10 años sin los 43 estudiantes de Ayotzinapa: México no cierra la herida ni tiene respuestas

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Diez años llevan clamando en el desierto las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (México), desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014. Sólo se sabe una cosa cierta: que no están, que faltan. Todo lo demás sigue enredado en una maraña en la que se mezclan la llamada "verdad histórica", la que el primer Gobierno a cargo dio por buena, con las investigaciones posteriores que tumbaron aquel relato y las independientes que ponen en duda todo lo anterior. Qué pasó. Dónde están los chicos. Preguntas esenciales sin resolver.

Los hechos básicos de la tragedia arrancan en la tarde de aquel 26, cuando un grupo de estudiantes se hace en la ciudad de Iguala con varios autobuses y combustible. Tienen la intención de acudir a una marcha nacional, el 2 de octubre, en México DF, la capital, un acto en recuerdo de la Matanza de Tlatelolco (1968). La suya es una escuela vinculada históricamente a la izquierda, a la lucha de clases, que tiene los rostros de Lenin y Marx en los muros de su patio, en la que estos secuestros de material no eran extraños: los conductores y las empresas tragaban y llevaban a los manifestantes donde fuera. 

Los muchachos llevaban una semana acumulando vehículos para el gran evento. Aquel día de hace una década día tomaron cinco más, en los que subieron casi un centenar de alumnos. La inmensa mayoría, de primer año, con apenas una semana de clase a sus espaldas. Ilusionados estudiantes que querían ser profesores en las zonas rurales, pobres, donde más falta hacía, que es justo lo que sale de las 16 escuelas normales rurales del país. 

Empezaron el viaje, yendo hacia el norte, que no era lo natural pero sí lo forzado por el pesado tráfico. Un conductor de autobús que había impedido que tomaran el suyo había llamado ya a la policía para denunciarlos y sus patrullas empezaron a perseguir al convoy. A partir de aquí, las versiones van cambiando.

Las versiones

Su ruta pasaba peligrosamente cerca de una fiesta de copetín ofrecida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). José Luis Abarca era entonces el alcalde de la ciudad, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, era justo la presidenta del DIF, y también el supuesto enlace local con el crimen organizado y miembro de una familia fuerte de un viejo cártel de la droga, el de Beltrán Leyva.

Una de las versiones extendidas sobre lo ocurrido es que había que proteger esa fiesta -aunque no fuera el objetivo de los estudiantes y sus pancartas- y los uniformados fueron con todo. Primero, una furgoneta se cruzó ante la caravana. Bajaron algunos estudiantes, se enfrentaron con la policía. Disparos, dos alumnos muertos. Eran las nueve y media de la noche. Desbandada entre los jóvenes, que bajan, se escapan, se esconden, vistas las consecuencias de arrostrar a la autoridad. Los agentes se llevan a los estudiantes que no pudieron bajar del último bus.

En paralelo, porque se había corrido la voz vía telefónica, más furgonetas con alumnos se acercan a la zona. Estaban preocupados, iban a ayudar. Unos son arrestados en mitad del embotellamiento y, luego, liberados. Otros acceden al lugar del ataque, junto a profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación del estado de Guerrero. Ya es medianoche, intentan inspeccionar el lugar donde sus compañeros han sido atacados, preguntan demasiado. Los agentes cargan con ráfagas de ametralladora. Dos muertos más. Y casi a la vez, otro autobús es tiroteado cerca. Otras tres personas sin vida. No tenían nada que ver con los estudiantes: eran jugadores de fútbol de un equipo de Tercera División que volvían a casa tras un partido.

La noche acabó con otros dos muertos que no superaron sus heridas. Nueve en total. Al amanecer, se reportaron como desaparecidos 57 estudiantes. Luego se encontró con vida, escondidos, a 14. Faltaban 43. Hasta hoy.

La "verdad histórica" defendida por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) de México, en tiempos del presidente de entonces, Enrique Peña Nieto (del centroderecha PRI, en el cargo entre 2012 y 2018), dice que los chicos fueron hechos desaparecer por policías corruptos y sicarios locales y que están muertos, quemados en un basurero. 

Sus investigaciones concluyen, tras entrevistar a los detenidos y tras diversas pruebas, que los jóvenes fueron entregados a policías corruptos del pueblo vecino, Cocula, y ésta se los pasó al cártel de Guerreros Unidos, uno de los más fieros de la zona, porque había sospechas de que entre ellos hubiera elementos de Los Rojos, un cártel rival. Hay otra posibilidad: que los buses fueron asaltados porque ese medio de transporte es una vía empleada con frecuencia para el transporte de drogas como la heroína. 

Supuestamente, fueron llevados al basurero municipal en furgonetas hacinadas, de las que 15 de ellos bajaron ya muertos, asfixiados, y a los demás los mataron de un tiro en la cabeza, tras ser interrogados. Todos fueron quemados, durante largas horas, en la zona de incineración del estercolero. Sus cenizas fueron recogidas, sus huesos triturados, y todo acabó en bolsas tiradas en los alrededores del río San Juan. 

Hasta aquí, el carpetazo que dieron las autoridades. Una versión que no creían los allegados de las víctimas y que se trató de hacer losa inamovible. Hubo 84 arrestos, como el de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República cuando ocurrieron los hechos, y algunos policías, pero sin más honduras. 

Pero Peña se fue, el Gobierno cambió y el actual presidente, saliente ya, Andrés Manuel López Obrador, del progresista MORERA, decidió abrir nuevas investigaciones sobre lo ocurrido. Con el tiempo, tampoco han traído toda la verdad, la justicia y la reparación necesarias, pero al menos han aclarado algunas mentiras pasadas. En diciembre de 2018, AMLO llegó con la promesa de encontrar a los estudiantes y lanzó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por el político de izquierdas Alejandro Encinas, así como la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa, bajo el mando del fiscal Omar Gómez Trejo.

Vidulfo Rosales, abogado de padres de los estudiantes, recuerda que "hasta el año 2021 se tuvieron avances muy importantes, creo que se logró desmontar la Verdad histórica, se logró construir las bases de una nueva investigación". Con las declaraciones de testigos protegidos, se descartaron que todos los estudiantes hubieran sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. "Existen elementos para presumir qué se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad", dejó escrito Encinas.

En 2022, al presentar su informe, expuso a las claras que lo ocurrido hace 10 años fue un "crimen de Estado" en el que "concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano". La comisión concluyó "que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes" e, incluso, las acusó de "alterar hechos y circunstancias" para establecer una conclusión "ajena a la verdad". Una conclusión más: no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

Coincide con la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional mexicana de Derechos Humanos (CNDH), para los que la tesis oficial no era correcta, ni de lejos. Todos señalan que "los estudios científicos demostraron que los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula". Reclaman, por ello, una investigación independiente que reabra el caso. Las familias están con estos investigadores, de los que se fían más que de los funcionarios de unas administraciones con demasiadas sombras o sometidas a los intereses de partido.

Las diferencias entre las conclusiones independientes y las de la Fiscalía mexicana son tres, en esencia: sobre quiénes son los verdaderos implicados en la desaparición, sobre la forma en que se han logrado las conclusiones y sobre la posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula y no en otro escenario.

La versión oficial asegura que sólo estuvieron implicados en la desaparición miembros de la policía local de Iguala, mientras que los investigadores independientes coinciden en que también tomaron parte policías federales y militares desplazados ex profeso. Como mínimo, dicen, hay muchos testimonios contradictorios. Naciones Unidas, en marzo de 2018, publicó un informe titulado Doble Injusticia, en el que analizaba los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso. En 34 de las 129 personas detenidas detectaron "fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos".

El informe insiste, además, en que tienen registradas una serie de declaraciones autoinculpatorias supuestamente "libres y espontáneas" hechas por personas detenidas que presentaban lesiones varias, en muchos casos justificadas de manera poco creíble. Hablamos de testimonios claves, sin los que esta versión estatal se derrumba, que fueron torturados y, por lo tanto, lo que dijeron tiene el valor de estar entre la espada y la pared. 

El relato "histórico" insiste en la relación de algunos chicos con Los Rojos, algo que las familias niegan repetidamente. "No, no, no", responde el abogado Rosales. Se constata que el alcalde Abarca instigó el bloqueo de la caravana y mandó a un cártel amigo. De hecho, el regidor y su esposa empezaron por negarlo todo, luego pidieron un permiso temporal en la Alcaldía y acabaron por fugarse. En noviembre de ese año fueron arrestados. Ellos insisten en que sólo querían proteger a los asistentes a su fiesta.

Según la hipótesis central de la PGR, debido al alto nivel de exposición de calor, los restos de los estudiantes quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético. De acuerdo con la investigación independiente, sin embargo, "para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos". 

Tampoco casan las localizaciones: investigaciones privadas de geolocalización por dispositivos móviles señalan que al menos nueve de los teléfonos de los jóvenes siguieron funcionando después de la medianoche y uno de ellos lo hizo en manos de un agente federal. No coinciden los lugares ni las manos que llevaban los celulares.

10 años después de lo ocurrido, el basurero en Cocula, que en su momento considerado como la escena del crimen, está abandonado y cubierto de vegetación. Todo el sitio fue desplazado por las nuevas investigaciones, que llevaron a las autoridades y también a familiares de las víctimas a otros sitios cercanos, en donde habrían encontrado restos de los normalistas desaparecidos. Con las aportaciones de testigos, la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa llevó a las autoridades a lomas y barrancas, en la periferia de Cocula. El resultado fue positivo.

En el paraje identificado por autoridades y testigos como La Carnicería, estuvieron trabajando los peritos e investigadores durante semanas. Fue ahí donde, después de la llamada Verdad Histórica, cinco años después del caso Ayotzinapa, en el 2019, se hallaron restos humanos de por lo menos dos de los normalistas desaparecidos. Se localizaron fragmentos óseos, que tras los análisis genéticos se supo que correspondían a los estudiantes Yoshivani Guerrero (20 años) y Christian Rodríguez Telúmbre (19 años).

Con ellos, en una década, han sido identificados restos de apenas tres alumnos, los dos hallados en la Carnicería y el primero, encontrado en 2014, en el Río San Juan, Alexander Mora, de 21 años. 

Ni verdad, ni justicia ni reparación

López Obrador trató de inicio de de esclarecer los hechos y, primera vez, puso a los familiares sentados a la mesa. "Queremos dar la satisfacción al justo reclamo de los familiares de los 43 normalistas, dando paso a la aplicación de justicia a los responsables de estos hechos, sin importar quiénes hayan sido ni qué cargos ocupaban", señaló. Sin embargo, pasados seis años de mandato, las cosas se han quedado ahí y no ha habido progresos en la línea temporal o los implicados; han quedado fuera de la cárcel, sin que se recurra su libertad, más de 20 agentes supuestamente corruptos implicados en el caso; no ha habido limpia en la Administración. 

Cuando se le han pedido cuentas en este tiempo, López Obrador siempre ha defendido que se han hecho las investigaciones oportunas y que las fuerzas policiales y defensivas han entregado ya "toda" la documentación en su poder sobre el caso y en sus matinales, esas ruedas de prensa diarias a primera hora de la mañana, ha enfatizado que tiene la conciencia tranquila. AMLO está a punto de dejar el cargo, porque el 1 de octubre toma posesión la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido. La deja heredera de la deuda de responder a un país entero por lo que pasó hace diez años. "No les voy a defraudar", dijo al verse vencedora en la noche electoral. Nadie sabe si eso incluye a los de Ayotzinapa.

Las acampadas en todo el país que recuerdan a los 43 se centralizarán este jueves en la Plaza del Zócalo del DF, exigiendo verdad a sus gobernantes. No convence este pasar página y en las escuelas rurales temen que cualquier día la matanza se repite. Las relaciones entre las familias y los sucesivos Ejecutivos se han complicado mucho por la falta de respuestas y ha habido momentos de mucha tensión, como cuando en marzo empotraron un camión en el Palacio Nacional, justo mientras comparecía dentro el mandatario. 

Claman también ante supuestas ofertas de dinero para que se conformen con lo que hay. "Esas 43 familias con corazones vacíos, esos corazones no se pueden llenar con miles de pesos, solo pueden ser llenados con la aparición con vida de nuestros 43 compañeros", denuncia una joven integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas en declaraciones a EFE, durante un acto de recuerdo en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado día 22. Sólo entienden que a los suyos "los desaparecieron". Y quieren justicia. 

Por ahora, México sigue sin respuestas. Lo que le sobra es "tristeza", ese nombre con el que el escritor Don Winslow ha bautizado en su superventas La frontera el lugar donde los chicos fueron desaparecidos, en un juego de ficción y realidad que pone los pelos de punta.

"-¿Qué sabes sobre lo de Tristeza?

-Nada".

Es uno de los diálogos que más se repiten entre los que saben la verdad y los que buscan lograrla, entre los que hicieron y los que siguen esperando. Así es el día a día de esta espera eterna.