La Corte Penal Internacional dicta órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra en Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista y que tampoco le ha sido posible confirmar por las fuentes de la fiscalía del tribunal.

Es la primera vez que la fiscalía presenta cargos contra un jefe de Estado que cuenta con el apoyo de países occidentales. Así culmina el proceso iniciado en mayo pasado por Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que reclamó dicha orden, una bofetada en toda regla para el gabinete de Tel Aviv.

El informe publicado este jueves detalla que se buscará a Netanyahu y Gallant "por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto". En su argumentario indica que la sala "encontró motivos razonables para creer que el señor Netanyahu (...) y el señor Gallant (...) son cada uno de ellos responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

"La sala también encontró motivos razonables para creer que el señor Netanyahu y el señor Gallant son cada uno de ellos responsables penalmente como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil", se añade. 

En un extenso comunicado, da cuenta de los posibles crímenes que han llevado a los juristas a dar este paso: se encontraron "motivos razonables" para creer que la "presunta conducta" del primer ministro y el exministro se refería "a las actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente los civiles en Gaza". Por lo tanto, "se refería a la relación entre dos partes en un conflicto armado internacional, así como a la relación entre una potencia ocupante y la población en un territorio ocupado". "La Sala también encontró que los presuntos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza", resume. 

Más "motivos razonables" hay, dicen, para creer que "ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad, desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024". 

Esta conclusión se basa en el papel de Netanyahu y Gallant "al obstaculizar la ayuda humanitaria en violación del derecho internacional humanitario y su incapacidad para facilitar la ayuda por todos los medios a su disposición". 

Los jueces concluyen que "su conducta provocó la interrupción de la capacidad de las organizaciones humanitarias para proporcionar alimentos y otros bienes esenciales a la población necesitada en Gaza. Las restricciones mencionadas, junto con el corte de la electricidad y la reducción del suministro de combustible, también tuvieron un grave impacto en la disponibilidad de agua en Gaza y la capacidad de los hospitales para proporcionar atención médica".

Esas decisiones sobre si entraba o no ayuda humanitaria eran "condicionales." "No se tomaron para cumplir las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario ni para garantizar que la población civil de Gaza recibiera un suministro adecuado de los bienes que necesitaba. En realidad, fueron una respuesta a la presión de la comunidad internacional o a las peticiones de los Estados Unidos de América. En cualquier caso, los aumentos de la asistencia humanitaria no fueron suficientes para mejorar el acceso de la población a los bienes esenciales", constatan los jueces.

"No se podía identificar ninguna necesidad militar clara ni ninguna otra justificación", añaden, para las restricciones impuestas al acceso de las operaciones de ayuda humanitaria. "A pesar de las advertencias y los llamamientos realizados, entre otros, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas, los Estados y las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil sobre la situación humanitaria en Gaza, solo se autorizó una asistencia humanitaria mínima". 

Se clalifica de "prolongado" el período de "privación" y la declaración de Netanyahu "que relacionaba la interrupción de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria con los objetivos de la guerra".

"Por lo tanto, la sala encontró motivos razonables para creer que el señor Netanyahu y el señor Gallant tienen responsabilidad penal por el crimen de guerra de inanición como método de guerra", sostiene el documento, con claridad meridiana.

La CPI considera, además, que hay motivos razonables para creer que la falta de alimentos, agua, electricidad y combustible, así como de suministros médicos específicos, "creó condiciones de vida que provocaron la destrucción de parte de la población civil de Gaza, lo que dio lugar a la muerte de civiles, incluidos niños, por desnutrición y deshidratación". Muerte directa por las acciones de los mandatarios de Israel. 

Sin embargo, "sobre la base del material presentado por la Fiscalía correspondiente al período hasta el 20 de mayo de 2024, la Sala no pudo determinar que se cumplieran todos los elementos del crimen de lesa humanidad de exterminio". Sí hay "motivos razonables" para creer que se cometió el crimen de lesa humanidad de asesinato en relación con esas víctimas, puntualiza. 

Además, al "limitar o impedir intencionalmente" la entrada de suministros médicos y medicamentos a Gaza, "en particular anestésicos y máquinas de anestesia", los dos individuos "también son responsables de infligir un gran sufrimiento mediante actos inhumanos a personas que necesitaban tratamiento". 

Detallan lo que tanto se ha repetido en estos meses, sin el aval de La Haya: "Los médicos fueron obligados a operar a personas heridas y realizar amputaciones, incluso a niños, sin anestesia, y/o fueron obligados a utilizar medios inadecuados e inseguros para sedar a los pacientes, causándoles a estas personas un dolor y sufrimiento extremos. Esto equivale al crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos".

Las reacciones

La primera reacción de los afectados ha sido del primer ministro israelí, Netanyahu, quien ha afirmado que "no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza", tras la orden de arresto. "La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así", indica, tildando la acusación contra él de "absurda y falsa", como lo hizo en marzo cuando fue señalado por el fiscal de La Haya. 

Ha hablado también el presidente israelí, Isaac Herzog, afirmando: "La escandalosa decisión de la CPI, tomada de mala fe, ha convertido a la justicia universal en un hazmerreír universal". "La decisión ha elegido el lado del terror y el mal por sobre la democracia y la libertad, y ha convertido el propio sistema de justicia en un escudo humano para los crímenes de Hamás contra la humanidad", añadió en un comunicado oficial. 

El ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, acusó a la Corte de "perder toda su legitimidad" y consideró la orden "un ataque al derecho de Israel a defenderse". "Desde el punto de vista político, dictar órdenes contra un país que actúa según el derecho internacional es una recompensa y un estímulo para el eje del mal, que lo viola de manera flagrante y constante", afirmó. 

Su compañero de gabinete, el ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó la decisión de "antisemita hasta la médula" y urgió a colonizar en represalia los territorios palestinos.  "Emitir órdenes de arresto contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el diputado (Yoav) Gallant es una vergüenza sin precedentes, pero no sorprende en absoluto. La Corte Penal Internacional de La Haya demuestra una vez más que es antisemita hasta la médula", dijo Ben Gvir en X.

Por su parte, el miembro del buró político de Hamás, Izzat al Rishq, aseguró que esta decisión de la CPI expone "el verdadero rostro terrorista" de Israel en beneficio de los palestinos, así como que su causa y objetivo de liberación "son inevitables". Sin más referencias a Deif.

Mustafa Barghouti, un veterano político palestino radicado en la Cisjordania ocupada, acogió, además, con satisfacción las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. "También pedimos a la Corte Internacional de Justicia que acelere su fallo sobre el delito de genocidio cometido por Israel", añadió, refiriéndose a un caso separado que actualmente está siendo examinado por el máximo tribunal de la ONU, informa la BBC.