La jueza deja libre al jefe de los Mossos pero volverá a citarle por el 1-O

Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional, ha dejado en libertad al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de declarar durante hora y media como investigado por un delito de sedición relacionado con el asedio a la Guardia Civil en una operación contra los preparativos del 1-O en la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre. La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares contra Trapero.

Sin embargo, tanto Trapero como los otros tres investigados por sedición, volverán a ser citados ante la Audiencia después de que la Guardia Civil haya presentado un nuevo atestado a la Fiscalía en la que se extiende la investigación contra el jefe de los Mossos a los hechos sucedidos durante el referéndum del 1-O.

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los otros 3 investigados por sedición en la Audiencia Nacional serán citados de nuevo tras examinar la Fiscalía el "voluminoso" atestado presentado esta mañana por la Guardia Civil en relación a los disturbios del 20 de septiembre y otros hechos anteriores y posteriores ocurridos durante el 1-O.

La presentación de este atestado, que la Fiscalía considera "trascendente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación" por sedición y en el que aparece alguna persona más 'susceptible de imputación', ha llevado al teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, a pedir a la juez Carmen Lamela la suspensión de las comparecencias para evitar 'posibles nulidades', petición a la que se han unido las defensas, informa la Fiscalía en una nota de prensa.

El jefe de los Mossos ha llegado media hora antes de su cita vestido de uniforme y acompañado de dos mossos también uniformados.

Ha sido el primero de los cuatro en llegar al tribunal para declarar ante la juez y también el primero en salir, sobre las 11:15 de la mañana entre los aplausos de los diputados catalanes y vascos que se han acercado hasta la sede judicial para apoyarle y los gritos de "traidor" proferidos por varias personas congregadas junto a la Audiencia.

Durante su declaración Trapero ha defendido que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" teniendo en cuenta que no se les avisó con suficiente antelación y ha negado haber cometido ningún delito de sedición.

En un comunicado de los Servicios Jurídicos de la Dirección General de la Policía y la Consejería de Interior, informan de que el mayor ha trasladado a la autoridad judicial "el convencimiento de que la actuación del Cuerpo de los Mossos fue la correcta y necesaria en atención a las circunstancias de ese día", en el que miles de personas se concentraron en las inmediaciones de la Consejería.

Trapero, que ha declarado en calidad de investigado por un delito de sedición, ha asegurado que los Mossos "no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo y esto obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias", y además, la primera noticia sobre la actuación de la Guardia Civil les llegó a través de los medios de comunicación.

"La confianza que el mayor ha transmitido a la hora de explicar el dispositivo policial reafirma el convencimiento de que se tomaron las medidas adecuadas en función de los acontecimientos de ese momento", argumentan en la nota.

"PERCEPCIONES DIFERENTES"

Admiten que pueda haber "percepciones diferentes" sobre el dispositivo policial por parte de la Guardia Civil porque tienen formas diferentes de abordar el orden público.

Defienden que gestionaron la seguridad ese día como hacen siempre en dispositivos de estas características "independientemente de los motivos y colectivos que las provoquen".

También estaba citada en la misma causa la intendente jefe del Eixample, Teresa Laplana, que finalmente no ha declarado por cuestiones médicas justificadas, y los dos han mostrado su "absoluta predisposición" para explicar y responder cualquier cuestión sobre el operativo.

Todo ello, pese al "poco tiempo de margen entre la citación y la declaración así como las dificultades para conocer con suficiente antelación el contenido de las actuaciones y los graves hechos que les atribuyen".

LOS OTROS IMPUTADOS

La magistrada también ha llamado a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Todos ellos han comparecido en calidad de imputados por un delito de sedición. La Fiscalía tampoco ha pedido medidas cautelares contra ellos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cree que los cuatro son responsables de lo sucedido durante la operación policial del 20 de septiembre contra el referéndum ilegal del 1-O, y califica su participación como sedición al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de gobierno.

Dada la expectación que sus comparecencias han generado, se ha desplegado un amplio cordón policial alrededor de la Audiencia Nacional para garantizar la seguridad.

APOYO A LOS CITADOS

Diputados y senadores del PDeCAT, ERC, En Comú Podem y EH-Bildu han acudido a la Audiencia Nacional para prestar su apoyo a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Han ido los diputados del PDeCAT Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Míriam Nogueras, Lourdes Ciuró y de los senadores Josep Lluís Cleries y Beth Abad, así como los diputados de ERC Tesera Jordá y de En Comú Podem, Marcelo Expósito, y el senador de Bildu Jon Iñarritu.

Su intención era acompañar a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural hasta la puerta de la Audiencia, pero, según ha denunciado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, la Policía Nacional se lo ha impedido.

"De manera sorprendente nos han dicho que no les podemos acompañar, que nos teníamos que situar detrás de estas vallas", se ha quejado el diputado catalán, para quien se ha vulnerado su derecho a acompañar a los investigados. Ha insistido en que la imputación es "injusta" y ha recalcado que lo que ocurrió el 20 de septiembre fue un "allanamiento" de las oficinas gubernamentales por la policía.