Las mujeres claman contra la violencia obstétrica: “Iba a tener un parto normal y me lo jodieron”

Virginia siempre había querido tener dos hijos, pero el 31 de agosto de 2018 cambió de opinión. Fue el día que nació su primera hija. Todo el proceso, desde que ingresó al hospital para dar a luz, y hasta pasados varios meses, lo recuerda como traumático. 

Aunque han pasado casi tres años desde entonces, Virginia no ha hablado mucho del tema en este tiempo, y se echa a llorar en mitad de la conversación. 

Su parto, según cuenta, fue más una batalla entre lo que ella pedía por favor (poder deambular por la habitación, beber agua, hacer el piel con piel con la niña) y lo que el equipo médico le negaba de mala manera. No sólo incumplieron una por una las preferencias que había anotado Virginia en su plan de parto y que recomienda el Ministerio de Sanidad, sino que la mujer fue sometida a un buen número de intervenciones para acelerar el parto sin ser apenas consciente de ello.

Entre otras cosas, la episiotomía (corte profundo en el perineo) que le realizaron le dejó una cicatriz de 26 puntos que le impidió mantener relaciones sexuales el primer año. Pero no fue eso lo que más le dolió a Virginia.

Esta malagueña, que entonces tenía 35 años, recuerda cómo, mientras le cosían y oía la sangre gotear, pedía por favor que le trajeran a su hija, que al menos la dejaran verla. “Yo no entendía nada. Hacían bromas entre ellos, y no me hacían caso”, cuenta la mujer. 

Cuando por fin le llevaron a su hija, la cosa no mejoró. Virginia tenía mucha fiebre, le tuvieron que poner antibióticos por una infección, y la niña no cogía bien el pecho. La mujer tuvo que estar una semana ingresada, con sonda, y mientras veía cómo su hija iba perdiendo peso.

Los médicos no le dieron importancia al problema de la lactancia, y Virginia empezó a darle biberón. Un mes y medio después, la mujer tuvo que volver a ingresar en el hospital por una mastitis muy severa que se convirtió en sepsis (infección que pasa a la sangre). “En ese momento, vimos que la niña tenía un bulto en el cuello, que se llama tumoración por tortícolis gestacional. Era una lesión de nacimiento, y por eso ella no podía mamar”, explica Virginia entre lágrimas. “Nadie le diagnosticó eso durante un mes y medio que estuvimos yendo al hospital”.

Virginia cree que esa lesión le fue provocada por las ventosas que utilizaron los médicos para el parto. La niña tuvo que estar seis meses yendo a rehabilitación. “Ahora está preciosa, pero entonces no hablaba, y cómo lloraba la pobre”, se lamenta la madre, que vuelve a emocionarse. 

La niña está recuperada. La madre va más poco a poco. El año pasado tuvo que operarse de hemorroides que desarrolló a raíz del parto, todavía sigue con pérdidas de orina porque perdió sensibilidad en la vejiga, y ahora está pendiente de un quiste en el pecho. 

Las lesiones van más allá de lo físico. “Quería haber tenido otro niño, y no lo voy a tener”, zanja. “Me da mucho miedo que sea igual o peor que la otra vez”, dice, y se le vuelve a quebrar la voz. “Ahora mismo no estoy preparada para tener otro hijo, pero no ya sólo psicológicamente. No sé si mi cuerpo lo aguantaría otra vez”.

Cuando Virginia dio a luz, nunca había oído el concepto de ‘violencia obstétrica’. Sin embargo, quienes llevan años investigando esto creen que el suyo es un caso de libro, que Virginia se llevó “el pack completo” de este tipo de violencia, definida como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte de los profesionales de la salud por medio de un trato deshumanizado, un abuso de medicación y una patologización de un proceso natural como es el parto. Lo describe así su tocaya Virginia Murialdo, vicepresidenta de El parto es nuestro, una asociación creada en 2003 por mujeres que habían vivido “partos extremadamente traumáticos” y que, al unirse y crear una lista de correo, vieron que lo que les había pasado no eran casos aislados, sino que “estaba mucho más extendido de lo que creían”.  

Fundaron El parto es nuestro con la idea de “visibilizar el problema y de formar a otras mujeres para tratar de evitar casos de violencia obstétrica, y para apoyar a aquellas que habían sufrido violencia durante sus partos”, explica su vicepresidenta. Los centenares de testimonios de mujeres recogidos por esta asociación y los informes y recomendaciones de la ONU sobre el tema son lo que ha llevado al Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, a anunciar recientemente que la violencia obstétrica se incluirá en la próxima reforma de la Ley del aborto como una forma de violencia contra las mujeres.

Para María Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, “es evidente que la violencia obstétrica es un problema en nuestro país”. Morillas explica que este tipo de maltrato no se ejerce necesariamente adrede, sino que está arraigado en el sistema de salud y en los estereotipos de género.

La violencia obstétrica, apunta Morillas, se manifiesta principalmente de dos formas, una que tiene que ver con “la privación de la autonomía de la mujer durante el parto (práctica de operaciones sin consentimiento o formularios de consentimiento que no se utilizan como debería)” y otra con “el uso rutinario y excesivo de algunas prácticas que no están respaldadas por evidencia científica, y que en algunas circunstancias no están justificadas”.

En realidad esto no lo dice (sólo) el Instituto de las Mujeres. En el año 2019, la ONU emitió un informe en el que condena la violencia obstétrica como actos intencionados o no contra la mujer durante el parto, que en ocasiones “pueden considerarse formas de maltrato” o incluso “una violación de los derechos humanos”. El informe, elaborado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, señala que “los testimonios de las mujeres han demostrado que el maltrato y la violencia durante el parto son práctica generalizada y arraigada en los sistemas de salud” y que esto se produce en todo el mundo y en mujeres de todos los niveles socioeconómicos.

Morillas considera este informe “un hito”, en el sentido de que reconoce, describe y denuncia este tipo de violencia como “una gran vulneración de los derechos humanos para las mujeres”. En dicho documento, se menciona a España como uno de los países en los que se realizan episiotomías de forma más rutinaria, en contra de las recomendaciones de la OMS. Si en México se somete a esta práctica al 30% de las mujeres que tienen partos vaginales, en Italia el porcentaje asciende al 50%, y en España al 89%, apunta el informe.

En febrero de 2020, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) volvió a dar un tirón de orejas a España, condenando al Estado a indemnizar a una mujer llamada Sandra por, entre otras cosas, haberla sometido a diez tactos vaginales que causaron posiblemente una infección a su bebé, y por no respetar la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas durante el parto. En ese dictamen, la CEDAW insta al país a combatir la violencia obstétrica, y a proporcionar a las mujeres “información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo e informado en todos los tratamientos invasivos [...], excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre y/o del bebé esté en riesgo”.

Sandra denunció y llevó su caso hasta el final. Virginia, la malagueña del principio del artículo, no lo hizo. Se sentía culpable por cómo se habían desarrollado las cosas, y tampoco tenía claro qué era lo que podía reclamar.

Alba dio a luz a su tercer hijo en marzo de 2020 en el mismo hospital que Virginia, el Materno Infantil de Málaga, y sí que acabó poniendo una reclamación. A Alba no la dejaron deambular por la habitación mientras dilataba, ni le permitieron ponerse de lado en la cama, ni le dieron agua cuando la pidió, según cuenta. La Estrategia de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad, elaborada en 2007 y revisada en 2015, recomienda específicamente que “la gestante pueda deambular y elegir adoptar su posición”, además de “permitir la ingesta de líquidos y alimentos ligeros según las necesidades de las gestantes”.

Alba pidió no usar epidural, y se negó a que le realizaran una amniotomía (rotura de la bolsa amniótica para acelerar el parto). Cuando llamó a las matronas porque sentía que las contracciones se le estaban separando, le respondieron: “Es que tú solita, con no querer ponerte la epidural y con no querer que te rompamos la bolsa, te estás paralizando el parto”, recuerda ella.

La guía del Ministerio constata que las amniotomías o amniorrexis se realizan en el 46,6% de los casos, “un dato muy superior a lo esperado” cuando los protocolos indican que no se debe realizar de forma rutinaria.

Alba define como “lamentable” su experiencia. “Yo no estaba en modo guerrera ni nada, pero quería moverme porque la niña estaba girada para arriba. Y me dijeron que no, que me iban a meter la mano”, relata. La mujer recuerda que le “dolía un montón”, y que cada vez que pedía que esperaran, o que le dejaran moverse para recolocarse, el equipo que la atendía hacía oídos sordos. “Me parecía todo surrealista”, dice. Al final, consiguió “sacar a la niña”, “no sé ni cómo”, añade.

El episodio no terminó ahí. Pese a que la Estrategia de atención al parto normal señala claramente que “inmediatamente después del parto, la criatura recién nacida se coloca sobre el abdomen de la madre” y que permanecerá “al menos 70 minutos en estrecho contacto piel con piel con su madre”, Alba asegura que tuvo que suplicar en varias ocasiones que le dieran a su hija tras el parto, mientras que el equipo médico le decía que les dejara “hacer su trabajo”.

“Salí muy triste del hospital, muy jodida”, cuenta Alba. “Llegué a mi casa y pensé que se me iba a pasar, pero me tiré un mes llorando todo el día, me despertaba por las noches con pesadillas, tenía el cuerpo dado la vuelta”, lamenta. En sus otros dos partos, que fueron en otro hospital e incluso en uno sufrió complicaciones, no sintió nada parecido. “Podía haber tenido un parto normal y me lo jodieron. Me lo jodieron ellos, a fuerza de ser bordes y de no ser unos profesionales”, zanja.

Cuando Alba puso una reclamación en el hospital, el director del Servicio de Ginecología le contestó dándole la razón. “No puedo dejar de estar de acuerdo con usted [...] en que la actitud fue totalmente desafortunada”, dice la carta de contestación, a la que ha tenido acceso El HuffPost. “Nuestro Hospital, a pesar de los esfuerzos que se realizan tanto a nivel directivo como de los profesionales, no puede evitar que el nivel de implicación de alguno de ellos deje mucho que desear, negándose en muchas ocasiones a valorar la importancia que tiene las necesidades de las pacientes que acuden al mismo, tanto a nivel físico, clínico como emocional”.   

Para Ana Núñez, una gallega de 42 años, reclamar es imprescindible si se quiere cambiar algo. Ella cree que ha sufrido violencia obstétrica “muchas veces”, pero “la peor” fue en el nacimiento de su segundo hijo, en 2005. La mujer considera que le hicieron una “cesárea innecesaria”. En España, el 22% de los partos acaban en cesárea, cuando la OMS recomienda que no superen el 15%. 

En el caso de Ana, cuenta que la ginecóloga insistió desde el principio en que fuera cesárea, ya que su bebé era grande, de unos 4 kilos. Ella pidió que intentaran primero un parto natural, ya que “todo iba bien” y ya lo había hecho una primera vez. Al rato, la ginecóloga volvió y, de mala manera, le dijo que el niño traía tres vueltas de cordón al cuello, y le preguntó si quería “tener la responsabilidad” de que su hijo muriera “asfixiado”, cuenta la mujer.

Ante eso, Ana accedió, le hicieron una cesárea en la que la anestesiaron entera, y estuvo unas ocho horas dormida sin enterarse de nada. Cuando se despertó, pidió ver a su hijo y nadie le hizo caso, asegura. “Eran las 11 de la mañana del día siguiente y yo seguía sin ver a mi hijo. Pensaba que se había muerto y no me lo querían decir”, cuenta.

Los días posteriores no fueron mejores. “Se me infectaron los puntos, me tiré ingresada 15 días, y luego tuve que seguir yendo a mi matrona mes y medio para curas”, explica. Durante su ingreso, Ana vio un informe suyo en el que ponía “cesárea innecesaria”. La mujer preguntó a otra ginecóloga si eso era cierto, y ella le dio la razón, pero se excusó diciendo que no podía inculpar a una compañera.

Para Ana, esta experiencia se convirtió en un pequeño trauma que arrastró durante años. “La violencia obstétrica se suele ejercer en un momento en el que tú no eres tú. Cuando estás en el hospital te vuelves vulnerable, tienes tus miedos y tus esperanzas depositadas en un desconocido. Si en ese momento te hablan mal o te tratan mal, eso te marca”, dice.

Con el objetivo de erradicar este tipo de violencia, el Instituto de las Mujeres impulsó a principios de julio un proceso participativo entre sanitarios, organizaciones feministas y responsables políticos para “construir diagnósticos certeros y amplios consensos” sobre esta cuestión, y sobre cómo debería modificarse la normativa. “Al ser un tipo de violencia que se produce de manera tan generalizada, requiere de una intervención profunda que genere cambios en la cultura del sistema sanitario, en la formación de los profesionales y en las rutinas”, afirma su directora, María Antonia Morillas.

De entrada, muchos profesionales no reconocen el concepto de violencia obstétrica y critican que el Ministerio de Igualdad vaya a incluirlo en la reforma de la Ley del aborto. El 13 de julio, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) emitió un comunicado en el que “rechaza” el término, al considerar que “no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales”. En el texto, los miembros del CGCOM “garantizan la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes”.

Isabel Serrano, ginecóloga obstetra experta en derechos sexuales y reproductivos, admite que la violencia obstétrica “existe a nivel mundial” y que, en España, “ha existido hasta hace unas décadas”, matiza. La ginecóloga está de acuerdo en que el término “puede contribuir a cuidar más la actuación de la práctica obstétrica”, lo cual es “positivo”, pero también cree que “castiga el comportamiento de la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que atienden partos”, y ese aspecto no lo comparte.

“Me parece bien que se hable de ello como una práctica que debe ser desdeñada, desechada y penada cuando se produzca”, señala Serrano, que, sin embargo, no considera que sea “algo estructural” en España. “El sector de las matronas y obstetras ha hecho un gran esfuerzo para humanizar el parto lo más posible”, asegura. María Antonia Morillas aclara, en cualquier caso, que la pretensión del Ministerio no es “estigmatizar a un colectivo esencial”, que los profesionales sanitarios también deben tener “una voz importante en este proceso” y “poner sobre la mesa cuáles son las dificultades y los obstáculos que se encuentran en su práctica”.

Según Serrano, en lugar de promover un cambio en la legislación, “se debería garantizar que se cumplan los protocolos que ya hay”. La ginecóloga anima a las mujeres a “desarrollar todas sus estrategias de defensa y, si hay una negligencia o una práctica médica inadecuada, poner todas las reclamaciones y denuncias correspondientes, en primer lugar a las Consejerías de Salud”, abunda. Serrano está “segura” de que “la inmensa mayoría de los hospitales respetan los protocolos” aprobados hace años; aunque enseguida añade: “Que luego llega alguien al final de una guardia y ni te pregunta si quieres que te hagan episiotomía, pues sí, esto pasa”.