Vaticano: cuatro días para asumir los abusos sexuales y hacer justicia
El papa convoca una cumbre insólita para que se haga "justicia" a las víctimas y se asuman responsabilidades en la curia.
"Aunque nos humille y nos dé miedo, es la hora de la verdad". Charles Scicluna, arzobispo de Malta y máximo experto en investigación de abusos a menores en la Iglesia Católica, resume con esta frase definitiva el sentido de la cumbre (inédita, insólita) que desde hoy y hasta el domingo tendrá lugar en el Vaticano para tratar los casos de pederastia y abusos sexuales en sus filas.
El encuentro, impulsado por el papa Francisco y convocado bajo el título de La protección de los menores en la Iglesia, busca "hacer justicia" a las víctimas, sometidas en colegios, seminarios o centros eclesiásticos, 50.000 según las estadísticas más optimistas y hasta 100.000, según las más tenebrosas.
Aunque el propio pontífice insiste en que no hay que lanzar las campanas al vuelo, en que no hay que generar muchas expectativas ante esta cita, es imposible que no flote en el aire cierta esperanza ante un propósito tan nuevo: el de escuchar y reparar a las víctimas, el de asumir responsabilidades y rendir cuentas por parte de la curia.
Entre el jueves 21 y el domingo 24 de febrero se van a reunir en Roma 190 personas, de las que 114 son presidentes de Conferencias Episcopales de todo el mundo, la española entre ellas. A estos se sumarán 10 representantes de congregaciones masculinas y otras 10 de órdenes femeninas, varios jefes de dicasterios (los ministerios vaticanos) y expertos en abusos. No habrá presencia de laicos.
La convocatoria tiene cuatro coordinadores: el canadiense Scicluna, quien dirigió la investigación contra el líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y la investigación en la Iglesia chilena; el italiano Federico Lombardi, antiguo portavoz del papa; el cardenal de Chicago Blase J. Cupich y el sacerdote y psicólogo alemán Hans Zollner, ambos muy activos en la lucha desde dentro contra este pecado capital.
Una docena de víctimas, por primera vez, van a poder acudir al Vaticano para ser escuchadas y contar su calvario. Entre ellas hay un español, Miguel Hurtado, quien denunció a Andreu Soler, un monje de la Abadía de Montserrat. Acude no sólo a título particular sino como representante de la asociación SNAP en España, desde la que hace unos años lidera una campaña para conseguir que los delitos por abusos a menores no prescriban. Hace pocos días, de hecho, llevó a Congreso más de medio millón de firmas para apoyar su petición.
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Es tan grave lo que se trata que, pese al aviso de Francisco de que hay que aguardar con calma a lo que salga del evento, sus propios coordinadores no dejan de usar palabras contundentes para hablar de él. Un "punto de inflexión", un "momento crucial", "la cita de la vuelta a la Justicia"... El papa lo define e Twitter como un "acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo".
Formalmente, todo está muy medido. Jorge Bergoglio -que estará presente todos los días- abrirá las jornadas con una intervención y las cerrará con una misa, el domingo. En medio, la comparecencia de diez relatores y el trabajo de diversos grupos que han de analizar tres puntos: el papel de los obispos a la hora de ocultar o desconocer los casos, la rendición de cuentas de cada miembro de la Iglesia y la responsabilidad final de cada cual. Aunque no habrá un documento final de trabajo ni un comunicado, se hará seguimiento a todo lo que se debata y concluya en estos días, prometen.
Las metas que se plantean quizá no sean muy tangibles, pero son claves, dada la soledad y el abandono que han sufrido las víctimas durante décadas. La esencial es la de crear conciencia del problema, no darle la espalda nunca más, "enfrentar al monstruo", en palabras del purpurado Cupich. La segunda es escuchar a las personas que han sufrido los abusos, que en muchos casos sólo han encontrado a la prensa para poder expresarse y, para darles respuesta, instaurar en el Vaticano una "cultura de fiscalización y transparencia", añade Zollner.
"Hay que entender qué grado de responsabilidad tienen los obispos, comprometernos con la transparencia absoluta, rendir cuentas de lo hecho y de lo por hacer y dejar claro que estamos ante una encrucijada, que ha sufrido mucha gente y debemos abordar este debate crucial para nosotros con toda franqueza", ha abundado el germano en la rueda de prensa de presentación del evento. "Si uno encuentra a una víctima, escucha sus gritos de ayuda, sus lágrimas, sus heridas psicológicas y físicas, no puede quedarse indiferente", abunda este jesuita, como el papa. "Debemos garantizar que se rompe el código de silencio, con la complicidad y con la negación, porque la verdad es lo que realmente cuenta", dijo en el mismo escenario Scicluna, cabeza visible de la iniciativa.
Hay un objetivo muy preciso que nadie quiere nombrar explícitamente: el de lograr que los culpables sean expulsados de la curia, devueltos a la vida civil y, de seguido, procesados por el Código Penal de cada uno de sus países, y no por la justicia de la Iglesia. El obispo de Malta no aborda de lleno en ese flanco, aunque en una entrevista con la Agencia EFE reconoce el "deber de colaborar con las autoridades civiles". Suele hablar, más vagamente, de "hacer justicia", sin la que "no hay misericordia". "Hay que dar una respuesta creíble a estas personas (...) De este encuentro debemos salir con más ímpetu, más conciencia y más determinación contra los abusos", ha dicho además a la BBC.
En paralelo a esta cita se están celebrando otros actos con víctimas, conferencias, encuentros y también una vigilia por la justicia y una marcha por la tolerancia cero, que afianzan la necesidad de poner la lucha en el escaparate de una vez. Un cúmulo de iniciativas, tan poco habituales, que han llevado al Vaticano a un número elevadísimo de miembros de la Iglesia, cristianos de base, periodistas... "Casi parece un cónclave", como resume gráficamente el corresponsal de la Cadena SER en Italia, Joan Solés.
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Desde que estallaron los primeros escándalos por abusos, hace unos 35 años, la jerarquía de la Iglesia católica ha tomado una serie de medidas preventivas, adoptado leyes, pedido perdón y condenado a culpables, pero ha sido tal el volumen de casos, tan tibia su respuesta, tan ensordecedor su silencio, tan descarado su afán por ocultar lo que ocurrió, que esos pequeños pasos son casi nada. La cultura del encubrimiento, el afán del secreto y hasta de la mentira (tan poco cristiano), han sido la tónica predominante, da igual a qué nación del mundo miremos.
"Los obispos tienen que cambiar de actitud, eso es más difícil que cambiar una ley", reconoce por ejemplo Zollner al referirse a los más de 5.000 obispos con los que cuenta hoy en día la Iglesia católica. "La credibilidad de la Iglesia está en juego", admite por su parte Lombardi, quien asume que de este encuentro debe salir una conversión: "que la Iglesia vuelva a ser un lugar seguro". Ahora no lo es, asume.
Sin embargo, en los pasillos vaticanos estos días se vende como una señal fuerte el hecho de que el papa expulsase el sábado pasado al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, de 88 años, acusado de haber cometido abusos sexuales a menores; es la figura católica de más alto rango en ser apartada del sacerdocio.
No hay datos concretos sobre víctimas, en parte por la cantidad de casos acallados desde los obispados, por el miedo de los abusados a señalar a una figura relevante en su comunidad, porque no se han llevado estadísticas fiables... Se calcula que hay entre 50.000 y 100.000 casos denunciados en las últimas décadas y que la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es quien centraliza estas investigaciones, tiene entre 3.000 y 6.000 expedientes paralizados hoy por falta de personal para procesarlos.
Este mismo organismo, según datos de El País, recibió el pasado año casi 900 denuncias, el doble de las registradas en 2017. En la última década, la media anual era de 400 a 500 casos. Más allá de que haya más abusos o se denuncien más, la cifra se explica por el macrocaso de Chile, con casi 250 afectados.
No se sabe tampoco cuántas víctimas hay en España. No se ha llevado registro alguno fiable en el pasado ni se ha iniciado uno ahora, como han hecho Bélgica, Irlanda o EEUU. Los medios de comunicación son los que permiten ir sumando, uno a uno, cuando los destapan. Hace pocas semanas, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, mandó una carta al órgano de gobierno de los obispos españoles en la que les pedía cifras, pero ellos lo negaron. Al final reconocieron que encontraron la misiva "en el buzón". No han informado de que ya le hayan dado cuenta a la ministra de lo que solicita.
Tampoco hay espacios para escuchar a las víctimas. Sólo una, la Diócesis de Astorga (León), ha creado un órgano para atender a las víctimas de abusos sexuales, y que justo se ha presentado este miércoles, coincidiendo con las jornadas en la Santa Sede. La comanda su obispo, Juan Antonio Menéndez, polémico por supuestamente encubrir un caso de abusos en un colegio de Zamora.
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El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), es quien viaja en nombre de la Iglesia española a Roma. Lo que podrá contar es eso, lo poco que se ha hecho, más allá de unas sencillas disculpas. La Iglesia no ha reaccionado "debidamente" a los abusos de menores, ha dicho en varias ocasiones; ha mostrado su "honda conmoción" y su "comprensible escándalo" por esas denuncias, ha pedido que no se "encubran" y ha mostrado su disposición a "erradicarlos". Palabras.
Se anunció la creación de una Comisión Antipederastia en la CEE, presidida justamente por el obispo de Astorga, pero no ha tenido apenas actividad y no ha incluido a expertos independientes ni laicos. Por ahora no ha planteado soluciones firmes al problema, denuncian los afectados.
Frente al oscurantismo, la palabra de las víctimas. Miguel Hurtado es el único español de los que acudirán al encuentro de Roma y, en una comparecencia ante los medios de la capital italiana, ha insistido en que la Conferencia Episcopal "sabe perfectamente quiénes son" los curas pederastas de nuestro país.
Hurtado denunció por abusos al monje de Montserrat Andreu Soler, quien le empezó a hablar de sexo, de masturbaciones, en supuestas clases de educación sexual no regladas, hasta que le toqueteó y le besó en los labios cuando tenía 15 años. Ahora hay al menos cinco denuncias más contra el mismo religioso.
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El joven, ahora psicólogo, ha pedido al Vaticano hacer efectiva la "tolerancia cero" contra la pederastia y que aplique medidas concretas para terminar con esta "pandemia". "Lo importante de esta reunión es que el Vaticano clarifique qué entiende por tolerancia cero, que es un concepto que el papa Francisco repite una y otra vez", dijo el español en Roma a los medios, a pocos días de que el Vaticano celebre una cumbre sin precedentes sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia, que reunirá del 21 al 24 de febrero a los representantes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, grupos de víctimas y superiores generales de congregaciones.
"En los países más avanzados, tolerancia cero significa que si un sacerdote abusa una vez de un niño, se le echa del sacerdocio, pero esto sólo se aplica a duras penas en Irlanda y en Estados Unidos; en España hay sacerdotes condenados por la Justicia que han admitido sus crímenes y que siguen formando parte de la Iglesia", añade Hurtado.
A su juicio, los obispos españoles "están trabajando increíblemente duro para que el iceberg de la pederastia clerical no salga a la luz", y por ello pidió "transparencia, con cifras y nombres". "La Iglesia española sabe perfectamente quiénes son los curas pederastas, pero siguen sin dar los nombres, la localización de dónde están y sin contarnos de cuántos menores han abusado y qué crimen han cometido", denuncia.
Aunque no entrará en las conferencias y ponencias auspiciadas por el papa, estos días acude a Roma para las otras actividades paralelas Juan Cuatrecasas, el hombre que denunció los abusos que su hijo sufría por parte de un profesor en el colegio de Gaztelueta, que el Opus Dei tiene en Leioa (Vizcaya). Este docente ha sido condenado a 11 años de prisión.
Coincidiendo con el encuentro, la asociación Voices of Faith (voces de fe) ha lanzado en la Santa Sede también su mensaje, pidiendo una "visión femenina" para solucionar los "problemas estructurales" que permiten, por ejemplo, los abusos sexuales en su seno, tanto a menores como a monjas, cuyas denuncias se multiplican en los últimos tiempos aunque "vienen de lejos", como reconoce hasta el papa.
"Para construir una Iglesia verdaderamente profética las mujeres deben ser acogidas e involucradas en las tomas de decisiones. Esta crisis global por los abusos ha evidenciado que las autoridades eclesiásticas necesitan una perspectiva femenina", sostiene Zuzanna Flisowska, la directora general de esta organización compuesta por exreligiosas, activistas y víctimas.
Incluso, hay quien espera que en estos días surja un debate mayor, que implica de lleno a las mujeres: su capacidad de acceder al sacerdocio, dentro de una reflexión global sobre el fin del celibato o la posibilidad de que hombres casados se conviertan en curas, todas ellas propuestas que parte de la Iglesia hace para evitar abusos.
De momento, toca recurrir al realismo del obispo Scicluna: "En tres días no vamos a resolver el problema, pero ya que se celebre la cumbre es una buena cosa".