El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales de los ex altos cargos de la Generalitat
El órgano fiscalizador solicita un informe urgente a la Abogacía del Estado que analice los créditos del Institut Català de Finances para cubrir las fianzas de los encausados por la promoción internacional del 'procés'.
El Tribunal de Cuentas ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado tras plantear sus dudas sobre la legalidad de los avales del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el procés en el exterior con dinero público. Entre ellos, los gastos del conocido como Diplocat.
En una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas ha mostrado sus dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales. Desde este organismo administrativo han cuestionado “esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración Autonómica perjudicada”. La Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas ha pedido a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento dicho informe, por parte de la Abogacía del Estado.
El Govern ya ha reaccionado a esta decisión del organismo fiscalizador. La portavoz del Ejecutivo de Cataluña, Patrícia Plaja, ha defendido la legalidad de los avales, calificándolos de “jurídicamente impecables”. Además, ha hecho un llamamiento al Tribunal de Cuentas para “no hacer política” en este asunto. Con todo, Plaja ha indicado que no cuentan con un “plan B” en caso de que los avales sean rechazados, pero sí continúan buscando otras opciones con entidades bancarias privadas.
Plazo vencido y antecedentes
El plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas ha expirado durante la medianoche del lunes y el Tribunal de Cuentas debe decidir si los acepta, toda vez que provienen del ICF, organismo perteneciente al gobierno de la Generalitat catalana. El viernes pasado el Tribunal de Cuentas recibió los avales de 29 de los 34 encausados por vía telemática.
La Abogacía ya se había retirado en un primer momento de la causa contable, amparándose en la tesis de que los fondos que se emplearon para los planes independentistas procedían de la Administración autonómica y no estatal. Además, el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, había destacado la necesidad de acabar con las “piedras en el camino” que suponía esta causa, tras el paso dado con los indultos concedidos a los condenados por la sentencia del procés.
Los giros de Govern
Cabe destacar también que la medida causó fracturas en el ICF, puesto que tres de los nueve vocales presentaron sus respectivas dimisiones. Por su parte, el Govern había dado un giro a su cautela inicial por la que prefirió buscar un aval a las fianzas mediante entidades bancarias privadas. Finalmente, ninguna se abrió a cubrir las cantidades reclamadas.
De hecho, el conseller de Economía catalán, Jaume Giró, había anunciado que no recurrirían al ICF para no comprometer a ningún trabajador público. “He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos”, había alegado Giró para defender el cambio.
El presidente de Omnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al presidente de su partido, Oriol Junqueras, a las puertas de la cárcel de Lledoners.
La exconsellera Dolors Bassa a su salida del Centro Penitenciario de Puig de les Basses.
La exconsellera Dolors Bassa junto a los simpatizantes que se han congregado a las puertas de la prisión.
El exconseller Raül Romeva se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.
