Tres de las cuatro asociaciones de jueces piden a la UE actuar ante el "riesgo claro de violación" del Estado de Derecho en España
Han escrito a la Comisión Europea por lo que llaman "colonización del CGPJ" por parte de los partidos.
Tres de las cuatro asociaciones de la carrera judicial han alertado a la Comisión Europea del “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”. En un escrito firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han denunciado la situación de peligro que existe después de las últimas reformas del Poder Judicial que ha impulsado el Gobierno.
Según cita El País, los destinatarios de la carta son la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. A ambos les informan de que se está produciendo lo que llaman “una intromisión política en el Poder Judicial”, algo que pondría en riesgo su independencia e imparcialidad.
Las tres entidades firmantes representan a más de 2.500 jueces y se mueven en el espectro de derecha y centro-derecha. “A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial”, apuntan.
“Se camino en la dirección opuesta”
También censuran que en vez de acometer una reforma “de una vez por todas” sobre el sistema para nombrar los vocales del CGPJ para que los hagan los propios jueces, “se camina en la dirección opuesta”.
A juicio de las citadas asociaciones se ha puesto en marcha, por tanto, una estrategia de “desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial y su colonización por los partidos políticos”. Esto, añaden, no solo compromete la labor de designación de los altos cargos de la organización judicial, sino que además afecta a toda la actividad gubernativa sobre jueces, en los ámbitos disciplinario, actividades de formación, etc., poniendo por esta vía en cuestión su imparcialidad e independencia.
