¿Una política hacia el desastre?

Existe una política europea cuya verdadera importancia pasa desapercibida para la mayoría de los ciudadanos. Si bien es muy conocida, no lo son tanto las implicaciones e impactos que ésta acarrea. Se trata de la Política Agrícola Común, o PAC, por sus siglas. En la actualidad es la política que más dinero se lleva del presupuesto de la Unión Europea, con un coste aproximado de más de cien euros por ciudadano y año. Suponiendo unos sesenta mil millones de euros al año que se destinan mayormente a dos grandes partidas. Por un lado, ayudas directas a los agricultores para compensarles por los bienes públicos que proveen a la sociedad, y, por otro lado, la financiación del desarrollo rural. Si bien las ayudas directas a los agricultores se llevan dos tercios del presupuesto.

Todo ello sería aceptable si la PAC no generase un montón de problemas. Pues casi nadie duda de su necesidad, al tratarse de la política que regula un sector y ámbito estratégicos de los que todos dependemos. Sin embargo, más del ochenta por ciento de las ayudas se concentra en menos del veinte por ciento de los beneficiarios. Es más, las explotaciones agrícolas más grandes y mejor ubicadas, esto es, más próximas a las ciudades y en zonas más bajas y llanas,  son las más beneficiadas. Concentrando no poca de la ayuda en grandes urbes, ya que existen los denominados popularmente como agricultores de sofá. Esto se debe a que las ayudas están fundamentalmente dirigidas hacia la producción, en la práctica, a las tierras agrícolas y al número de cabezas de ganado en propiedad, y que se pueden comprar los derechos a las ayudas. La consecuencia más grave de ello es que las explotaciones más pequeñas y peor ubicadas apenas reciben ayudas o no las reciben, por lo que son expulsadas del mercado al no poder competir. De hecho, entre 2007 y 2013 cerraron en España más de once mil explotaciones agrícolas al año y en el conjunto de la UE cerca de tres millones de explotaciones durante ese período.

Desde el punto de vista ambiental, la PAC es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad en la UE al condicionar absolutamente la producción agrícola, intensificándola, en el cuarenta por cierto de su superficie. Es decir, fomentando el aumento del rendimiento por unidad de superficie, a base de más y más consumo de agroquímicos y concentrando más cabezas de ganado. Por el camino se ha fomentado directa e indirectamente la eliminación de árboles, arbustos y vegetación de los márgenes de los campos y de las riberas de los ríos. Todo ello con un mero enfoque productivista, a pesar de que producimos más alimentos de los que se necesitan y con un desperdicio alimentario cercano al cincuenta por ciento. Es de este modo como la UE se ha convertido en el mayor exportador de alimentos del mundo.

Actualmente se están decidiendo en la UE las reglas que regirán la PAC hasta 2030. A pesar de la ingente cantidad de trabajos científicos que analizan sus graves impactos sociales y ambientales y que proponen modos de mejorar su desempeño, no se están teniendo en cuenta. Tampoco se consideran las recomendaciones más importantes del tribunal de cuentas europeo, como que los pagos directos no son la mejor forma de abordar los problemas ambientales, de cambio climático o de equidad social. Es más, ni siquiera se han considerado los resultados de la encuesta ciudadana que se realizó sobre la misma hace dos años. De la que se desprendía una demanda por una mayor acción respecto de su inequidad y graves impactos ambientales. Y en un mayor ejercicio de incoherencia se ha descartado vincular reglamentariamente la PAC con el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. Respecto de la agricultura, ésta se ha integrado mediante las estrategias de la granja a la mesa y sobre biodiversidad para 2030 que tratan de garantizar una cadena alimentaria más sostenible, por ejemplo, exigiendo que un 10% de la superficie agrícola se destine a medidas de biodiversidad, reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas o que el 25% de la superficie agrícola esté bajo producción ecológica.

Por lo tanto, no es de extrañar que la actual reforma de la PAC haya concitado más controversia y contestación social que nunca. Prueba de ello es la creación en España de la Coalición Por Otra PAC que agrupa a cerca de cuarenta organizaciones, representando a consumidores, productores agrícolas y oenegés ambientales. Similares coaliciones existen en diversos países de la UE, que pretenden una PAC social y ambientalmente más justa y equitativa. Lo más grave de todo no es la escasa legitimidad de la PAC, sino la deslegitimación de las instituciones europeas y que no se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía hay margen para la esperanza, pues la Comisión Europea tiene en su mano descartar esta propuesta reglamentaria que ha heredado de la anterior Comisión. Como último recurso para evitar el desastre, también está en la mano de los Estados miembro mejorarla gracias al amplio margen que se les va a permitir.

Alberto Navarro Gómez es investigador de la Universidad de Oviedo.