Vox rechaza ahora el ingreso mínimo vital porque llama "a gritos" a la inmigración ilegal
La formación ha criticado además que la prestación “no esté condicionada absolutamente a nada”.
Ahora sí, ahora no. Vox rechazará finalmente en el Congreso el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital porque considera que “cronifica” la pobreza, es “antinacional” por entregar a las comunidades forales la gestión de los pagos, y supone un efecto llamada “a gritos” de inmigrantes ilegales, a pesar de que en el real decreto que lo regula se señala que para percibir la renta mínima se ha de ser español o tener residencia acreditada en España con un año de antigüedad, lo que deja fuera de esta ayuda incluso a los solicitantes de asilo.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, su portavoz, Jorge Buxadé, ha señalado este lunes que aunque la semana pasada señaló la necesidad de aprobar esta nueva prestación estatal, no pueden aceptar el proyecto de ley redactado por el Gobierno.
Ha argumentado que se está pretendiendo crear una renta mínima permanente en lugar de una medida extraordinaria temporal y excepcional “como corresponde a la necesidad real de los españoles hoy en día”.
“La prestación no está condicionada absolutamente a nada”
“No queremos una renta mínima vital permanente que cronifique la pobreza y se convierta en una cartilla de racionamiento”, ha dicho, sino medidas que permitan que “los españoles se levanten a sí mismos”. Según Buxadé, “la mejor justicia social es que todos los españoles tengan un empleo” y el proyecto de ley camina hacia “mantener a millones de españoles en situación de necesidad”.
Ha criticado además que la prestación “no está condicionada absolutamente a nada”, con lo que el Gobierno “alimenta” la entrada masiva de inmigrantes ilegales para beneficiarse de este ingreso.
Según ha explicado, aunque se señala que para percibir la renta mínima se ha de ser español o tener residencia acreditada en España con un año de antigüedad, el texto incluye varias excepciones. Entre ellas, que pueden recibir la ayuda quienes hayan sido víctimas de trata de seres humanos, aunque no residan en España, de tal modo que se abre una “espita” al tráfico ilegal. Como prueba, ha señalado los vídeos que están “inundando” las redes sociales explicando los requisitos para optar a la ayuda aprobada por el Gobierno.
Sin embargo, el movimiento #RegularizacionYa, que cuenta con el apoyo más de 1.100 organizaciones, ha denunciado que el IMV deja fuera a 600.000 personas en situación irregular y ahonda en la desigualdad social de la población.
People holding Spanish flags take part on an in-vehicle protest against the Spanish government by Covid-19on May 23, 2020 in Madrid, Spain. Far right wing VOX party has called for in-vehicle protests across Spain against the Spanish government's...
