La nueva ley de Cifuentes o cómo desmantelar la universidad pública

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid (foto: GRESONLINE).

Tras un oscuro proceso de meses, la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid difundió a principios de julio un documento de ideas sobre la nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) para su debate.

Habían sido invitados a participar en ese proceso el Director General de universidades, cinco personas escogidas por él, un representante de cada equipo rectoral de las universidades públicas madrileñas, un representante de las universidades privadas madrileñas y un representante de organizaciones estudiantiles a través de siete reuniones privadas. Ha sido imposible averiguar qué personas concretas asistieron como representantes, con qué asiduidad y con qué opiniones; incluso encontramos informaciones contradictorias según a quién se pregunte.

De este proceso fueron excluidos todos los sindicatos y casi todas las asociaciones estudiantiles, así como el resto de los agentes sociales y de los miembros de las comunidades universitarias.

Esto quiere decir que la enorme complejidad de los problemas de la universidad, de su gobernanza y administración hasta la evaluación de sus resultados, pasando por su imbricación en el territorio regional y estatal, su responsabilidad para con los estudiantes y el conjunto de la sociedad, su internacionalización y su democratización, se han despachado entre no más de diez personas.

Por lo que sabemos, en ningún momento aquellos representantes de las universidades informaron de dichas reuniones a sus consejos de gobierno, claustros, decanatos y departamentos. A día de hoy desconocemos la opinión de los rectores, puesto que no han querido siquiera discutirlo con quienes mejor conocen la universidad: sus trabajadores y sus estudiantes.

Es decir, en este momento no existe ningún debate sobre un documento redactado para el debate, sobre una ley que pretende cambiarlo todo.

Respecto al texto en sí, consideramos ante todo que ignora los problemas más urgentes de nuestras universidades, como son las elevadas tasas para acceder a los estudios superiores -muy por encima del resto de las comunidades autónomas e incluso de la mayoría de los países del mundo- y la precariedad del personal laboral, tanto de administración y servicios como docente e investigador. Ni una sola referencia a todo ello.

Esto responde a un sesgo ideológico radical que no dedica una sola línea a los miles de jóvenes que han tenido que dejar sus estudios, ni a los cientos de trabajadores en régimen de precariedad que con sueldos de entre los 300 y los 900 euros al mes no pueden desarrollar su trabajo en condiciones dignas. Recordemos que cuando los investigadores deben simultanear trabajos es muy difícil mejorar una universidad.

Así, la única referencia a los trabajadores se centra en la creación de dos categorías: por un lado los "docentes" (que apenas investigarían) y por otro los "investigadores" (que dejarían de transferir conocimientos a los estudiantes). No se hace alusión alguna a los acuciantes problemas de diversidad que sufren las universidades. Por el contrario, se insiste en el desarrollo de mecanismos que burocratizan y constriñen el trabajo intelectual.

He hablado de los problemas sociales. Voy a los funcionales.

Los principales problemas funcionales de la universidad madrileña son de financiación y de malas praxis. Estas últimas se evitan mediante la implantación de medidas de paridad y buenas prácticas y de una mayor transparencia en cuanto a los procesos de toma de decisiones, de gobernanza y de seguimiento. Nada sobre todo esto en el documento.

En cuanto a la paupérrima financiación, la LEMES debería garantizar que fuera estable, transparente y suficiente para, con ello, garantizar sus funciones, como mantener y mejorar infraestructuras, ofrecer condiciones dignas a sus trabajadores, promover la investigación, transferir resultados y no depender de unas altas tasas al estudiantado. Concretamente, en el período 2008 a 2014 se registró una caída del 18,24% en la financiación de las Comunidades Autónomas a las Universidades públicas como promedio. En la Comunidad de Madrid, esta caída ha sido del 28,16%

Por otra parte, sin laboratorios bien equipados, sin personal técnico, sin investigadores en condiciones dignas... La universidad pública no puede sobrevivir.

La sociedad se queja de que la universidad madrileña no juega ligas europeas (a pesar de no ser cierto), mientras sus gobiernos le dedican presupuestos de tercera regional.

Además, la LEMES asigna un papel central a la opaca fundación Madri+d, una fundación de derecho privado para la evaluación, el control y, en definitiva, la fiscalización de las universidades públicas madrileñas. Asimismo, en el documento a Madri+d se le atribuyen funciones que ya son desarrolladas por instituciones estatales. Esto no solo implica una falta de coordinación entre las administraciones públicas, sino también pérdida de recursos y duplicidad de funciones. Por consiguiente, se persigue una progresiva descentralización de la educación superior, en busca de atajos con los que eludir la supervisión de organismos estatales.

Además la fundación Madri+d realizaría una "acreditación exprés" para fichar profesores internacionales "agregados" con contratos redactados ad hoc. Sin embargo, la solución respecto a la fuga de talentos se puede conseguir con recursos económicos sin fórmulas extrañas que bordean peligrosamente la ley, que abren el camino a contratos de profesores e investigadores dependientes de empresas y cuyas consecuencias en las formaciones de plantillas pueden ser perniciosas a medio y largo plazo.

Por otro lado, se ignoran las condiciones más favorables de las universidades privadas, como por ejemplo la exigencia de menos méritos, de menos obstáculos para la contratación de sus trabajadores y de mayor ligereza en el diseño y en la oferta de titulaciones.

En cuanto a los Consejos Sociales de las universidades (con importante presencia de políticos y grandes empresas), el documento de ideas para la LEMES insiste en darles más poder sin atender a las necesidades del conjunto de la sociedad. No se contempla el beneficio que la universidad puede transferir a, por ejemplo, centros de educación secundaria, hospitales públicos, centros e iniciativas de trabajo social (en materia de atención a la dependencia, inmigración o violencia de género, entre otros)...

Todo se centra en la obsesión por los Centros de Investigación de Alto Rendimiento, en detrimento del conjunto de la sociedad e incluso de las propias universidades: conseguir meter como sea alguna universidad elitista de prestigio en los rankings, con la consiguiente medalla política, pero ahogando al resto de las universidades.

Es decir, tendríamos universidades «de dos velocidades»: unas dos o tres dedicadas a subir en los rankings y a producir resultados económicos inmediatos sin estrategia ni visión a medio y largo plazo, y la gran mayoría centradas en la docencia, con personal precario y muy limitado para ofrecer una formación de alta calidad a los ciudadanos.

Llama la atención todo esto cuando la propia ley debía centrarse en la «educación superior», según ha sido nombrada, mientras la educación es lo menos presente en todo el documento.

Se trata, por el contrario, de una LÍE: Ley de Investigación para Élites.

Así que, si quieren que sus hijos solo puedan ir a universidades anuladas... Si quieren universidades donde apenas se investigue, sin recursos suficientes y a precios desorbitados... Si quieren una o dos universidades "de excelencia" para ricos que ejerzan el monopolio del pensamiento... Si quieren Centros de Investigación de Alto Rendimiento, bien colocados en rankings lejanos, que produzcan patentes para lobbies y redes clientelares cuyos beneficios jamás les llegarán a ustedes... Esta es su ley.