La detención del presidente de Corea del Sur: un intento frustrado que eleva la tensión en un país dividido

Las autoridades cancelaron este viernes la operación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.

Funcionarios de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) y la Policía entraron este viernes a la residencia presidencial en Seúl para ejecutar la orden de detención temporal contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su imposición de la ley marcial.

"Hemos comenzado a ejecutar una orden de detención contra el presidente Yoon", dijo el CIO en un comunicado después de que en la víspera los seguidores del mandatario tuvieran que ser dispersados tras intentar bloquear el acceso a la residencia.

La agencia Yonhap informó de que el equipo que acudió al complejo, formado por unos 30 integrantes del CIO y uno 120 policías, mantuvo una confrontación con una unidad militar que protege el perímetro y que se cree que pertenecería al Comando de Defensa de la Capital (única unidad de las Fuerzas Armadas que responde directamente al jefe de Estado).

Eventualmente unos 80 efectivos (70 policías han permanecido desplegados en la entrada de la residencia) han superado el control militar y han accedido al recinto, donde están lidiando con el servicio de seguridad presidencial para hacer efectiva tanto la orden de arresto como la de registro que tienen en su poder.

Los efectivos de seguridad de Yoon han denegado por el momento el permiso para que se inspeccione la residencia en busca de pruebas relacionadas con la declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, añadió Yonhap.

Desde hace días centenares o incluso miles de acólitos del mandatario permanecen a su vez en los alrededores de la residencia presidencial en el barrio de Hannam, asegurando que no permitirán el arresto del presidente y acusando al Parlamento, que está controlado por la oposición y que destituyó al mandatario el pasado 14 de diciembre por la ley marcial, de ser fruto de elecciones manipuladas.

Muchos han apuntado que la ejecución de la orden, obtenida el martes por los investigadores después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar a cuenta del estado de excepción, podría llegar este viernes, puesto que caduca el lunes y el fin de semana se espera que el número de seguidores del presidente en el exterior de la residencia se incremente, complicando las operaciones.

Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que estas órdenes son "ilegales e inválidas" tras conocer que las autoridades estaban dentro del recinto.

Los letrados habían advertido de choques con el servicio de seguridad presidencial si se intentaba apresar al presidente, el primero de Corea del Sur en encarar una detención estando aún en el cargo.

En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.

Yoon, al que se ha prohibido salir del país, está, tras su destitución parlamentaria, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio próximo si lo restituye o lo cesa definitivamente. 

El jefe del Ejército y el jefe del Mando Especial de Guerra, acusados de insurrección

Por su parte, la Fiscalía surcoreana ha acusado este viernes por insurrección al jefe de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, el general Park An Su, y al jefe del Mando Especial de Guerra del Ejército, Kwak Jong Keun, quienes permanecen detenidos desde mediados de diciembre por su papel durante la declaración de la ley marcial.

El organismo ha señalado a los dos militares por presuntos cargos de insurrección y abuso de poder cuando el mandatario surcoreano decretó la medida. El jefe del Estado Mayor del Ejército surcoreano está considerado el líder de la supuesta insurrección que tuvo lugar aquella noche, al promulgar en su nombre el decreto que, según los investigadores, contiene elementos inconstitucionales, como la prohibición de toda actividad política.

Al jefe de la unidad especial de Guerra se le imputa el envío de fuerzas especiales a la Asamblea Nacional para evitar que los diputados aprobaran la moción que finalmente tumbó la ley marcial, una actuación que realizó bajo la orden del presidente Yoon. La Fiscalía estima que ambos pretendían subvertir la Constitución del país.

Park y Kwak fueron detenidos dos semanas más tardes de la imposición y revocación de la polémica ley junto al exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, el jefe de la Inteligencia Yeo In Hyung, y el jefe del Mando de Defensa Capital, Lee Jin Woo.