El mapa que demuestra que Europa no está preparada para proteger a la comunidad LGTBI de los ultras

Un fantasma recorre Europa. Es el de la ultraderecha, que escala sobre las espaldas del descontento social, el desgaste de los partidos clásicos y la desilusión con las alternativas. Las elecciones europeas del pasado 9 de junio acabaron con las formaciones ultras llevándose uno de cada cuatro escaños, por más que ahora se estén matando entre ellas para formar grupos en el Parlamento comunitario. 

No son sólo las instituciones europeas. Ese es el el primer salto natural de estas siglas, que se aprovechan en Bruselas del voto de protesta. Pero es que ya están tocando verdadero poder país a país, en Gobiernos nacionales, desde hace años. Eso ha llevado a que sus amenazas se conviertan en hechos, por ejemplo, en el caso de la comunidad LGTBI. Pasos atrás, reformas legislativas asfixiantes, reducción de derechos. Es hoy una realidad en un continente que en los últimos 80 años se había desperezado sobre la base del respeto y la libertad. 

ILGA-Europe, la ONG más importante del continente en defensa de los derechos del colectivo, ha publicado como cada año -y ya van 16- su mapa de situación sobre lo que sufre o mejoran los LBTBI europeos y la conclusión es sombría: "Europa no está equipada contra los ataques de la extrema derecha". El estudio, elaborado sobre 49 estados del continente usando hasta 75 parámetros de comparación, muestra que "los líderes autoritarios de toda Europa continúan utilizando como chivos expiatorios a las personas LGBTI", mientras formaciones radicales "dividen y movilizan a sus electores" azuzándolos contra gays, lesbianas o transexuales. Quedan los que se salvan, "mostrando una sólida voluntad política para cumplir los compromisos de avanzar y proteger los derechos humanos de las personas LGBTI".

Hace balance de un año en el que algunas regiones italianas comenzaron a retirar el derecho de paternidad a las parejas del mismo sexo, en el que se están reescribiendo directrices para limitar el acceso a la atención sanitaria específica para personas trans en Eslovaquia, Croacia, Francia o el Reino Unido, y en el que somos testigos de una "crisis sin precedentes en Rusia", a raíz de la persecución general contra todo lo que amenaza la Federación gloriosa y ortodoxa de Vladimir Putin. "En su intento de criminalizar al movimiento LGBTI internacional como una "organización extremista", los hallazgos del Rainbow Map de este año dejan más claro que nunca que sólo las protecciones legales pueden garantizar que se garanticen los derechos fundamentales", insisten los autores del informe.

Según la directora de asuntos legales de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, "en toda Europa, las personas LGBTI están siendo blanco de discursos de odio y violencia y sus derechos -que son derechos humanos- están siendo socavados activamente". Frente a ello, "todavía vemos que muchos países de la región se estancan en el avance de la protección legal y no renuevan sus compromisos a través de estrategias y planes de acción nacionales", denuncia. 

"Esta inacción es peligrosa, ya que sin una legislación adecuada para proteger a las minorías, incluidas las personas LGBTI, será demasiado fácil para los Gobiernos recién elegidos socavar rápidamente los derechos humanos y la democracia", indica, señalando a los radicales de derechas. Aún así, es optimista ante la "fuerte voluntad política para avanzar en la protección de los derechos humanos LGBTI en varios países" que son faro para su lucha. 

Los países, las tendencias

El análisis de la organización se hace puntuado de cero a 100 las distintas variantes, analizando las realidades jurídicas y legislativas de los Estados. Con este esquema, por noveno año consecutivo, Malta sigue ocupando el puesto número uno en el Mapa Arcoíris, con una puntuación del 88%.

Con 83 puntos, Islandia saltó al segundo lugar, una mejora de tres puestos como resultado de la nueva legislación que prohíbe las terapias de conversión y garantiza que la atención sanitaria específica para personas trans se base en la despatologización. Bélgica, por su parte, también prohibió esas prácticas de conversión y ahora ocupa el tercer lugar del ranking con una puntuación de 78 sobre 100. Ha habido prohibiciones de esta naturaleza también en Chipre, Islandia, Noruega y Portugal.

Los tres países en el otro extremo de la escala del mapa de ILGA-Europe son Rusia (2%), Azerbaiyán (2%) y Turquía (5%). El país de Putin perdió siete puntos y cayó tres puestos debido a la legislación federal que prohíbe el reconocimiento legal de género y la atención sanitaria específica para personas transexuales. Polonia sigue al final del ranking de la Unión Europea con un 18% de puntos (el Gobierno ultra acaba de salir y aún se esperan reformas con el conservador Donald Tusk), seguida de Rumanía (19%) y Bulgaria (23%).

Alemania -que ha entrado en el top ten este año-, Islandia, Estonia, Liechtenstein y Grecia son los países con los mayores saltos en las puntuaciones. Alemania prohibió los delitos de odio basados en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. Tanto Estonia como Grecia modificaron sus leyes para permitir que las parejas del mismo sexo se casaran y adoptaran niños y el país heleno, además, llenó los vacíos en su legislación contra la discriminación para proteger plenamente a las personas LGBTI. Liechtenstein amplió los derechos de adopción a las parejas del mismo sexo.

Pero otros, como Italia, que ha caído dos lugares en la clasificación debido al estancamiento de la protección legislativa durante muchos años, muestran lo que puede suceder cuando no existe legislación y gobiernos de extrema derecha toman el poder. Montenegro, al tiempo, perdió la mayor cantidad de puntos (-13% en un año), cayendo nueve puestos porque no adoptó un nuevo plan de acción para la igualdad ni introdujo políticas actualizadas sobre asilo y delitos de odio, cuando además había debate abierto para ello.

Además, los Ejecutivos de Eslovenia, Finlandia, Suecia y muchos otros países no renovaron sus planes de acción. Francia, Malta , Escocia y Gales adoptaron planes de acción para la igualdad eficaces y completos, en el otro lado de la hoja. Y tanto en Dinamarca como en Polonia se mejoraron los procedimientos administrativos para el acceso de los menores al reconocimiento legal de género.

En general, la lectura sobre Europa insiste en que "las propuestas legislativas que han estado sobre la mesa durante años no están avanzando". Esto incluye la legislación sobre delitos de odio, sorprendentemente lenta en un territorio tan (supuestamente) avanzado. Ha habido decepciones importantes en el último año, como la propuesta para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Ucrania y que, a pesar del respaldo de varios ministerios y el apoyo de toda la sociedad, todavía está estancada. La guerra, que todo lo altera. 

También se cita expresamente en el dossier un proyecto de ley sobre el reconocimiento legal del género en Chequia, que finalmente eliminaría el requisito de la esterilización. No acaba de arrancar. Después de cinco años de retraso, el Gobierno del Reino Unido tampoco ha cumplido sus promesas de prohibir las prácticas de conversión. Y, a pesar de muchos casos judiciales y recomendaciones de instituciones internacionales, Lituania no avanzó en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo.

Uno de los casos más duros es el de Bielorrusia donde, copiando a su espejo ruso, se comenzó a categorizar el contenido LGBTI como "pornografía", restringiendo la libertad de expresión de las personas LGBTI. Bulgaria y Grecia no lograron proteger los eventos públicos LGBTI, por lo que perdieron puntos en relación con el espacio de la sociedad civil. Ha habido manifestaciones con heridos y detenidos en ambas naciones. 

En muchos países, los procesos legislativos para nuevos procedimientos LGR se han estancado este año. De manera similar, ningún país prohibió intervenciones médicas innecesarias en niños intersexuales, añade el informe. 

Como tendencia general, "la mayoría de los países europeos todavía no incluyen la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales como criterios de calificación para el asilo". En un clima general en el que los Gobiernos "socavan cada vez más el derecho internacional de asilo", esta "omisión constante" es "muy preocupante", indican los analistas. El único avance de este año en esta área fue que Chequia agregó SOGI a su ley de asilo e Irlanda proporcionó un marco de capacitación consistente para sus trabajadores sociales de asilo, detallan. 

Todas estas líneas maestras coinciden punto por punto con otro informe desvelado en mayo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, LGBTIQ at a crossroads: progress and challenges (LGBTIQ en una encrucijada: avances y desafíos), que ya alertaba de que más de dos tercios de los encuestados para este sondeo se toparon con declaraciones de odio, lo que constata un aumento significativo de la violencia desde la última encuesta de 2019. "Las personas trans e intersex enfrentan una victimización aún mayor", afirma.

Esta otra fuente reconoce que hay "signos de un progreso lento pero gradual". "Si bien la discriminación contra las personas LGBTIQ sigue siendo alta, está disminuyendo gradualmente. Las escuelas abordan las cuestiones LGBTIQ de manera más positiva y proactiva, y los jóvenes se sienten más apoyados por sus profesores y compañeros. Sin embargo, la intimidación, el acoso y la violencia han alcanzado niveles elevados", insiste. La polarización política y la entrada de la extrema derecha están en parte tras ello.

Hay datos que no son admisibles, con un cuarto de siglo XII quemado: "más de 1 de cada 2 personas son ahora abiertas sobre su orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, pero la mayoría todavía evita tomar de la mano a su pareja del mismo sexo en público por miedo a ser atacados", o "más de uno de cada tres se enfrenta a discriminación en su vida diaria por ser quienes son; se trata de una ligera disminución con respecto a dos de cada cinco en 2019. Sin embargo, la discriminación sigue siendo invisible, ya que solo 1 de cada 10 denuncia incidentes", "más de dos de cada tres personas afirman haber sido acosados en la escuela, en todas las generaciones y en todos los países de la UE", y aún peor, "más de uno de cada tres miembros de la comunidad LGTBI ha pensado en suicidarse". Mucho por hacer.

Los aspirantes, lejos

ILGA-Europe también destaca la situación de los países que aspiran a ser parte de la Unión Europea, cuyo proceso de adhesión está avanzado en distintos grados, y que por ahora tampoco hacen especial bandera de la defensa de los derechos LGTBI. 

Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Ucrania "se están retrasando en el cumplimiento de sus compromisos, paralizando la introducción de legislación y poniendo así a sus ciudadanos cada vez más en riesgo de sufrir una verdadera reacción y el menoscabo de los derechos fundamentales", indica la ONG con sede en Bruselas. 

Turquía y Georgia, también candidatos a la adhesión, están "erosionando activamente los derechos humanos y las libertades fundamentales", incluidos los esfuerzos para aprobar nueva legislación dirigida especialmente a las personas LGBTI. Georgia, en particular, ha estado reprimiendo las protestas pro-UE contra su propuesta de ley sobre "agentes extranjeros", que proviene directamente del manual ruso anti-LGBTI.

Según el director Ejecutivo de ILGA-Europa, Chaber, "la UE necesita prestar mucha atención no sólo al aumento del discurso de odio político contra las personas LGBTI, sino también a las nuevas herramientas de opresión, como la criminalización por parte de Rusia de todo un segmento de la población del país", que se acaban contagiando. 

"Los esfuerzos por dividir y distraer a los regímenes autoritarios consolidados se están filtrando aún más a otros países europeos en un momento en que las elecciones podrían empujar a Europa a manos de líderes que desean dar forma a una Unión Europea antidemocrática y de derecha radical. Europa necesita leyes y políticas más fuertes para proteger a las personas LGBTI. Sin ellos, no podemos hablar de seguridad ni de Estado de derecho y democracia", concluye.

¿Y España?

Nuestro país no sale mal parado en esta foto fija, pero eso no quiere decir que no quedeb deberes por hacer. Ocupa la cuarta posición entre los analizados, empatada con Finlandia en un 76%, un 7,6 sobre 10, notable. Aunque le faltan 12 puntos para alcanzar a Malta, le saca 24 al Reino Unido, 14 a Francia o 10 a Alemania. 

Entre los reproches al Gobierno, la ONG señala que "no se renovaron los planes de acción" por la comunidad LGTBI. En el índice, donde se comparan los parámetros, se echa en falta una protección mayor en la misma Constitución española y las lagunas en el llamado equality body mandate, el cuerpo de actuación para la prevención de la discriminación, las tareas de sensibilización y las herramientas para tratar casos de discriminación o ayudas a las víctimas. También la tardanza en el reconocimiento de la paternidad - maternidad en la comunidad transexual y la extensión del reconocimiento a las personas no binarias, cambios en proceso. 

Afean a España que no aborde mejor el monitoreo de la situación de la comunidad LGTBI, el acceso a la justicia para que las víctimas de persecución tengan una reparación o que la despatologización no sea integral. 

El camino es largo hasta para los que lo tienen claro y, si encima hay involución, el futuro tendrá poco de multicolor en el viejo continente.