Una década de Maduro: la vuelta de tuerca a los excesos de Chávez que cuajan en una crisis profunda

Diez años sin Hugo Chávez. Diez años de Nicolás Maduro. Venezuela ha pasado en la última década por una travesía durísima, en la que el bolivarianismo se ha consolidado como autoritarismo de manual. Maduro no tiene los apoyos de su predecesor, ni su carisma ni su carácter visionario y se ha ido enrocando y pertrechando para no perder el poder, para no quedar como el enterrador de la revolución. No ha sido el remodelador, el transformador, el hombre adorado, sino el mandatario del fraude electoral, las purgas, el hambre. “Se lo pido desde mi corazón”, decía Chávez en su última alocución, pidiendo la confianza para su sucesor. La logró, pero no ha respondido.

Año a año, Venezuela ha ido consolidando un régimen que ha dilapidado los contrapesos que aún existían en tiempos de Chávez y que permitían que el Estado de Derecho, pese a todo, pudiera mantener ese nombre. Ya no y eso ha hecho que se haya quedado con los apoyos de sus acérrimos (de Rusia a China, pasando por Irán) y la condena del resto de la comunidad internacional. “Diez años después podemos decir que aquí estamos enteros, de pie, victoriosos y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI", defiende Maduro. Frente a él los que entienden que la nación, como la describe gráficamente la escritora Karina Sainz Borgo en La hija de la española, es “una picadora”.

En estos años, la pelea ha sido hasta por las palabras. ¿Es Maduro un dictador? Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, afirmaba que todo depende de los matices que se añadan a la definición de "dictadura", que pueden ser muchos y variados, "pero una persona que tuerce la legislación a su antojo, según le viene en gana, que apela a la represión absoluta contra todo aquel que ose levantarse contra su voluntad y que, encima, no admite ningún tipo de diálogo con la oposición, ni siquiera que los mecanismos constitucionales funcionen, evidentemente es un dictador".

Uno de las señas de identidad del Madurismo en estos años ha sido la persecución y la represión del contrario, sean opositores externos o críticos internos. Ya lo hacía Chávez, pero él ha embrutecido la apuesta, lo que le ha llevado a ser el único presidente en ejercicio en Latinoamérica con una investigación por violaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional (CPI), como abusos policiales en las manifestaciones o encarcelamiento de disidentes. 

La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos en Venezuela presentó la semana pasada su informe de situación al Consejo de Derechos Humanos y de nuevo que el Gobierno venezolano ha conseguido "atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política" a través de actos de violación de los derechos humanos que no han sido investigados y por los que nadie ha sido sancionado. El covid ayudó a Maduro a apretar y controlar. “Graves violaciones de los derechos humanos continúan produciéndose en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales", señala. Avala, por tanto, la línea de investigación del fiscal de la CPI.

En esta década el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha contabilizado más de 300 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones callejeras. La mayoría de ellas murieron por disparos de militares, policías y grupos paramilitares chavistas o colectivos. A esas víctimas en protestas se suman al menos 18.000 personas que murieron por presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad en barrios pobres, como parte del control social para infundir temor y evitar protestas populares según ha denunciado Human Right Watch.

La maquinaria represiva también incluye arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas. Antes de que Maduro llegara al poder, Chávez ya tenía una treintena de presos políticos. Una cifra que se multiplicó en los últimos 10 años. Entre 2013 y 2023, más de 15.700 personas han sido detenidas arbitrariamente por razones políticas y sometidas a procedimientos judiciales vulnerando su derecho a un debido proceso. De acuerdo a la ONG Foro Penal, a fecha de febrero hay en Venezuela 269 presos políticos, de los cuales 256 son hombres y 13 mujeres, repartidos entre 119 civiles y 150 militares. Se calcula que en esta década han muerto una decena de presos políticos en custodia.

Marta Valiñas, al frente de la misión especial de la ONU, sostiene que a estos prisioneros se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren acoso. Según la experta, aunque las protestas masivas se han reducido, los sindicatos -en particular de la educación, la salud y la industria siderúrgica- se han movilizado más con críticas al gobierno, lo que ha llevado a la persecución de sus dirigentes, a los que se ha acusado de terrorismo, conspiración y de asociación para delinquir.

Esa persecución legal es casi más violenta que el propio exilio al que se han visto forzados nombres clave en la política reciente venezolana, como Leopoldo López o Antonio Ledezma, ambos actualmente en España. Maduro ha refinado la maquinaria por la que los disidentes acaban, como poco, sometidos a inhabilitaciones que les vetan concurrir a elección alguna, que les impiden tener un cargo público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se viola, así, el derecho a la libre participación política. Así han ido cayendo todos, como en un dominó, incluyendo al doble candidato presidencial Henrique Capriles, y es lo que llevó a que un prácticamente desconocido Juan Guaidó fuera encumbrado como líder opositor. Casi no quedaba ni banquillo al que recurrir.

La limpia de Maduro ha sido también de puertas para adentro, con sus correligionarios, sobre todo en los últimos cinco años. Las elecciones poco claras y la asamblea nacional constituyente para eludir a la oficial generó dudas en parte del chavismo que salieron al aire, más allá de los muros del Palacio de Miraflores. Cayeron entonces intocables, como la fiscal general Luisa Ortega (también en el exilio actualmente) o Rafael Ramírez, un antiguo ministro del comandante acusado supuestamente de corrupción. Con el paso de los años, a Maduro se le ha censurado una mano dura clara con chavistas críticos y sólo este mes ha accedido a hacer una investigación total de corrupción dentro del chavismo, especialmente enfocada en la petrolera estatal, la poderosa Pdvsa. En apenas dos semanas hay ya una veintena de arrestados.

Ni elecciones libres ni separación de poderes

Maduro es el sucesor de Chávez, no Chávez. Nada que ver en popularidad y en apoyo en las urnas. Desde los primeros comicios con el comandante muerto se vio que el tirón no era el mismo. De las llamas quedaban los rescoldos. 

El mayor batacazo electoral se lo llevó el presidente en 2013, cuando superó a Capriles por menos de un punto, en una cita denunciada por la oposición como fraudulenta. Comenzó entonces una dinámica de represión que se embruteció al año siguiente, cuando se produjo la tormenta perfecta: crisis económica y alta inflación, escasez de alimentos y productos de primera necesidad, crisis eléctrica y de servicios públicos, altos índices de crimen, censura de los medios, corrupción de base y, además, arrestos de opositores y estudiantes por cuestionar la legitimidad de Maduro y sus instituciones.

Lo que ha hecho en este tiempo es impedir que las convocatorias electorales sean transparentes y fiables, por lo que han sido puestas en duda y no avaladas por la mayor parte de la comunidad internacional. Maduro ha ido colocando a funcionarios afiles en todas las administraciones, de los ayuntamientos a los gobernorados, bien dotados económicamente y que supervisan, vigilan y fiscalizan a todos los demás.

Con el ambiente caliente tras las protestas de 2014, el mayor problema electoral para Maduro llegó en 2015, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones legislativas con el 56,21% de los votos. Ni la maquinaria oficialista paró esa victoria. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar se quedó en el 40,92%. 

La reacción gubernamental fue de rabia, hasta el punto de anular elecciones en un estado, el de Amazonas, para que los críticos no pudieran tener los dos tercios de la Cámara, lo que les daba la oportunidad de aprobar leyes orgánicas, reformas constitucionales y hasta destituir a Maduro. Las malas artes con las que se intervino en contra de la voluntad popular sirvieron para evidenciar que el chavismo carecía de la base social de antaño que todo lo sostenía pero, también, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para estar en el poder. 

Así fue que, dos años más tarde, se convocó la Asamblea Constituyente, una iniciativa del gobierno de Maduro para reescribir la Constitución de Venezuela, que intentaba ningunear el trabajo de la Asamblea en la que los opositores tenían mayoría. La defendió como una herramienta para derrotar el "golpe fascista" perpetrado por sus oponentes, que insistían en pedir su renuncia. Casualmente, en ese año Maduro arrasó en la elección local y regional.

Las últimas presidenciales tuvieron lugar en 2018, de forma adelantada, imprevista, y son las que hasta el momento han recibido más críticas internacionales. El presidente supuestamente logró casi el 68% de los votos. En segundo lugar quedó el candidato opositor y exgobernador Henri Falcón, con el 21%. De lo poco que quedaba en la calle tras su campaña de detenciones y exilios forzados. La abstención fue récord, del 46%. “Volvimos a triunfar, enfrentados a todos los retos y desafíos, cuánto me han subestimado, y aquí estamos con el pueblo dispuestos a seguir trabajando", se vanaglorió entonces.

La Organización de Naciones Unida, su Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima dijeron que rechazaban enfáticamente los comicios por su falta de transparencia, legitimidad y garantías.

En enero de 2019, Juan Guaidó, que estaba al frente de la Asamblea, se autodeclaró presidente interino de Venezuela, recogiendo el sentir popular de crítica creciente al Gobierno. Entonces, hasta 60 países lo reconocieron oficialmente como el mandatario legal del país. Hoy su figura ha perdido fuelle y, en diciembre, la propia oposición puso fin a su mandato. Maduro lo ha llamado siempre “golpista”. 

Desde que la oposición recuperó por primera vez desde el año 2000 la Asamblea Nacional, el país parece vivir además un largo combate, por un lado, el Poder Legislativo y, por el otro, el Poder Judicial, que viene tomando decisiones que repetidamente tienden a favorecer al Gobierno de Maduro.  "Cómplice de los abusos, carece de independencia y ha contribuido a la impunidad de estos crímenes", dice HRW a propósito del Judicial. Para completar la descomposición institucional. 

Un depredador de la libertad de expresión y prensa

Maduro ha endurecido notablemente la persecución a la prensa venezolana. "Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela fueron parte de los principales" son denuncias habituales de la organización Venezuelan Press, con sede en España. 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) coloca al país en el puesto 159 de 180 en su clasificación mundial de libertad de prensa y según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales. Esta entidad dice que, en total, en esta década entre 2013 y 2023 se han documentado más de 3.200 casos de violaciones a la libertad de expresión. En tiempos de Maduro, 200 medios en total han cerrado, con lo que se han perdido o transformado medios de referencia como Últimas Noticias, El Universal o Globovisión).y decenas de periodistas han sido arrestados y siete informadores han sido asesinados. Son datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y del Instituto Prensa y Sociedad. 

A ello se sumó la importación restringida de papel, que asfixió aún más a los diarios tradicionales hasta impedirles salir a la calle, y las limitaciones impuestas a la prensa internacional presente en la zona, tanto por el acceso a acreditaciones y permisos oficiales como por el uso de satélites, esenciales para la labor de las televisiones, por ejemplo.

"La censura estatal que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica y de oposición tiene consecuencias dramáticas para el pueblo venezolano, que ve cada vez más limitado el acceso a información plural y contrastada", lamenta el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, en un comunicado. 

En realidad, el ataque a la prensa proviene de un ataque mayor, a todo el espacio cívico local y a los defensores de los derechos humanos: tan sólo en 2022, se registraron 396 ataques contra las ONG y los defensores de derechos humanos en el país. El Ejecutivo no se lleva las manos a la cabeza. 

La mayor crisis conocida

Todo eso lo ha hecho Maduro. Y todo eso ha redundado en la gente, en los ciudadanos, en los venezolanos, que vivieron con Chávez un tiempo que pareció de rosas pero que dejaba una herencia envenenada: su control de precios, de cambios, de tasas de interés, sus reformas laborales, expropiaciones y nacionalizaciones (de más de 300 empresas) estallaron el tiempos de su sucesor, en los que se mantenía la corrupción previa. Una bomba de relojería que acabó destrozando el país. 

En su primer año de mandado, Maduro casi triplicó la tasa de inflación de su mentor, superando el 56% en 2013. Los años siguientes, el alza de los precios entró en una espiral que llevó al país a una hiperinflación que alcanzó su punto más alto en 2018 con un 1.698.488 %. Única en su historia. 

Fue entonces cuando el desabastecimiento de medicinas y de productos básicos (del aceite a la harina) se agravó. No era nuevo, pero esta vez era peor que nunca. En la retina de la historia están las imágenes de los ciudadanos haciendo cola para comprar lo básico, con cartillas de racionamiento, las baldas de los supermercados vacías, las mujeres de zonas agrícolas dando el pecho a sus hijos muy mayores porque no había mucho más que comer. Las raciones se recortaron, algunas comidas se saltaron, se buscaba fruta en los árboles de la calle. 

La Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello reveló que durante 2017 dos de cada tres habitantes de Venezuela perdieron en promedio 11 kilos por padecer inseguridad alimentaria. La "dieta Maduro", la llamaban en las calles. Esta situación dio pie a la picaresca y al trato desigual de los cercanos al régimen y los críticos, generando una dependencia y una sumisión no conocida hasta entonces y especialmente dolorosa. Al menos en 2022, la misma encuesta sostiene que por primera vez en siete años, la pobreza se redujo en el país.

Como describe Human Rights Watch, "Venezuela enfrenta tres crisis simultáneas relacionadas con la represión del disenso, la emergencia humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos", porque la suma de persecución y falta de oportunidades han llevado a millones de venezolanos fuera del país: más de 7,13 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela viven en todo el mundo y más de un millón de ellos son solicitantes de asilo, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que resalta que "ésta se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo". 

A la escena del exilio de los que tenían mejores condiciones económicas, que se veían ya en vida de Chávez, se han sumado con los años los caminantes que se han puesto a cruzar fronteras a pie y a tratar de buscarse la vida en países como Colombia. "La mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que llegan a países vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad. Con frecuencia, estas personas se ven obligadas a tomar rutas irregulares para llegar a lugares seguros, lo cual las hace vulnerables frente a traficantes, tratantes y grupos armados irregulares", denuncia ACNUR. 

"El número de familias que llega con cada vez menos recursos va en aumento, por lo cual requieren con urgencia documentación, protección, albergue, alimentos y medicamentos", ahonda. Como la mayoría no tiene ni papeles, no tiene una situación legal, por lo que tampoco logran acceder a los servicios fundamentales. Su precariedad es profunda, añade. 

La esperanza de la negociación

Venezuela, pasados estos diez años de Maduro, está en una nueva fase. Está previsto que las elecciones presidenciales se celebren en 2024, pero el propio presidente y sus asesores han dejado caer que podrían adelantarse a este año; justo en 2023 es cuando la Plataforma Unitaria de la oposición tiene previsto celebrar sus primarias y aclarar su liderato y su candidatura. 

En mitad de esta incertidumbre, queda la esperanza de las negociaciones que se han abierto entre Ejecutivo y disidencia, con reuniones que han ido teniendo lugar en México, y que se pueden completar con otro impulso mediador que ha ofrecido en estos días Colombia. Gustavo Petro, su presidente, ha anunciado que convocará una "conferencia internacional" en Bogotá para que continúe el diálogo, que Estados Unidos ha acogido positivamente. 

El Centro Wilson de EEUU, precisamente, ha centrado en estos contactos sus previsiones para 2023 en el país y habla de "paso importante" pero ante el que hay que ser "realistas". "Honestas, respetuosas y arduas" deben ser las sesiones por venir. A evitar: el "cortoplacismo" y la "ambición personal" de las partes. Asumen sus expertos que, si van bien, no podrán lograr una "rápida transferencia de poder" de Maduro a la oposición, que nadie espere un giro radical en justicia o seguridad, entre otras cosas porque el presidente sigue teniendo sus apoyos, aunque menguantes. Pero hay que pasar por la palabra para que, con el tiempo, haya "democracia, elecciones, derechos humanos, ayuda humanitaria, recuperación económica y reinstitucionalización". 

Da cuenta de "reformas modestas" que dan pie al optimismo: intercambios de prisioneros con EEUU y exportaciones controladas de crudo, comisionados de la oposición tras las últimas locales y regionales, un fondo social controlado por la ONU... Washington se ha mostrado conforme en levantar sanciones si se dan pasos. 

Mientras llega la reforma gradual del estado de derecho, reclaman los analistas del Wilson que se ponga el foco en aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Después llegarán la liberación de presos, la protección de los derechos políticos, la reconstrucción de la economía y la democracia total en unas elecciones. Para eso, los dos lados deben hacer renuncias y ser generosos. "Bien vale la pena esforzarse", concluyen. Es el momento, ahora, de que las cosas cambien tras una década.