Un año a cubierto: Juan Carlos I sigue en Emiratos, en la diana judicial y sin fecha de vuelta

Juan Carlos I se marchó a Emiratos Árabes Unidos hace un año, sorpresa en un tórrido 3 de agosto de pandemia. En su cabeza, la escapada era breve, dolorosa pero soportable; un tiempo en terreno conocido, amigo, y vuelta en cuanto su gesto calase y calmase las aguas. La realidad, tozuda, le desbarató los planes.

Con su huída a Oriente Medio, el rey emérito no ha dado “tranquilidad y sosiego” a su hijo, Felipe VI, como deseaba en su carta de despedida, sino que su proclamado “afán de servicio a España” se ha visto afeado por comportamientos que, sin peros ni matices, son impropios de un monarca. La distancia no ha sido el olvido, sino el amplificador: está fuera y lejos porque tiene problemas con la justicia, está fuera y lejos porque no es bienvenido en Zarzuela. El horno aún no está para bollos, esto es, para su regreso, y puede que no acabe de estarlo ya nunca.

El año ha sido largo, salpicado de novedades judiciales filtradas a la prensa que opacaban más aún su trayectoria pasada -“de los aplausos a las críticas”, como titula Hola-, de pruebas y hasta nuevas denuncias, de intentos de recomponer su imagen, de control en las informaciones sobre sus rutinas, sus gastos y su estado de salud, y de cansancio por parte de los ciudadanos. Rabia también. El actual monarca ha tratado de hacer control de daños a base de intervenciones muy limitadas y medidas, dentro de su propia espiral de polémicas por discursos o indultos.

La cuesta abajo se ha acelerado en el último año: tras la abdicación en 2014, su retirada de la vida pública en 2019, Nóos, Botsuana y Corinna, llegaron en marzo publicaciones sobre generosos regalos por parte de Arabia Saudi, de hasta 65 millones, y comenzó el dominó: se le retiró la asignación del presupuesto de la Casa Real, en junio, y acabó dejando el país dos meses más tarde. Sin la épica de otros exilios, como el que le llevó a nacer en Roma, sino de la marcha autoimpuesta o asumida porque no queda otra de quien se pone a cubierto. No ha regresado ni una vez.

Su vida en Abu Dhabi

Juan Carlos de Borbón, a sus 83 años, vive a cuerpo de rey, pero no hace vida de rey. Sus contactos se han visto muy rebajados y no es todo culpa del coronavirus: la coyuntura aconseja perfil bajo. Según han publicado medios como El País o Vocento, sus días pasan como invitado de Mohamed bin Zayed al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dhabi, en la isla de Zaya Nurai, a tiro de piedra en barco de la capital emitarí. Telecinco descubrió su hogar de 1.050 metros cuadrados y 4.100 de parcela, seis dormitorios, siete cuartos de baño, piscina y acceso a una playa privada.

Lee la prensa, ve películas, hace llamadas y recibe al fisioterapeuta y a algunos amigos, en escasas ocasiones hace viajes cortos y cercanos sin salir del Golfo Pérsico y echa de menos a su gente. Cada mes van a verlo sus hijas, las infantas Elena y Cristina -que hasta aprovecharon para vacunarse causando una polémica francamente evitable-, y también a su médico personal. Poco más. Alguna foto escapada en redes sociales ajenas que su entorno ha usado para demostrar que su salud era buena, en un momento en que se especuló con que estuviera grave por coronavirus y se le viera acompañado de dos asistentes para poder caminar. Así va, con bastón y ayuda, porque se niega a usar la silla de rueda.

Está rodeado permanentemente de cuatro escoltas y tres ayudas de cámara, que sí pagan los impuestos de los españoles. Eldiario.es publicó que al primer grupo  le paga Interior y al segundo, Patrimonio del Estado. Hablamos de nóminas, estancia y viajes y desplazamientos.

Juan Carlos I quiso volver a Zarzuela en Navidad. Se le transmitió que era aún poco aconsejable. Su gente dice a los cronistas clásicos de la Casa Real que se encuentra “tranquilo”, que “no se arrepiente de nada”, que entiende que su situación está “bajo control”. No está encausado, insiste siempre el Gobierno central cuando se le pregunta por este espinoso asunto, y la respuesta sobre su regreso siempre es la misma: que vuelva “cuando necesite o quiera”, en palabras de la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, porque nada se lo impide.

Lo que tiene pendiente

Con el paso del tiempo, Juan Carlos ha abandonado la urgencia inicial por volver a Madrid. Quiere regresar, claro, pero insiste en hacerlo a su palacio, Zarzuela, casa de su hijo y su familia, donde él estaba en los últimos tiempos en un pabellón anexo, no en el edificio principal. Demasiado cerca del monarca que trata de separarse de su estela, demasiado cerca del poder. Imposible, a día de hoy.

Porque, por muy calmado que transmita estar, los expedientes judiciales que le persiguen engordan con los días y se prolongan más de lo esperado, y más que lo harán. Tres son las causas, principalmente, de las que aún debe responder: sus regularizaciones con Hacienda, las ayudas del AVE a la Meca y las sociedades en paraísos fiscales.

La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando las dos regularizaciones que el monarca ha llevado a cabo desde Abu Dhabi, en las que puso sus esperanzas de redención. La primera de ellas fue en diciembre del año pasado, por valor de 678.393,72 euros en relación al uso de tarjetas bancarias por parte del emérito y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Ese dinero se depositó ante la Hacienda madrileña al utilizar la vía de la regularización del impuesto de donaciones.

La segunda se produjo en febrero y fue mucho más cuantiosa, 4.395.901,96 euros, contemplando intereses de demora y recargos. Ha trascendido que tuvo que hacer colecta entre amigos y conocidos (Alicia Koplowitz, Vicente Boluda o Alejandro Aznar) para lograr el dinero y su declaración voluntaria fue por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, desde antes de la abdicación a mediados de 2014 hasta 2018, cuando ya había perdido la inviolabilidad.

Pagar este dinero no cerró ese flanco, porque en mayo la Agencia Tributaria inició una inspección al rey emérito para verificar si ha cumplido sus obligaciones con Hacienda. Se le ha pedido numerosa información patrimonial y bancaria. El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, está siendo especialmente pulcro a la hora de examinar cada documento, en un proceso mirado con lupa. Tiene que dilucidar si el dinero devuelto ha sido un gesto “espontáneo, veraz y completo” o sólo un gesto de cara a la galería. De momento, el grupo formado por fiscales y peritos de la Agencia Tributaria lleva tres meses inspeccionando los pagos. El rey espera en Emiratos.

El marido de la reina Sofía tiene otras dos diligencias abiertas en el Supremo, donde se encuentra aforado por su cargo. Una es la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca en 2014, cuando todavía era inviolable, por lo que es previsible que el caso sea archivado y no le dé más dolores de cabeza, por más que quede irresuelta la causa.

La otra es la relativa a unas supuestas sociedades abiertas en paraísos fiscales para ocultar el dinero a Hacienda. En dicho caso, que está abierto desde noviembre pasado, fue el servicio de antiblanqueo el que recibió una información de “inteligencia financiera” sobre una supuesta fortuna en la isla de Jersey. Diversas informaciones hablan de un montante de diez millones de euros que el emérito intentó mover poco antes de que se supiera de su existencia. Se trataría de un trust en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que engorda con fondos de otro vehículo financiero similar en las islas del Canal.

La vista no sólo la tiene puesta en los juzgados de Madrid, sino en Ginebra y en Londres. En la capital suiza sigue trabajando, incansable, el fiscal Yves Bertossa, que revisa los movimientos bancarios de la fundación panameña Lucum, administrada supuestamente por Juan Carlos I. Va de la mano de la justicia española, con la que la conexión es intensa, para revisar el dinero del emérito en su territorio, sobre los que tiene sospechas de presunto cohecho internacional, incluso sostenido en el tiempo.

A principios del mes pasado viajó a Madrid para compartir información con el fiscal Campo, pero se desconoce los frutos del encuentro del que, según varias informaciones, han surgido también estrategias de actuación. Suiza investiga sobre todo los movimientos contables de Zagatka, una serie de viajes reales y su hipotética correlación, luego, con ingresos en cuentas de tres bancos locales.

En Reino Unido, la brecha es más personal: la empresaria Corinna Larsen ha denunciado al emérito ante el Tribunal Superior británico por acoso y por someterla a “vigilancia ilegal” a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que había denunciado ya reiteradamente en entrevistas con la BBC y en declaraciones judiciales. La denuncia de la examiga del monarca sostiene que sufrió acoso “desde 2012 hasta el presente”, lo que incluye amenazas y difamaciones, así como “vigilancia” tanto “encubierta” como “visible”. La justicia londinense es la que debe decir ahora si es competente para investigar a un exjefe del Estado de otra nación.

El cerco político

El 57,% de los españoles cree que el rey Juan Carlos debe volver a España y otro 73% considera que ha sido un valor fundamental para la democracia, según un sondeo publicado el pasado domingo por el diario La Razón. Su figura se desgasta pero aún resiste, pese a todo, aunque las conclusiones vengan de encuestas particulares ya que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) no pregunta por la monarquía desde 2015.

Pero, incluso aunque la justicia cierre todos los expedientes por inocencia, prescripción o aforamiento, el exilio del rey y su origen han abierto la caja de Pandora de un debate esencial para el modelo de España: el de monarquía o república. Por ahora, la institución como tal también aguanta, no superan el 40% los españoles que prefieren la república, pero los márgenes se estrechan. Y rápido.

Más aún cuando ahora gobierna en La Moncloa una coalición de dos formaciones de alma republicana. Una, el PSOE, aún guarda ese debate para más adelante, por más que reivindique esos valores. La otra, Unidas Podemos, no usa medias tintas. La presión que puede ejercerse sobre el actual rey para que tome medidas sobre su padre o haga gestos es un fenómeno nuevo en nuestro país. De ello depende también el retorno de Juan Carlos I y sus condiciones, además de la rendición de cuentas, justicia al margen.

Ha habido choque entre los socios, después de que el PSOE se posicionase en contra de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las actividades del rey emérito, una propuesta impulsada por Podemos, justamente. Los socialistas habían pedido un gesto a Felipe VI y entienden que la marcha de su progenitor a Abu Dhabi era el primer gran paso. El mensaje, mientras, es el de que si un día la justicia lo llama, vendrá. “No podemos transmitir una imagen de fuga”, decía el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

De momento, llegan los aniversarios de lo que para unos es una “estancia” y para otros una “escapada”, con la duda de los procesos por venir y la certeza de que la figura impoluta defendida por los juancarlistas tiene hoy demasiados desconchones encima. Está por ver si el jarrón chino aguanta o se rompe.