El Gobierno se hace fuerte en el barullo parlamentario con una triple victoria clave
El Congreso da el primer paso para derogar el delito de sedición; aprueba el impuesto temporal a la banca, eléctricas y grandes fortunas y saca adelante los Presupuestos Generales.
Un jueves tan largo como provechoso para el Gobierno. En una interminable sesión en el Congreso, por momentos irrespirable de crispación y palabras gruesas, la coalición se ha hecho más fuerte con una triple victoria clave en la antesala de la carrera electoral de 2023.
Tras el incontestable respaldo a los Presupuestos Generales del Estado, el Congreso también ha avalado las otras dos medidas clave de la jornada: el impuesto temporal a la banca, energéticas y grandes fortunas y la toma en consideración de la reforma del delito de sedición.
La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición se abrirá definitivamente paso en el Congreso, que esta noche ha apoyado tramitar la iniciativa después de un agrio debate repleto de críticas al Ejecutivo por parte de la oposición, que la considera un pago al independentismo.
Eso sí, con la advertencia de algunos grupos minoritarios de que presentarán enmiendas al considerar que el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados” puede criminalizar las protestas y movilizaciones.
El diputado socialista Francisco Aranda ha sido el encargado de defender la postura del PSOE: “Mi partido se puede equivocar, pero mi partido nunca se va a esconder. Los socialistas nos enfrentamos a los problemas de cara y hacemos política para buscar soluciones desde el diálogo y desde la búsqueda del entendimiento entre diferentes, que es lo único que construye país y sociedad”, ha dicho antes de acusar al PP de “sentarse en un sillón a fumarse un puro” mientras se organizaba la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña.
Aranda también ha aducido que la reforma penal que proponen PSOE y Unidas Podemos es necesaria para armonizar el derecho español con los países de nuestro entorno europeo y para “actualizar” un precepto penal de “redacción decimonónica”.
En la misma línea se ha expresado Jaume Asens, Unidas Podemos, que ha puesto sobre la mesa cinco argumentos: es una exigencia europea; es un paso importante para desjudicializar el conflicto en Cataluña; es un vestigio franquista; es una exigencia democrática y es una “amenaza al derecho de protesta y manifestación”.
Por su parte, Cuca Gamarra ha contestado que “la derogación de la sedición no es una demanda social sino un pago del Gobierno al independentismo catalán” a cambio de su apoyo para sacar adelante los Presupuestos Generales.
“Aquí no estamos hablando de convivencia, de lo que estamos hablando es de conveniencia, que es una cosa bien diferente. Se han aprobado los presupuestos y sus socios exigen pagos al contado y hoy es día de cobro”, ha ilustrado.
En esta línea, ha retado al PSOE a aclarar si acabará reformando el delito de malversación: “Sería interesante que respondieran”, ha planteado, para ironizar a continuación con que aquí socialistas e independentistas tendrían “intereses comunes”, en alusión a los condenados por los ERE de Andalucía.
Impuestos temporales a la banca, energéticas y ricos
Tal como estaba previsto, el Gobierno de coalición ha sacado adelante el gravamen temporal con los votos a favor de EH Bildu, ERC, Compromís, Más País, BNG y PRC, mientras que PP, Cs y Vox se han posicionado en contra, en un debate ideológico entre quienes creen que la pobreza se reduce creando más riqueza y los que defienden que hay que hacerlo transfiriendo rentas desde quienes más tienen a los más vulnerables.
La bancada socialista ha justificado el impuesto frente a una derecha “que protege los intereses de la banca y las energéticas más que las propias banca y energéticas”. Ha sido el diputado socialista Pedro Casares el encargado en defender la postura del PSOE, quien ha recordado que ya se cumplen diez años del rescate bancario.
Unidas Podemos, por su parte, ha apuntado que los impuestos tienen por objeto asegurar que “los que se beneficien de una situación calamitosa ayuden y paguen”. También ha defendido que la legalidad de la proposición de ley y ha invitado a la oposición a que “expliquen que principio o precepto legal se ha violado”.
El diputado del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, ha cargado contra el Gobierno porque “suya y solo suya será la responsabilidad política y patrimonial del enorme perjuicio que causarán al presupuesto de todos españoles”. Lo ha hecho después de que Cs y Vox también hayan puesto en duda la constitucionalidad de los tres impuestos.
En un plano intermedio se han situado PNV y PDeCAT, que se han abstenido porque, aún compartiendo la filosofía de estos impuestos, creen que su diseño los aboca a la nulidad.
