La Francia que tienen que resolver los que ganen: los verdaderos problemas del país

Francia es una incógnita. El domingo afronta la primera vuelta de sus elecciones legislativas, convocadas de urgencia por Emmanuel Macron tras estrellarse en los comicios europeos del 9 de junio frente a la ultraderecha, y todo son dudas. ¿Se impondrá la Agrupación Nacional de Marine Le Pen como antesala de una victoria final, en la segunda vuelta del 7 de julio? ¿Le valdrá de algo ganar si no es capaz de armas una mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional? ¿Dará la sorpresa la izquierda, ahora unida, que avanza a saltos en las encuestas? ¿En qué quedarán los liberales del actual presidente? 

Los ciudadanos son los dueños de la respuesta, como lo son de las certezas. Frente a las especulaciones y las cábalas, está su realidad diaria, la Francia que hay que arreglar, vengan los que vengan al mando, los problemas reales de una población que roza los 68 millones de personas y que arrastra malos años y pocas respuestas. 

La mayor prioridad, según desvelan las sucesivas encuestas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), su grupo de expertos en encuestas Cevipof y la Fundación Jean Jaurès, es la recuperación del poder adquisitivo (57%). Le Pen y los suyos han sido listos y no han dejado de hablar de ello, de las víctimas de la globalización, los pequeños emprendedores, el miedo a no llegar a fin de mes, el impacto en el campo. "Yo les pondré dinero en el bolsillo", le gusta decir a la lideresa. Y es que es la verdadera piedra de toque: Francia es un país rico, pero las desigualdades son muchas y con los salarios medios actuales se llega, si acaso, en zonas rurales, pero no en las ciudades medias y grandes. 

Hay más de 10 millones de pobres en un país donde se considera que una persona oficialmente lo es si gana menos de 1.063 euros por mes. De ahí que una de las reclamaciones sea un salario mínimo que, dicen los sindicatos, no debe bajar de los 1.800 euros mensuales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudio (Insee), la pandemia de coronavirus ya destruyó 715.000 empleos en Francia y ahora el 15,4% de los franceses está en riesgo de pobreza, una cifra que en 2022 llegó incluso al 18 y 19% en los peores meses de la subida de la inflación, insólita en 40 años y causada, sobre todo, por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Hasta un 7% subieron los precios. Ahora está en un 2,2% interanual, su nivel más bajo desde septiembre de 2021, el Insee. Según las previsiones del Banco de Francia, la inflación en el país se situará este año en una media del 2,5%, la mitad que en 2023. Volvemos así a la subida controlada de los precios que veíamos antes de la guerra de Ucrania.

Pero a los franceses más pobres les sigue costando mucho llegar a fin de mes. Porque incluso cuando los precios bajan, siguen siendo globalmente más altos que en 2021. El carburante, por ejemplo, sigue siendo más caro que hace cinco años, subidas que provocaron protestas como las de los chalecos amarillos, de los peores dolores de cabeza de Macron en su primera legislatura. La energía, incluida la calefacción, se ha convertido ahora en la principal partida de gastos de los franceses. Antes lo era la vivienda.

Los banlieues, los barrios pobres por definición que encarnan las tensiones de clase y étnicas, son un ejemplo de esas carencias. Según el tanque de pensamiento del Institut Montaigne, en Francia se clasifica como barrios de renta baja a aquellos donde la renta media es igual o inferior al 60% del salario medio nacional (1.800 euros al mes). En esta línea, afirman que más de la mitad de la población de estos barrios vive con menos de 11.250 euros al año. Las personas que viven en estas comunidades tienen dos veces más probabilidades de ser inmigrantes que el promedio nacional y tres veces más probabilidades de estar desempleados. Paradójicamente, estos barrios reciben menos financiación estatal en comparación con cualquier otra zona del país, según el instituto. "El impacto de la inflación en los más vulnerables, en particular en su capacidad para hacer realidad los derechos humanos económicos y sociales básicos, es motivo de preocupación", dice en su ficha sobre Francia la organización internacional Human Rights Watch.

La politóloga Agathe Cagé ha acuñado por ejemplo un nuevo término, el de las "clases congeladas", porque entiende que la clase media francesa ya ha desaparecido. "hay una brecha entre personas que no tienen los medios para enfrentar crisis recurrentes y sucesivas, como la financiera, la sanitaria, la económica y las crisis geopolíticas, y la gente que sí tiene esos medios. La sociedad francesa fue una sociedad de clase media hasta hace 20 años, eso suponía dos cosas: una movilidad intergeneracional y una movilidad social, y eso ya no existe en Francia, por eso hablo de clases congeladas", sostiene.

Calcula que el 90% de los franceses sufre de esa imposibilidad de tener margen de acción para moverse, para elegir su vivienda e imaginar su porvenir y el de sus hijos. Eso ha llevado en parte a que se ensanche la base de votos de la AN, porque ya no van con ella sólo los ultranacionalistas, los racistas, los supremacistas, los antiinmigración, sino también los descontentos del sistema, dispuestos a votar por alguien distinto, al menos. De maestros cansados de no tener medios en sus escuelas o un salario bajo a gente de la ciudad con formación media pero empleos precarios que no llegan para pagar la calefacción que necesitan. Los ultras ganaron en el 80% de los distritos parlamentarios del país. 

Francia se enfrenta a un aumento de la desigualdad (hasta cinco puntos en un año) y de la precarización de las clases medias y del paro juvenil: el desempleo entre los más jóvenes se situó entre octubre y diciembre de 2023 en un 17,5% y el presidente, Emmanuel Macron, se fijó como objetivo alcanzar para 2027 el "pleno empleo", correspondiente a una tasa inferior al 5%. Ahora está en el  7,3%.

Al calor del debate laboral surge también el papel de los migrantes que buscan en Francia una vida mejor. En ciertos sectores ha calado la idea de que van a quitar el trabajo a los nacionales de origen, aunque más que hostilidad lo que hay es recelo. No sólo alentado por la derecha radical, sino por los liberales en el poder: se vio en la reforma legal de diciembre pasado, que condiciona el pago de varias prestaciones a que un extranjero viva en Francia durante al menos cinco años; diluye ligeramente el derecho automático a la ciudadanía para todas las personas nacidas en Francia; y crea la responsabilidad del Parlamento de establecer cuotas anuales para la inmigración. Macron cedió a la derecha para poder superar el trámite parlamentario. 

Los grandes datos económicos

Aunque ha subido menos que algunos de sus vecinos europeos, el producto interior brutl (PIB) de Francia aumentó un 0,9% en 2023, tras crecer un 2,5% en 2022 y un 6,4% en 2021. Esta expansión anual fue principalmente el resultado de un aumento en el segundo trimestre de 2023, mientras que la actividad se mantuvo estable durante el resto del año. Al final del cuarto trimestre de 2023, el potencial de crecimiento para 2024 se situaba en el 0,1%.

Este mes de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un mensaje de advertencia a Francia para que proceda a recortes en el gasto público porque con las políticas actuales no conseguirá reducir por debajo del 3 % del PIB, que es el objetivo del Gobierno, sino que será del 4,9 %. Para 2024, en cualquier caso, el FMI anticipa que los números rojos de las cuentas públicas francesas serán del 5,3 %, una cifra peor que el 5,1 % estimado por el Gobierno. Es uno de sus mayores lastres. Algo bueno: el FMI también ha revisado ligeramente al alza sus expectativas de crecimiento económico del país este año: un 0,8 % en lugar del 0,7 % que había anticipado en abril.

Tanto el Agrupación Nacional de Le Pen como la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular quieren reducir la factura energética. La izquierda aboga por congelar los precios de los carburantes y la electricidad y anular la subida del gas prevista para este verano. La extrema derecha quiere bajar el IVA del 20% al 5,5% en todas las fuentes de energía y romper con las normas de la UE sobre el mercado de la electricidad. En cuanto al oficialismo, Renacimiento, promete reducir los precios de la electricidad entre un 10% y un 15%, pero no antes de febrero de 2025. El aumento de los salarios es la otra palanca prevista para restablecer el poder adquisitivo de los franceses.

El Nuevo Frente Popular es el más peleón en este tema, porque es una de sus banderas de siempre. Quiere aumentar un 10% el punto de indexación de los funcionarios, elevar el salario mínimo de 1.400 a 1.600 euros netos -200 menos de lo que piden los sindicatos, pero más realista-, indexar las pensiones y los salarios a la inflación y mejorar las prestaciones sociales mínimas.

El partido en el poder es mucho más sobrio: Renacimiento aumenta de 3.000 a 10.000 euros anuales la prima Macron introducida tras el movimiento de los Chalecos Amarillos. Una prima dejada a la discreción de los empresarios y que, por tanto, no beneficiará a todos los asalariados. Agrupación Nacional ha abandonado, por su parte, sus dos medidas estrella, la exención de cargas para los aumentos salariales del 10% y la exención del impuesto sobre la renta para los menores de 30 años. Como les suele decir Macron, "gobernar es poner los pies en el suelo". 

Aparte de las dudas de la ejecución de determinadas medidas, en un contexto de enorme deuda, hay grandes interrogantes acerca de la aplicación legal de todos estos programas. El Consejo de Estado podría anular la congelación de precios, que en teoría está reservada a circunstancias excepcionales. Bruselas también podría sancionar a Francia por distorsionar la competencia reduciendo el IVA o congelando los precios de la energía. Básicamente, es probable que los grandes aumentos salariales reactiven la inflación y el desempleo, lo que anularía rápidamente el efecto deseado. El vencedor tendrá que supervisar recortes de gasto que podrían perjudicar el crecimiento y resultar impopulares entre el electorado en general, o arriesgarse al caos.

El programa reducido de la Agrupación Nacional es el más discutido por los expertos porque prácticamente omite nuevos ingresos para financiar el gasto y contempla, incluso, una bajada populista de impuestos en luz, gasóleo y gasolina, además de revisar de inmediato el presupuesto nacional de 2024. El Nuevo Frente Popular, por su parte, prevé una fuerte subida de impuestos. En todos los casos, el deterioro de las finanzas públicas parece inevitable. Queda por ver cómo reaccionarán los mercados ante este nuevo deslizamiento de las cuentas. También ésta es una pregunta sin respuesta.

Diarios como el Financial Times, la biblia de la prensa económica, han publicado ya varios análisis en los que avisan de la irrealidad de algunas de estas promesas. Entiende que haya una buena parte de la ciudadanía que crea que sus demandas no han sido atendidas por los partidos de siempre y que es hora de zarandear el sistema, pero hay que tener en cuenta, dice por ejemplo el comentarista Martin Sandbu, que Francia arrastra un "enorme déficit" en el sector público, el segundo más grande de la Eurozona (del 5,5% en 2023, que bajará al 5,3% en 2024, lo que le ha costado hasta un expediente de la Unión Europea). Lo mismo pasa con la deuda pública: fue de 3.101.443 millones de euros el año pasado (147.819 millones más respecto a 2022) y está entre los países con más deuda del mundo. Esta cifra supone que la deuda en 2023 alcanzó el 110,6% del PIB de Francia, una caída de 1,3 puntos respecto a 2022, cuando la deuda fue el 111,9% del PIB.

Las otras promesas

La suma de ambos datos hace imposible endeudarse más, por ejemplo, para mejorar los servicios públicos, que es otra de las grandes reclamaciones de los franceses, sobre todo en lo sanitario y lo educativo. Poner más impuestos no entra en la ecuación, por impopular y porque afectaría a la productividad. Macron tiene un proyecto en marcha para ajustar los datos, pero aún no le da frutos y un cambio en la Asamblea, como poco, alteraría los tiempos, si no los planes. 

En el caso de las jubilaciones, Macron aprobó por decreto en marzo del año pasado su polémica reforma de las pensiones, que sacó a la calle a decenas de miles de manifestantes. Las críticas se centraban en dos aspectos especialmente polémicos: elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima. Ahora, los partidos de la oposición tratan de atender ese enfado ciudadano y, tanto la izquierda como la derecha extrema, plantean volver a llevar la edad de jubilación a los 65 años y mejorar las prestaciones de los que ya cierren su etapa laboral. Para eso, de nuevo, hace falta dinero. 

Dinero que no llega a otras políticas sociales necesarias. "Mientras que las personas que huyen de Ucrania reciben una ayuda significativa, los migrantes y solicitantes de asilo procedentes de otras crisis y conflictos se enfrentan a condiciones de vida inhumanas y a abusos policiales. Los niños migrantes no acompañados a menudo se ven privados de los servicios y la protección a los que tienen derecho. La violencia racista y la discriminación siguen siendo motivo de preocupación. La policía somete a los jóvenes minoritarios a controles de identidad discriminatorios. Una ley contra el “separatismo” amenaza la libertad de asociación. Los derechos reproductivos han experimentado avances significativos, pero las muertes de mujeres debido a la violencia doméstica aumentaron", denuncia HRW.

Entre las preocupaciones de los franceses, aunque ha bajado ligeramente en los dos últimos años, se encuentra también el medio ambiente y el cambio climático, una lucha en la que a Macron lo le iba mal, pero que se ha dado la vuelta. Ahora el enfoque es otro: no es que preocupe sólo el calentamiento del planeta, sino que hay miedo a que la llamada transición verde cause daños económicos severos a las comunidades rurales, supuestamente con demasiadas exigencias. Ahí están las protestas agrícolas, lideradas por la ultraderecha, que han obligado a Bruselas a dar pasos atrás en febrero pasado.

Le Pen ha recurrido al localismo, al "Francia primero", sumado a los resentimientos y tensiones generadas por los cambios para adaptarse a los nuevos tiempos más amables con el planeta, un caballo sobre el que ha cabalgado bien y ha logrado buenos datos en entornos rurales, sobre todo en las europeas, culpando a Bruselas de legislar para las élites. El equilibrio entre estas preocupaciones del campo y las de los conservacionistas es complejo pero esencial para un país moderno como Francia.

Existe, al fin, una queja general entre los franceses, de fondo: hay poca participación cívica en la toma de determinadas decisiones. Macron prometió mejorar esto con diversos mecanismos, abriendo iniciativas a la calle, como la Primera Convención sobre el Clima, que conectó con el sentir popular ante los retos verdes. Fue ilusionante pero las conclusiones y recomendaciones de la ciudadanía apenas llegaron luego a la Asamblea, no calaron en la legislación siguiente, generando decepción y frustración. 

Ahora, el presidente pide a los franceses que no tengan en cuenta su medianía y voten contra la ultraderecha para que la democracia general, como sistema, no se pierda. "Ser francés es estar a la altura del desafío de la época cuando sea necesario. Es saber lo que vale un voto y cómo se siente la libertad", alentó. Por ahora, según la encuesta más reciente, su llamamiento le vale de poco: AN obtendría el 33% de los votos el 30 de junio, la alianza de izquierda Nuevo Frente Popular el 28% y los centristas gobernantes de Macron, sólo el 18%.