Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social
El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020 y muchas se quedan fuera del sistema de apoyos.
Una cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión social -el 33,8 %-, la cifra más elevada de la última década y 11 puntos porcentuales por encima de la población sin discapacidad (23%).
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este domingo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha alertado del incremento constante de la exclusión y la pobreza de este grupo social y urge a aplicar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de este grupo social.
Durante la pandemia, las personas con discapacidad están sufriendo con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general, como el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna que se puedan permitir, explica la asociación.
“Los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social de la covid-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad, quienes estamos viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios”, denuncia su presidente, Anxo Queiruga.
Impacto de la crisis sanitaria
La escasez de viviendas accesibles (tanto en venta como en alquiler), el incremento del coste de los alquileres y el sobrecoste que implican las tecnologías de apoyo y sistemas domóticos son algunos de los factores que restringen el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad, explica.
De los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, el 74 % necesita ayuda para poder salir de su vivienda por falta de accesibilidad en su edificio, lo que representa más de 1,8 millones de personas. De ellas, más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de esta ayuda.
También les ha afectado más la subida de la luz porque muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente (sistemas domóticos, grúas de elevación, dispositivos de hemodiálisis o máquinas de oxígeno).
El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020 y muchas se quedan fuera del sistema de apoyos porque el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando, a pesar de ser la puerta de acceso al sistema de beneficios para compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad, denuncia el movimiento asociativo.
