Tripartit (tercera parte)

En la historia reciente de la política catalana, el término Tripartit está asociado a periodo de turbulencias. Los dos gobiernos que firmaron entre 2003 y 2010 el PSC, ERC e ICV –antecesores de los Comuns– se caracterizaron por la agitación, las diferencias internas y la ejecución de un gasto muy por encima de la financiación disponible. El contundente resultado con el que Artur Mas aniquiló la posibilidad de un tercer acuerdo de las izquierdas ilustra el poco apego que esta fórmula dejó en el electorado catalán.

Pero hace unos años que la política catalana actual se ha entregado de lleno a Murphy y sus leyes. Efectivamente, por mal que vayan, las cosas siempre pueden ir a peor. El Procés y los efectos que ha tenido en el ámbito político, económico y social –al cual hay que sumar la profunda división del independentismo, tanto por razones estratégicas como partidistas– ha dejado un terreno dinamitado sin posibilidad alguna que surjan iniciativas transversales que logren ser un motor de transformación y consigan arrastrar a una parte sustancial de la sociedad catalana. Los capítulos de la ampliación del aeropuerto y de la configuración de la mesa de negociación son los penúltimos episodios. Dentro de poco llegarán más, que ya se intuyen en el horizonte inmediato por la falta de liderazgo, de cohesión social y de revitalización que sufre el país: la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 y los fondos Next Generation. En ambos se huele que acabarán siendo nuevas pérdidas de oportunidades para el país.

El actual Govern surgido de (otra) larga y penosa negociación entre los partidos independentistas había de cambiar la fatídica dinámica de los últimos años, donde la agenda estaba monopolizada por un único tema. Pero a la primera de cambio, el ejecutivo se ha enredado sólo, sin necesidad ni tan solo que nadie le tienda una trampa, sino simplemente por la torpeza de los partidos que lo integran. Como pasaba en los años del Tripartit. 

El primer tropiezo ha llegado cuando justo se habían cumplido cien días del camino de gobierno. La inmadurez de ERC para afrontar la ampliación del aeropuerto, sumado a su permanente complejo de inferioridad –en esto caso, no con Junts, sino con las izquierdas radicales, como la CUP y los Comuns– le ha acabado llevando a un callejón sin salida. El Govern, presidido por Esquerra, aceptaba la propuesta de Aena, pero esta formación enviaba consellers a la manifestación de protesta anunciada para el día 19. ERC –que en los años en que Oriol Junqueras fue conseller de Economía y Pere Aragonès su mano derecha procuró labrar una cierta relación de confianza con el tejido empresarial catalán– tenía informes que conducían a la irreversibilidad de la ampliación del Prat si Barcelona y Catalunya no querían perder oportunidades de futuro. Pero al final a Aragonès –uno de los hombres más centrados, que no necesariamente centristas– de la política catalana actual le tembló el pulso y quiso estar en la procesión y tocando campanas al mismo tiempo, para acabar finalmente en ningún sitio. Un accidente que si finalmente se confirma (hay movimiento en diferentes círculos para buscar una posible salida) supone el primer borrón en el recientemente acabado de estrenar expediente del president.

Y cuando los ecos del aeropuerto aún resonaban en cada rincón de los despachos institucionales y, sobretodo, de las empresas del país –no las del Ibex, sino las pequeñas y medianas, que constituyen la base de la actividad económica de Catalunya–, se presenta un nuevo conflicto, esta vez por la configuración de la delegación en la mesa de negociación y por las ganas evidentes de Junts por cargarse cualquier opción que implique un mínimo diálogo con Madrid. 

Que la mesa de negociación acabaría tensionando al máximo los partidos independentistas era algo más que previsible. Pero lo que resultaba poco imaginable es que estallase antes incluso de la primera reunión. Junts –con toda la provocación y sin ningún disimulo, tras haber sonreído a cada silbido que proferían en la Diada a Aragonès y Junqueras los independentistas más fundamentalistas– ha decidido incumplir otra vez un acuerdo con su socio y enviar representantes que no están en el Govern. No hay nada que desee más la gente de Puigdemont que entorpecer cualquier movimiento de Esquerra para imponer moderación en el soberanismo. Como la CUP.

Y en este panorama de patio de colegio, el Govern vuelve a estar secuestrado por las disputas internas, el tacticismo y la falta de un proyecto transversal que permita empezar a sacar Catalunya de la decadencia en la que está sumida desde que, hace ya unos años, la política desapareció de los despachos de la Generalitat para se sustituida por un permanente juego de funambulistas practicado por personajes mediocres sin ninguna actividad profesional conocida más allá de su militancia partidista.

En 2010, CiU –que también había ganado las dos elecciones que acabaron derivando en los dos Tripartits– logró 62 diputados frente a los 48 que sumaron juntos PSC, ERC e ICV. Nada fue casualidad, porque las turbulencias del Tripartit propiciaron un hastío generalizado, que en 2007 se empezó a evidenciar con la toma de posesión por parte de la sociedad civil del discurso a favor de las infraestructuras que el Estado siempre regateaba o negaba a Catalunya. Empresarios, pero también sindicatos, académicos y profesionales diversos allanaron el camino a un cambio de ciclo que resultaba inevitable. El ridículo permanente en el que hoy se ha convertida la otrora prestigiosa vida institucional y política de Catalunya y, sobretodo, su decadencia profunda invitan a recordar que la historia es cíclica.