La explicación legal más allá de la polémica sobre el bebé que no vivirá en la "Galicia profunda"

A primera hora de la mañana se daba a conocer la noticia de que una magistrada de Marbella (Málaga) había retirado la custodia de su hijo de un año a una mujer por vivir en “la Galicia profunda”. Sin embargo, esta decisión tiene varios aspectos jurídicos que reafirman la decisión más allá de menospreciar la nueva ubicación de la madre.

Así lo ha explicado la abogada especializada en derecho de familia Isabel Winkels, de Winkels Abogados, y que ha compartido en el portal Confilegal. En este caso, la abogada ha querido dar una perspectiva legal más allá del mero titular sobre el pueblo gallego.

Para ello, Winkels pone en contexto que la pareja de hecho se habían conocido en Madrid durante cuatro años y cuando decidieron formar una familia se desplazaron a Marbella, donde los dos tenían opciones labores, y donde se trasladaron en enero de 2020.

En verano de 2021, un año después del nacimiento de su hijo, la pareja comenzó a tener problemas y tras varias amenazas de la madre para volverse a su Galicia natal con su hijo, se marchó finalmente el pasado 3 de septiembre.

La abogada explica que tras llevar el caso al juzgado de Primera Instancia de Marbella, la madre se opuso a cualquier clase de custodia que no fuera materna y además solicitó 1.200 euros de pensión para el bebé.

En el auto del 8 de octubre, la magistrada encargada del caso, María Belén Ureña Carazo, constató que el padre estaba capacitado para cuidar a su hijo y acordó conferir la custodia al padre de manera provisiona hasta la valoración del Equipo Técnico adscrito al juzgado.

De esta forma, la magistrada no dudó en revertir la situación aplicando el derecho a la igualdad efectiva y ordenando la vuelta del menor a Marbella, ciudad en la que ambos progenitores habían decidido de común acuerdo y tras valorar las circunstancias se adoptaría la solución más adecuada para preservar el superior interés del menor.

El auto de 22 folios, se aleja del hecho inicial del traslado no consensuado a otra localidad con la consiguiente quiebra del principio de corresponsabilidad parental, como la dificultad que plantea la madre para que el padre tenga comunicación con su hijo.

“Esta resolución lanza un mensaje a aquellos progenitores que creen que los hijos son de su propiedad: no lo son”, publica Winkels en su escrito, en el que añade que los padres tienen la obligación de consensuar el destino del hijo que han tenido en común.

Casos cada vez más comunes

La abogada también hace referencia que esta es una situación cada vez es más frecuente y recuerda tres casos similares que tiene en su despacho legal.

En esos casos a los que se refiere han tenido tramitación dispar en función de las resoluciones dictadas. “En estos casos, ¿quién es el competente para dirimir el procedimiento? La respuesta está clara: siempre el del último lugar de residencia común de la familia, salvo que haya mediado consentimiento explícito o implícito –lo que resulta a veces difícil de probar- a ese traslado”, ha señalado.

La postura materna

El caso lo publica La Voz de Galicia, que asegura que el escrito define Marbella como una “ciudad cosmopolita”, con infraestructuras, “un buen hospital” y “todo tipo de colegios para poder educar a un niño, públicos o privados”. Añade que ofrece posibilidades para el correcto desarrollo del menor, “lo que no sucede con la pequeñísima población en la Galicia profunda a la que se ha trasladado la madre”. Este lugar, que está en la zona de la ría de Muros y Noia, se encuentra, según la jueza, “lejos de todo” y allí no hay “opciones laborales”.

La mujer se mudó fuera de Galicia hace cuatro años por trabajo y conoció a un hombre, con el que tuvo un hijo. Hace dos años él se fue a Marbella también por motivos laborales. Fue allí donde nació el bebé. El pasado verano, la pareja puso fin a su relación y ella regresó a Galicia. Ambos pidieron la custodia compartida

La abogada de la mujer, Claudia Traba, ha presentado una queja formal ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial por el “absoluto desprecio” con el que considera que ha actuado la jueza.

También va a presentar, según el diario, un escrito para pedir la nulidad del auto de medidas previas por entender que no es imparcial y que en la vista no se tuvieron en cuenta buena parte de las pruebas que aportó la madre. La defensa cree que pudo haber una vulneración de los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva.