Vacuna: ¿universal y obligatoria?
La vacunación no culminará como nos anuncian ni en el primer semestre ni durante el año 2021.
A decir de muchos gobiernos nos encontramos en el principio del fin de la pandemia, y todo gracias a la proximidad y a la gran efectividad de las vacunas. Sin embargo, da la impresión de que nos hayamos olvidado de lo más importante: la pandemia es social y global y la inmunidad de grupo solo puede ser global.
El principal objetivo con la vacuna es precipitar la inmunidad de grupo sin las secuelas del largo periodo para la inmunidad natural y la consiguiente plétora sanitaria. Todo a partir de una seroprevalencia que al cabo de diez meses de pandemia sabemos que apenas llega al diez por ciento entre la población española. Sin embargo, hasta entonces, nos dicen que deberemos seguir actuando como si la perspectiva inmediata de la vacuna no existiese, manteniendo y reforzando las actuales medidas preventivas de reducción de la movilidad y de limitación de aforos, horarios y espacios cerrados facilitadores de la transmisión.
En esto nos jugamos mucho: el final de esta segunda ola, que hasta ahora ha tenido consecuencias más dramáticas incluso que la primera, y que al menos en Europa y España repunta de nuevo en estos últimos días, así como la prevención y la contención, en la medida de lo posible, de una tercera ola de la pandemia, que llega además en pleno invierno y que coincidirá con el inicio de la vacunación y con la consiguiente presión añadida sobre un más que estresado sistema sanitario. Una primera impresión es que la expectativa de la vacuna opera ya como un factor relajante del compromiso ciudadano.
En cuanto a la vacuna en sí, la agilidad de la investigación hasta la reciente disponibilidad para su puesta en el mercado no tiene precedentes en la historia de la vacunología. Ya existen más de trescientos proyectos, un centenar de ellos en situación de investigación avanzada, más de una decena en las últimas fases de ensayo clínico y alguna de ellas en la fase definitiva de administración en varios países como Gran Bretaña, Canadá, Rusia, China o los EEUU, ante todo gracias al ingente apoyo público a la investigación, desarrollo y comercialización de la mayor parte de ellas. Otra parte minoritaria lo han sido gracias a iniciativas de fundaciones sin ánimo de lucro, y apenas en unas pocas en base a financiación exclusivamente privada.
A la impresionante velocidad de la investigación de las vacunas se suma el que los datos, contrastados hasta ahora por las agencias oficiales del medicamento, muestran un alto grado de seguridad y una eficacia que con las dos dosis supera el noventa por ciento. Aunque, en paralelo, sea necesario reconocer que la falta de transparencia, la carrera publicitaria y los movimientos especulativos en bolsa de las compañías farmacéuticas, junto a la presión explícita de los gobiernos para tenerla cuanto antes a su disposición, hayan traído como consecuencia un ambiente de mayor suspicacia entre una parte significativa de la ciudadanía con respecto a su seguridad y efectividad, en un terreno que ya había sido abonado por el discurso del negacionismo.
Las encuestas realizadas hasta ahora así lo demuestran, de tal forma que entre los que han decidido no vacunarse y los que tienen reservas o esperarán para hacerlo a ver sus efectos y posibles complicaciones, podríamos estar hablando de más de la mitad de la población. Algo que no afecta sólo a una parte de los españoles y europeos, sino que se puede considerar un problema global que se ha agravado y se sigue incrementando en los últimos meses de pandemia.
Sin embargo, dentro de la estrategia de vacunación recientemente diseñada por un equipo multidisciplinar, se excluye de plano la obligatoriedad de la vacuna, no se sabe si por considerarla innecesaria o contraproducente, ya que existen precedentes legales que avalarían la medida como una prioridad de salud pública, y por el contrario se dedica un capítulo a la necesidad de modificar mediante la pedagogía y el ejemplo de la práctica, la resistencia a priori de una parte mayoritaria de la población.
Con ello se pretende contribuir a reducir las dudas de solo una parte, aunque no parece viable pensar en hacerlo de inmediato y para una mayoría, al menos a tenor de otras experiencias recientes de vacunaciones voluntarias. La vacunación obligatoria en los USA y en recientes estudios europeos se asocia con una mayor cobertura de vacunación y con una menor incidencia de las enfermedades.
A todo ello habría que sumar, aunque solo sea inicialmente, a otra parte no insignificante de la población que no puede o no debe vacunarse. Hablamos de niños, embarazadas, alérgicos, enfermos graves o inmunodeprimidos.
En consecuencia, de acuerdo con la previsión actual de que las vacunas tengan una efectividad general de en torno al noventa por ciento y que se vacune a lo largo del año un cincuenta o como mucho sesenta por ciento de la población española, terminaremos el año 2021aún lejos de la inmunidad de grupo, prevista por los expertos en más de un setenta por ciento. Algo, todavía más inalcanzable si cabe a nivel mundial.
Porque el problema fundamental para la inmunidad de grupo es que para ser efectiva ésta debe ser global, cuando, hoy por hoy, buena parte los países ricos, entre los que nos encontramos, siguen priorizando lo nacional y, en consecuencia, acaparando las vacunas para sus ciudadanos. Los países desarrollados, a pesar del sistema COVAX de garantía de acceso a las vacunas por los países empobrecidos, ya han comprado más del cincuenta por ciento de la producción de vacunas para la covid-19, cuando no llegan siquiera al quince por ciento de la población del planeta. A ello hay que añadir el cuarto mundo que persiste dentro de los países ricos sin sistemas universales de salud, lo que impide que la vacuna pueda llegar con normalidad a los sectores más desfavorecidos.
En consecuencia, la vacunación no culminará como nos anuncian ni en el primer semestre ni durante el año 2021, sino que empezará como muy pronto ya avanzado el año 2022 entre los sectores marginados y en los países empobrecidos, y por tanto la inmunidad global se retrasará hasta más allá del año 2022 si no se corrige el criterio del interés del capitalismo global y los modelos sanitarios nacionales no universales.
Frente a todo ello, una medida de sentido común e imprescindible para luchar contra la pandemia sería acceder a la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, como hoy piden la India y Suráfrica, así como un avance sustancial en la universalización de los sistemas sanitarios y en la gobernanza global de la salud pública. Solo así podremos avanzar en una inmunización global que nos acerque siquiera a la inmunidad de grupo.
La negativa actual a tales medidas significa aceptar el hecho de que una parte de la población no se podrá o no se querrá vacunar, y por tanto será obligado el mantener las actuales medidas de control, distanciamiento y mascarillas de cara al futuro, entendido éste como los cinco o seis años que restan hasta la inmunidad natural. Sin embargo, viendo lo que está ocurriendo en esta segunda ola, en la medida que la pandemia se prolonga y con ella se incrementa el cansancio de los ciudadanos, mantener esta tensión durante varios años tampoco parece posible.
La opción implícita sería mirar hacia otro lado, dando por hecho que el incremento de la inmunidad es limitado y por tanto que se va a mantener en todo caso una incidencia, aunque menor, del virus, y por tanto de su impacto en la sanidad, aunque sin provocar el colapso, y por ello con una más baja mortalidad.
No será posible evitar entonces el debate de cómo proteger a los más vulnerables no inmunizados y sobre la posibilidad de instaurar una suerte de pasaporte serológico que se apoye en los que ya son inmunes, y que en consecuencia, los priorice en la relación a la movilidad, discriminando por contra a los no vacunados o no inmunizados con condiciones como hacerse test previos para trabajar o entrar en zonas y ambientes de riesgo. Una opción tan inevitable como discutible y potencialmente conflictiva.
La única forma de evitar un mal mayor como éste es la obligatoriedad de la vacuna desde el principio, en particular entre las profesiones y actividades con los grupos vulnerables como la sanidad, los servicios sociales, los sociosanitarios y las actividades de cara al público, algo a extender más tarde a todos los ciudadanos.
La tarea que nos queda por delante es tan enorme como lo ha sido la investigación exprés de las vacunas y como lo será la logística de la vacunación. Porque ya no estamos en el laboratorio, sino que se trata de la población y de la vida real.
El mal trago es ahora, o si no más tarde será la discriminación y la imposición. Dicho de otra forma, más vale ponernos colorados ahora, que estar después mil veces amarillos.