controladas por el Ejecutivo, respaldan su continuidad en el poder. Al menos, de puertas para afuera. De momento, se están azuzando los miedos a una jugada desestabilizadora de los críticos. El Gobierno dice que hay planes en curso para dar incluso un golpe de Estado, sin que haya mostrado pruebas de ello. Lo que se sabe es que esa supuesta amenaza ha cristalizado en detenciones masivas de opositores y ciudadanos extranjeros, todos, supuestamente, preparando el boicot del acto de este viernes. 

Este martes, González ha denunciado el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, asaltado en Caracas cuando llevaba a sus hijos al colegio. María Corina Machado, por su parte, ha indicado que la casa de su madre ha sido cercada y está permanentemente vigilada por drones. Al día siguiente, el excandidato opositor a las elecciones presidenciales de julio por el partido Centrados, Enrique Márquez, fue detenido por agentes de seguridad del Estado, según denunció la formación antichavista Voluntad Popular (VP). Hay al menos cinco opositores más detenidos en la misma operación. 

Cabello, el titular de Interior y uno de los hombres más duros de Maduro, enlaza estos arrestos a la corriente de "acciones terroristas" que se esperan en las horas previas a la toma de posesión presidencial. Sostiene que Márquez planeaba "un golpe de Estado" porque había propuesto un acto de juramento de González Urrutia en una embajada venezolana en el exterior. Se especula con las de EEUU o Perú, países sin relaciones con Caracas y donde los respectivos Gobiernos han "tomado" las legaciones. 

Cabello también ha dado cuenta del arresto de más de 150 extranjeros, entre los que hay norteamericanos (con lazos con el FBI, insiste el oficialismo), colombianos o ucranianos, supuestamente vinculados a "acciones de desestabilización". El ministro no ha dado detalles de las presuntas operaciones descubiertas. Sí se ha señalado a un instigador: sin mostrar pruebas, Maduro acusó al Gobierno de Argentina de esos "planes violentos", entre ellos un atentado contra la vicepresidenta Rodríguez.

En estos días, se ha hecho una lista de líderes internacionales indeseables, a los que se ha nombrado persona non grata o se le ha vetado el acceso a Venezuela por su apoyo a Urrutia. A siete de ellos -los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Jamil Mahuad (Ecuador)- se le han puesto carteles de "se busca" en calles, puertos, aeropuertos y aduanas. "No nos da la gana que entren", dice Cabello, por ser "nefastos e injerencistas", un "grupo de fascistas" que demuestra, dice, la conexión de la disidencia venezolana con la "ultraderecha internacional". 

Lo que puede pasar

El domingo, González Urrutia pidió a los militares venezolanos que actúen para "poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios de la Fuerza Armada". Es el llamamiento más claro del dirigente para una actuación militar que respalde su intención de tomar posesión de la presidencia. Se une a Machado, que ha rogado a los manifestantes que apoyan el cambio que actúen con "serenidad y firmeza". "Todos sabemos que esto se acabó", ha dicho en un mensaje muy repetido en redes sociales. 

Tras la protesta de ayer, las dudas se multiplican ante lo que puede pasar. Maduro dio orden días atrás para activar el Órgano de Dirección de Defensa Integral, que unifica a las fuerzas armadas y la policía "para garantizar la paz". Eso se ha traducido en un despliegue de efectivos sin antecedentes en Venezuela, con armas y tanquetas, que seguirán en las próximas horas, sobre todo durante la ceremonia de asunción del poder. Hay 1.200 agentes extra en el dispositivo. Maduro dice sonriendo que va a acudir a la Asamblea este viernes rodeado de "millones de hombres y mujeres" para asumir su tercer sexenio.

Es clave, como bien se ve en el mensaje del líder opositor, el papel de los uniformados. Maduro no es militar, como lo han sido desde Chávez a la gran mayoría de los ministros chavistas, pero no duda en ponerse el uniforme él mismo cuando quiere arengar a los suyos, el pasado 7 de enero, sin ir más lejos, al visitar a la Milicia Bolivariana. Los opositores creen que es el único bastón que le queda al chavismo para mantenerse en pie, porque entienden que la victoria electoral y las protestas posteriores reflejan ya un pase de página social. 

Lo cierto es que el Ejército siempre ha estado con el oficialismo. En el intento de Guaidó de llegar al poder, intentó convencer a los uniformados y hubo conexiones con algunas bases, pero el grueso no abandonó nunca a Maduro. Sus condiciones de vida, sus salarios y sus servidumbres los mantienen fieles. González les dice ahora: "Yo debo asumir el rol de comandante en jefe". Se les abren dos vías a los militares: quedarse con Maduro o ser una herramienta clave de la transición anhelada por los críticos. En los últimos años, la bajada en inversión en Defensa (sólo el 0,3% del PIB, dice el Banco Mundial) ha llevado a tener peores condiciones, medios y arsenales, pero nadie sabe si eso se va a traducir en un giro en las lealtades. "Leales siempre, traidores nunca", dicen los militares venezolanos en cada comunicado. 

La oposición ha tratado de unirse en el pasado, sin éxito. Ha denunciado fraudes electorales, sin éxito. Hasta elevó a Guaidó -hoy exiliado en EEUU-, sin éxito. ¿Por qué ahora las cosas deberían ser distintas, cuando Maduro sigue mandando? Machado, en una entrevista con la BBC, da las claves: porque hay una "enorme emoción" popular por el cambio; porque "el país decidió ser libre", como demuestran, dice, las actas definitivas; porque la represión en estos meses ha sido "brutal" y generalizada y eso cala entre el grueso de la población; porque esta vez Venezuela está "unida, organizada y muy firme". 

Niega que su causa haya perdido fuelle en estos meses por esa represión. Una cosa es no poder salir a las calles sin consecuencias, como muestra su propio encierro de meses, y otra que el sentimiento haya cambiado o se haya enfriado. "Los venezolanos ya decidimos", remarca. Insiste en que ahora el pueblo crítico tiene "más fuerza" por la legitimidad que dan las urnas, que el chavismo está "más débil", "acorralado internamente" pero también "aislado externamente" por sus aliados. "Todo es diferente", dice confiada. "Es otro país". 

Pero ¿y si, pese a todo Maduro no cede? Machado dice que sólo le quedará la represión y, "si pretende quedarse a la fuerza, se encontrará en una situación tremendamente adversa", insostenible en el corto plazo, entiende. "La movilización social ha transformado a Venezuela (...). Estos tipos no entienden nada", afirma. Frente a "las armas y la violencia", la "fuerza cívica". Sobre si teme a la represión por venir, la líder opositora le resta importancia. Si hay unidad enfrente, "unos cuantos miles no pueden reprimir a 30 millones" de venezolanos. 

La respuesta inmediata, en unas horas, pero Venezuela arranca un año que promete ser movido y duro, y al menos con unas elecciones en ciernes: las de la Asamblea Nacional donde los opositores han sabido ya imponerse en el pasado.