Alberto Fujimori, con 88 años, quiere volver a ser el presidente de Perú en 2026

El expresidente Alberto Fujimori, quien ocupó la presidencia de Perú entre 1990 y 2000 volverá a presentarse a unas elecciones generales, las que están programadas para el 12 de abril de 2026, fecha en la que los peruanos elegirán a la persona que suceda a Dina Boluarte en el cargo. 

El anuncio de la candidatura de Fujimori, que fue indultado y abandonó en diciembre de 2023 la cárcel de Lima en la que cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, lo ha hecho este domingo su hija Keiko Fujimori, en un breve mensaje publicado en la red social X: "Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", afirmó la líder del partido Fuerza Popular.

La política hizo este anuncio después de que el diario El Comercio publicara este domingo una entrevista en la que afirma que está segura de que si su padre, al que el Tribunal Constitucional de Perú restituyó el indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, participase en unas nuevas elecciones pasaría a una segunda vuelta presidencial.

En el vídeo que acompaña al anuncio, Keiko Fujimori explica que su padre le dijo que era "consciente" de los riesgos que significa presentarse a la carrera presidencial, pero asgura que quiere "regresar a la arena política". "Yo miraba el brillo de sus ojos y decía pues él va a hacer política hasta el último día de su vida", ha relatado.

"Creo que es él el que tiene que llevar la batuta, yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial", ha declarado, antes de subrayar que su padre "es un roble y tiene una fortaleza" que les "da fuerza".

Fujimori, quien cumplirá 86 años el próximo 28 de julio, se proclamó ganador de las elecciones presidenciales de 1990 contra todo pronóstico. Lo hizo como candidato del partido Cambio 90, con el que puso en práctica una batería de reformas económicas neoliberales para combatir la hiperinflación y la crisis económica que azotaban al país, pero su Gobierno, pronto dio muestras autoritarias, como fue el determinante autogolpe perpetrado en 1992, en el que disolvió el Congreso y se asignó poderes extraordinarios.

Fujimori también lideró una dura campaña contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, en la que produjeron numerosas violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas. Pese al escándalo, salió reelegido en 1995 y, nuevamente en el 2000, año en el que huyó a Japón tras el estallido de denuncias de corrupción y abusos de poder.

A Alberto Fujimori lo detuvieron  en Chile en 2005 y de ahí fue extraditado a Perú, donde se le condenó a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y corrupción. A pesar de las condenas, la figura del expresidente peruano sigue siendo una figura que polariza y divide la política peruana, con su hija, Keiko Fujimori, en el espacio político que ocupaba hasta su encarcelamiento. 

En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional restituyó el indulto humanitario que le concedió en 2017 el expresidente Kuczynski por su deteriorada salud, todo en medio de un tenso proceso de destitución impulsado por el Congreso, dominado en gran parte por la oposición fujimorista. Muchos han interpretado este polémico indulto, temporalmente revertido en 2018, como un acuerdo para evitar la destitución con el apoyo fujimorista.

Durante años de litigios judiciales, (el Constitucional ordenó su liberación pese a la solicitud de aplazar la medida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) organizaciones defensoras de Derechos Humanos advirtieron de la gravedad de sus crímenes a la hora de determinar su liberación. 

Además de la condena a 25 años, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. No se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil, que la Procuraduría General cifró en 14 millones de euros.