El Tribunal Supremo de Brasil juzgará a Bolsonaro por golpe de Estado
El juez reconoce el liderazgo del expresidente en el intento golpista y afirma que la Fiscalía ha descrito "en forma detallada" y "satisfactoria" los hechos.
Se confirma. El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha abierto un proceso penal contra el expresidente del país, Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado, y otos siete acusados en la trama. El magistrado encargado del caso, Alexandre de Moraes ha reconocido este miércoles el liderazgo del ex jefe de Estado en la trama y ha dicho que la Fiscalía ha descrito "en forma detallada" y "satisfactoria" los hechos de la intentona.
"Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo, una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado", dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.
Durante su intervención, el magistrado ha mostrado imágenes de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando una horda de simpatizantes del líder ultraderechista destruyeron las tres sedes del Poder.
Según De Moraes, lo que ocurrió en esa fecha "fue una noticia terrible para la democracia, para las instituciones, para todos los brasileños que creen en un país mejor". El juez ha sostenido que "la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente elegido" en un objetivo que "no se concretó" por "la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción".
Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso y mantenerse en el poder. Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
Los magistrados encargados del caso
- Cristiano Zanin: Fue el antiguo abogado personal del actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que lo postuló para la máxima instancia judicial del país en 2023, en el primer año de su mandato. Es el actual presidente de la Sala Primera, por lo que su voto sirve de desempate. En primera instancia, su participación fue criticada por su estrecha relación con el actual presidente brasileño.
- Flávio Dino: Estuvo al frente del Ministerio de Justicia en el Gobierno de Lula hasta que el jefe de Estado lo nombró en 2024 para el Supremo, una decisión que también levantó suspicacias por su cercanía con el dirigente progresista.
- Alexandre de Moraes: Juez estrella de Brasil, instructor del proceso por el intento de golpe y enemigo número uno de Bolsonaro, quien lo ha calificado en diversas ocasiones de "dictador". Mantiene un duro pulso con Elon Musk. El año pasado, mantuvo la red social X suspendida durante un mes por los reiterados desacatos del magnate sudafricano por negarse a eliminar perfiles dedicados supuestamente a difundir bulos para deslegitimar la democracia. La trama golpista, trató de asesinarlo.
- Cármen Lúcia Antunes: Es la única mujer entre los 11 jueces que integran el plenario del Supremo. Al igual que Zanin y Dino, fue nombrada por Lula, pero en 2006, durante el primero de sus tres mandatos. En 2029 dejará su asiento al cumplir 75 años.
- Luiz Fux: Otro de los veteranos de la corte, que abandonará en 2028. Tras graduarse en Derecho, Fux fue abogado de la petrolera Shell y fiscal de su natal estado de Río de Janeiro.
Bolsonaro reacciona
"Tienen prisa, mucha prisa", ha afirmado Bolsonaro en un largo mensaje en sus redes sociales, transmitido durante las deliberaciones de los jueces. El expresidente brasileño ha criticado que el proceso en su contra "avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão", el proceso contra el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, "y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato", el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.
Además, ha asegurado que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral. "Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme", ha aseverado.
El líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya está inhabilitado políticamente por ocho años por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia. Según Bolsonaro, el juicio penal en su contra ya tiene "una fecha, un blanco y un resultado decididos anticipadamente", ya que obedece a un proyecto de poder que busca interferir en la dinámica política y electoral del país.
"Todos dicen que el proceso concluirá este mismo año, pese a que no hay precedentes para tamaña celeridad en un caso de esa dimensión, porque todos saben que lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial y abiertamente injusta", dijo.
Ha afirmado que el magistrado Alexandre de Moraes, el juez instructor del caso, tan solo busca una "venganza", mandarlo a la cárcel y retirarlo de las urnas para impedirle volver a la Presidencia y la obtención de mayorías en el Congreso.
"Lo más irónico es que, en cuanto más atropellan reglas, plazos y garantías para intentar eliminarme, más descarado queda el miedo que tienen de las urnas y de la voluntad popular. Si realmente creyesen en la democracia que dicen defender, me enfrentaría en las urnas", ha asegurado.
Según Bolsonaro, la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Brasil y diferentes juristas, diplomáticos y líderes políticos comparan la situación del país con lo ocurrido en Nicaragua y Venezuela, en donde la oposición fue perseguida con "acusaciones vagas de extremismo o de amenazas a la democracia".
