Salir de la excepcionalidad: ¿algún espacio para la inteligencia?

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Los servicios de inteligencia son una herramienta importantísima al servicio de la seguridad y de los intereses de los ciudadanos, y deben ser objeto sistemático de debate y de escrutinio público, tanto sobre la eficacia de su labor, como sobre la legalidad de sus actividades y su correcto uso como instrumento del Estado.

La situación prolongada de falta de debate político en España en torno a los servicios de inteligencia y a su papel en el siglo XXI es una excepción en nuestro entorno. El proceso de cambio político, regeneración democrática en España y exigencia de transparencia necesita vincularse también al ámbito de los servicios de inteligencia.

Estos no pueden continuar por más tiempo al margen de cualquier debate con la excusa del carácter secreto de sus actividades. El secreto como instrumento no puede ser el pretexto para no tratar este asunto con la importancia que corresponde. Si se quiere hacer una nueva política se necesita incorporar también a los servicios de inteligencia como una cuestión más. Los ciudadanos tienen que saber que los servicios de inteligencia están sometidos a control, y el propio ciudadano debe ejercer ese control independiente a través de las instituciones de la democracia.

Se necesita repensar el concepto de secreto en beneficio del propio funcionamiento de nuestro sistema de inteligencia en un entorno de sobreabundancia de información y escasez de análisis estratégico y anticipatorio: crisis económica, crisis de los refugiados, Ucrania, yihadismo, medio ambiente, etc.

España necesita que sus representantes políticos atiendan de una vez la necesidad de homologar a nuestro país con las democracias avanzadas en materia de desclasificación. La sociedad española tiene madurez democrática suficiente para aceptar los resultados de dicha desclasificación.

Desclasificar permitiría conocer lo que en el pasado han hecho los servicios de inteligencia por los ciudadanos, prestigiando su papel y el de los servidores "públicos" involucrados. Una desclasificación seria, rigurosa y responsable pondría fin a teorías de la conspiración y al morbo que rodea este ámbito.

Los propios servicios deberían exigir transparencia en torno a su actuación frente a la permanente amenaza invisible de la politización.

Los investigadores vienen reclamando desde hace tiempo lo que en otros países es habitual y normal: acceder al conocimiento de un ámbito del Estado fundamental para entender la historia de España en los últimos años.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer a las instituciones que financian con sus impuestos.

Los partidos políticos legislan sobre inteligencia, controlan a sus servicios de acuerdo con ese legislación, y son los usuarios del producto de inteligencia y tienen la capacidad de desclasificar la información secreta y reservada. Desentenderse del ámbito de inteligencia de manera sistemática como hasta ahora, es de una gran irresponsabilidad.

Por estos motivos, desde la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, hemos tratado de hacer llegar a los partidos políticos antes el horizonte electoral las siguientes propuestas para su consideración:

• Iniciar una reforma en materia de desclasificación de los servicios de inteligencia en España, partiendo de una investigación comparada sobre secreto y desclasificación en Europa y otros países.

• Compartir los análisis de los servicios de inteligencia a otros organismos y a la oposición en el caso de cuestiones fundamentales para los intereses del Estado.

• Impulsar la creación de una Comisión de estudio sobre Inteligencia en el Congreso de los Diputados para analizar el papel actual y futuro de los servicios de inteligencia.

• Impulsar la formación en materia de inteligencia dirigida a partidos políticos y otros organismos sociales.

• Crear la figura de una autoridad independiente que atienda las necesidades de información de la Administración y de los ciudadanos en cuestiones de inteligencia, como existe en otros países.