Vox Madrid aprieta en la negociación del presupuesto al registrar su ley de Igualdad anti LGTBI

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una Ley Integral de Igualdad y no Discriminación mediante la cual proponen derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, según han adelantado a Europa Press fuentes de este partido.

Así se expone en esta normativa que ha registrado Vox, justo en Plena negociación del Proyecto de Presupuestos regionales para 2022 que el Gobierno regional dice que tendrá listo para este miércoles, unas cuentas que no salen con la mayoría actual del PP, el partido del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que necesita de apoyos de otros partidos, como Vox. Además, hace unos días la líder de este partido en Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico que se retiren estas leyes y que los niños no se vean “adoctrinados en los colegios” por ideología de género, algo que quieren ver reflejado en las cuentas autonómicas.

Monasterio, en una entrevista en La Razón, ha explicado que “estas leyes basan su exposición de motivos en la autodeterminación, que quiere decir que tu voluntad está por encima de lo que tú eres, niegan el hecho biológico y dicen que tú no naces ni hombre ni mujer que puedes ir cambiando según desees”. “Esto parte de una premisa equivocada y anticientífica y luego tienen un componente de querer entrar en los colegios a adoctrinar a los niños, a dar una ideología como es la ideología de género que nosotros no compartimos, sino que nos parece totalitaria. Pretenden entrar a los colegios a explicar a nuestros niños que el niño no es niña y que prueben a cambiar”, añade.

También denuncia que, a su entender, “estas leyes no respetan la presunción de inocencia. Si si tú eres acusado de discriminar, tienes que defender que tú no has hecho eso. Eso es muy difícil”.

La presente Ley, en el marco de sus competencias, tiene por objeto regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, y a ver respetada su dignidad, libertad, igualdad y libre desarrollo de su personalidad, así como el derecho a su integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida y en todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados.

Todas las personas tendrán derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, así como a una protección efectiva por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid en aquellos supuestos que sean víctimas de discriminación y delitos con violencia, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante.

Información, formación y sensibilización

Con ella, la Comunidad de Madrid garantizará, mediante programas de información y atención, dependientes de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la información, atención, formación, sensibilización y asesoramiento respecto de situaciones de especial riesgo de discriminación.

Asimismo, Comunidad y ayuntamientos realizarán actuaciones de promoción y defensa de la igualdad, tendentes a prevenir cualquier discriminación en el acceso al mercado de trabajo y al resto de servicios, derechos y prestaciones.

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley, la Comunidad de Madrid introducirá en la elaboración de sus estudios, memorias o estadísticas, los indicadores y procedimientos que permitan el conocimiento de las posibles causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la discriminación.

Con esta norma, el Gobierno regional asegurará la protección social, económica y jurídica de la familia, núcleo fundamental de la sociedad. A este fin, se establecerán programas de apoyo que contribuyan a que la familia se desenvuelva “en el ambiente de amor y comprensión que le es propio y así garantizar el libre desarrollo de la personalidad de todos sus miembros”.

Además, entre otros aspectos, la normativa implica a la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen cualquier discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.