Maduro niega las actas electorales de la oposición

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha emitido una denuncia contra la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país. Según el Gobierno, la PUD ha divulgado actas electorales falsas que pretenden desacreditar los resultados de las recientes elecciones presidenciales.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha declarado que el dominio web donde se publicaron estas actas fue adquirido un día antes de las elecciones. Según Rodríguez, este sitio web no es un canal oficial para anunciar los resultados electorales y su uso solo sirve para generar confusión y desinformación.

A pesar de las afirmaciones del Gobierno, muchos venezolanos que han participado en las elecciones como miembros y testigos de mesa han confirmado la veracidad de los datos publicados en la plataforma de la PUD. Estos ciudadanos han podido verificar los resultados mediante la lectura del código QR proporcionado en el sitio web.

El Gobierno ha calificado esta situación como un “fraude bárbaro e inédito” que ha provocado “implicaciones violentas”. Se refiere a las protestas poselectorales que han estallado en todo el país en respuesta a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Más de 2.000 personas han sido detenidas durante estas protestas por causar daños en varias instituciones públicas y otros lugares.

El Centro Carter, una entidad respetada que fue invitada por el CNE para observar las elecciones, ha declarado que sus análisis de los datos electorales confirman que el ganador de las elecciones es el candidato opositor Edmundo González Urrutia, y no Maduro. Esta declaración ha sido calificada por el Gobierno como un intento de “golpe de Estado”.

La Fiscalía de Venezuela ha anunciado una investigación por “conspiración” y otros delitos relacionados con el sitio web donde la oposición divulgó las actas electorales. Mientras tanto, el CNE aún no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como lo exige la ley, y ha dejado el proceso de “certificación” del resultado oficial en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a petición del propio Maduro.