"Una limosna para acallarnos": el hartazgo de los sanitarios ante los planes de Madrid para la Primaria
La comunidad destinará 200 millones al eje vertebrador del SNS, una cantidad que los facultativos consideran "paupérrima".
La de Isabel Díaz Ayuso y la sanidad es una historia complicada. “Un puedo y no quiero”, describe Ana Moneo, médica en la capital. “Lo mismo te monto un hospital sin personal que trato de acallarte con un plan de todas todas insuficiente”, añade. La pandemia no ha hecho sino evidenciar que la inversión en Salud Pública queda lejos de sus prioridades al frente de una comunidad que sí podrá costear una indemnización, para evitar juicios, a 15 residencias privadas que llevaron su gestión ante los tribunales. Es lo que piensa un sector que ve cómo día a día se minan sus capacidades de maniobra en detrimento de la calidad del servicio al ciudadano.
Casi 20 meses después de que el coronavirus pusiera patas arriba nuestro sistema sanitario, mientras en el ‘Madrid de las libertades’ se van dando pasos para recuperar la normalidad, como la permisión de no llevar mascarillas en los patios escolares o el regreso a las pistas de baile, el principal frente de la región, la situación de una Atención Primaria que ha ido empeorando a marchas forzadas, se enquista.
Las plantillas no se han reforzado pese a haberse visto disminuidas de forma generalizada. Los retrasos en las citas para acudir al Médico de Familia han aumentado, aun incrementándose las consultas telefónicas, y las listas de espera para ser atendido por un especialista o realizarse una prueba diagnóstica, también han crecido.
“La covid no ha hecho más que evidenciar la situación de precariedad en la que se encontraba la Atención Primaria en nuestra comunidad”, recalcan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
A día de hoy, la pata del sistema sanitario soporta un 40% más de carga asistencial que durante los primeros meses del virus y está volcada al máximo con la atención a pacientes covid, “tanto en su diagnóstico, como en el seguimiento de contagios, el rastreo o la vacunación”, añaden. Además, se encarga de atender a las residencias de mayores asignadas y de llevar a cabo las tareas de burocratización. Una situación que da lugar a agendas permanentemente sobrecargadas.
Un plan que no convence
Recuperar su verdadero “espíritu de prevención, promoción y educación para la salud” es el objetivo, y para acallar las demandas, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, presentó el pasado miércoles un plan: 200 millones de euros directos a la primaria en los próximos dos años.
En palabras del consejero, una cantidad que dará lugar a una AP “más moderna, atractiva y competente”. “Más accesible, que agilice la respuesta a las citas médicas y que apueste por soluciones tecnológicas y por la atención en domicilios, además de contar con mejoras laborales para los profesionales”, apuntaba.
La propuesta, sin embargo, ha logrado lo que no había conseguido casi nada hasta la fecha: poner de acuerdo a los cinco principales sindicatos del sector a la hora de rechazar lo que ni siquiera llegan a considerar un plan como tal.
“Se trata más bien de un desastre de medidas inconexas”, describe María Justicia, médica de familia desde hace 30 años y presidenta de Atención Primaria en el sindicato AMYTS. “Ni plan integral ni mejora de la Atención Primaria. Han puesto una cantidad de dinero paupérrima e insuficiente. Es como dar una limosna para que no nos quejemos”, asevera.
Para la doctora, desde el punto de vista de los facultativos es un proyecto de continuidad del deterioro progresivo y la destrucción de la AP que lleva perpetrándose desde hace años.
Déficit de plazas...
Las números no dan. La comunidad parte de un déficit actual de 1.096 profesionales, según los últimos datos, de 2019, del Ministerio de Sanidad. “Este verano había 950 plazas, según hemos recibido por notificación de la Consejería, que llevaban más de tres meses sin cubrir. Una desproporción en relación con otras comunidades. Somos la CCAA con menos médicos por cada 10.000 habitantes”, destaca Justicia. “Nos faltarían aproximadamente unos 1.000 para llegar a la media del 7,6″, añade.
“Pero además, también somos la que menos invierte en Atención Primaria. Si la media que destina cada región en su partida de Sanidad a la AP es del 14%, nosotros destinamos un 11,2%. A la cola de todo”, resume. El gasto público sanitario de Madrid solo alcanzó el 3,7% de su PIB en 2019, muy por detrás de la media nacional del 5,6%.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que una primaria potente es la base del sistema sanitario ya que por sí sola resuelve cerca del 85% de las demandas y necesidades de los ciudadanos, y por ello, la inversión en Sanidad debería rondar el 25%. Cifra a la que no se aproxima ninguna comunidad española.
“Como consecuencia del abandono de recursos y la llegada de la pandemia se ha producido un desbordamiento que ha puesto a la AP en jaque mate. La accesibilidad y la longitudinalidad que debe tener es del todo imposible. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero prácticamente nos hemos convertido en trabajadores de una cadena de producción en la que vamos poniendo tornillos. En vez de ver pacientes, despachamos pacientes. Funcionamos a demanda aguda, como un servicio de urgencias. No tenemos consultas programadas y cada día más médicos van abandonando el barco por la situación en la que se encuentran”, reconoce. No es un problema de falta de facultativos, insiste Justicia, el problema son las condiciones en las que se ven envueltos.
... y más jubilaciones
Al déficit de profesionales, se suma la jubilación de una generación que dejará todavía más plazas vacías. En total, 1.250 médicos abandonarán su puesto en los próximos meses liberando unas vacantes que no lograrán cubrirse con los 264 médicos que Madrid planea contratar.
“Si tenemos en cuenta que cada año acaban 223 residentes de medicina de familia y 85 pediatras, aun pensando en que se quedaran todos ellos en Atención Primaria, cosa que no pasa, no cubriríamos ese déficit”, señala la sanitaria.“El problema es que el año pasado se quedaron 44, y este 17″, explica. “Estamos quemados, psicológica y físicamente, y eso también pone en riesgo la seguridad del paciente”, añade.
Obligada marcha atrás
La última jugada que ha encendido al sector se producía este mismo martes, cuando la Consejería de Sanidad informaba a través de una nueva orden a las direcciones asistenciales (DA) de que retiraba las competencias para decidir a los directores de los centros de salud sobre cuándo requerirían de sustitutos o doblajes en sus plantillas.
Tras conocer la noticia, directores de 98 centros de salud se echaban a la calle asegurando sentirse “inhabilitados” y “suspendidos de funciones” al dejarles sin capacidad para cubrir las bajas de facultativos.
Finalmente, el levantamiento ha conseguido frenar la decisión de la comunidad, que a media mañana de este miércoles rectificaba dando marcha atrás al plan tras las amenazas de dimisión en bloque.
Políticas claras y acciones directas
“Hacen falta políticas claras, acciones directas”, reclaman desde CSIF. A nivel nacional, según adelantaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el acto de clausura del XLI Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) celebrado recientemente en Mallorca, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año incluirá partidas finalistas dedicadas a los procesos de digitalización y la mejora de la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria como “pilar fundamental” del SNS.
“Habrá que verlo”, matiza Justicia. “El último Consejo Interterritorial de Salud también puso de relevancia la necesidad de abordar el asunto con medidas concretas pero, de momento, están por llegar”, admite. “Al final acaba siendo un brindis al sol. Cada Consejero vuelve a su comunidad y hace lo que quiere, pero aquí seguimos, sin inversión clara ni apuesta fuerte”.