El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por la promoción internacional del 'procés'

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en un total de 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos públicos para las acciones de promoción internacional del procés. El importe se corresponde con los gastos de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El órgano administrativo ha comunicado dicha cuantía provisional, este martes, a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull, así como a otros 37 ex altos cargos de Cataluña. Se les reclama la práctica de la liquidación provisional complementaria de los gastos de Diplocat vinculados al 1-O.

De dicho importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019. Es decir, desde la fecha de aprobación del informe de fiscalización por parte del Pleno del Tribunal de Cuentas hasta la fecha del acto de liquidación, este martes. Se les reclama a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria.

Los citados, entre los que también se encuentran los exconsellers Neus Munté y Francesc Homs, podían elegir acudir en persona o delegar su comparecencia  en su representante legal para la defensa de sus derechos e intereses.

Tres horas para estudiar 500 páginas

A los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán tres horas para leer. Después, cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar in voce, con independencia de a cuántas personas representen. Este sistema ha sido calificado de “procedimiento arbitrario” por alguna de las defensas.

El Tribunal de Cuentas también ha citado a la Generalitat, a Diplocat, a los Abogados Catalanes por la Constitución, a Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal.

Los casos de Puigdemont y Junqueras

El diario El País había adelantado este martes que Cuentas va a reclamar 1.981.453 euros al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont -fugado de la justicia en Bélgica desde hace casi cuatro años- y otros 1.932.323 euros al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, indultado la semana pasada por el Gobierno. Al expresidente Artur Mas, es a quien se le reclama la cantidad más elevada, 2.803.115,8 euros, según el acta de liquidación provisional citada por el medio.

Esas cantidades responden a supuestos gastos indebidamente realizados en la promoción exterior del procés y la búsqueda de apoyos internacionales para el proyecto de independencia de Cataluña. En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5.417.899 euros que la Generalitat habría empleado en difundir sus proyectos de ruptura con España durante el período comprendido entre 2011 y 2017.

El propio expresident Carles Puigdemont ha calificado el informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1-O como “franquismo de fondo y forma”. Lo ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha calificado al tribunal de “inquisición española”.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también ha lamentado a las puertas del tribunal la filtración del expediente, además de considerar el procedimiento una tomadura de pelo” porque cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para hacer “una derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior” del Govern.

Las reacciones al informe del Tribunal de Cuentas

La Generalitat de Cataluña se ha pronunciado sobre el expendiente. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sostenido este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede mirar hacia otro lado: “Esperamos que, además de tomar nota, trabaje en una solución”.

Plaja ha avanzado que el presidente Pere Aragonès, trasladará este asunto a Sánchez en la reunión de la tarde de este mismo martes. “Esperamos pasos del Gobierno en este caso”, ha insistido.

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha exigido “coherencia” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la abogacía del Estado tenga “un papel distante” en la causa en el Tribunal de Cuentas.

“No se puede llevar a más de 40 personas con la abogacía del Estado dando apoyo a unas demandas absolutamente surrealistas y muy malintencionadas y prevaricadoras, y por otro lado decir que es el momento de la concordia”, ha afirmado Sànchez en declaraciones a TV3.

Por su parte, el diputado Ferran Bel del PDeCAT considera “absolutamente atípica e irregular” la causa abierta por el máximo órgano fiscalizador del Estado. “El Gobierno sabe lo que tiene que hacer”, ha dicho el portavoz de esta formación en el Congreso, quien también ha exigido la renovación inmediata de este órgano, cuyo mandato caduca en julio.

Desde Unidas Podemos han defendido explorar “todas las vías posibles” para sacar del plano de la “judicialización” las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra diversos organizadores del procés. Así lo ha defendido la  portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, al entender que es un órgano “politizado” que no puede solucionar lo que el PP “no ha ganado” en el terreno “político y judicial”.

De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, había defendido horas antes las palabras de su homólogo de Transporte, José Luis Ábalos, en las que consideraba necesario “desempedrar” el camino hacia el diálogo.

En el expediente figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un “encuentro de delegados” y 21.175 euros por el concepto “contratos”.

Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el procés en numerosos países de la Unión Europea. Se corresponden con las sedes en Reino Unido, EEUU, Francia, Ginebra (Suiza), Polonia o Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.

Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones estadounidenses de Diplocat, por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros y de su personal en el exterior por 127.813 euros.

En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y “observación electoral”.

Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros y otro que acumula 932.125 euros. Este último agrupa “visitas internacionales a líderes de opinión” junto a “visitas internacionales a periodistas”, “análisis y prospectiva”, “comunicación” y “promoción en red”.

Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros, y por la plaza del jefe de la oficina de prensa, otros 134.286. A estos se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.

Las “ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas” supusieron 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal. Con los intereses, este apartado alcanza los 5.422.879 euros.

-Artur Mas, expresident de la Generalitat de Cataluña: 2,797.993

-Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat : 1.981.454,47

-Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat: 1.969.154,51

-Francesc Homs, exconsejero de Presidencia: 2,952.689,85

-Andreu Mas-Collel, ex consejero de Economía: 2,791.645,42

-Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores: 2,108.818,32

-Rorger Albinyana, exsecretario general: 38.666,56

-Amadeu Altafaj, exrepresentante ante la UE: 66.609,94

-Luis Beltrán, exsecretario general: 5.122,96

-Albert Carreras, exsecretario general: 4.291,92

-David Mascort, exsecretario general: 1.058,79

-Joaquim Nin, exsecretario general: 163.889,75

-Jordi Vilajoana, exsecretario general: 147.168,45

-Aleix Villatoro, exsecretario general: 146.948,57

-Mireia Vidal Ortí, exinterventora general: 3,164.694,10

-Rosa Vidal Planella, exinterventora: 1,8 millones

-Albert Royo, exsecretario general de DIPLOCAT: 3,6 millones

-Pere Puig, delegado del Gobierno en Bruselas: 1,117,69

-Adam Casals, delegado del Govern en Austria: 136.829,79

-Erik Hauk, delegado del Govern en los Balcanes: 4.794,72

-Ramón Font, delegado del Govern en Portugal: 12.300

-Francesca Guardiola, delegado del Govern en Dinamarca: 3.039,42

-Lucca Bellizzi, delegado del Govern en Italia: 95.747,54

-Andrew Scott, delegado del Govern en los Estados Unidos: 241.382,47

-Ewa Adela Cylwik, delegada del Govern en Polonia: 244.456,38

-Manuel Manonelles, delegado del Govern en Suiza: 141.177,33

-Marti Anglada, delegado del Govern en Francia y Suiza: 34.691,61

-Marysé Olivé, delegada en Francia (ya fallecida): 22.725,27

-Sergi Marcén, delegado en el Reino Unido e Irlanda: 177.952,73

-Josep Suárez, delegado del Govern en el Reino Unido: 115.103, 60

-Marie Katinka, delegada del Govern en Alemania: 49.130,73

-Mar Ortega, delegada del Govern en Alemania: 15.833,64

-María Badía, exsecretaria de Exteriores: 3.863.59

-Jordi Solé, eurodiputado: 6.363,59