Trabajo da de alta a 11.000 repartidores de Glovo y exige 16,2 millones a la empresa
El Ministerio de Trabajo ha iniciado las negociaciones para la nueva ley de repartidores.
La Inspección de Trabajo ha dado de alta como trabajadores a 11.013 repartidores que prestaban sus servicios como falsos autónomos a la plataforma Glovo, según ha adelantado El Diario. La autoridad laboral exige 16,2 millones de euros por las cotizaciones que la empresa de reparto de comida a domicilio no ha pagado a la Seguridad Social.
Estos datos se corresponden a 30 actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo —dependiente del Ministerio de Trabajo— a lo largo de 2019 y lo que va de 2020.
Las operaciones se han llevado a cabo diferentes enclaves de la geografía española: Asturias, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cantabria, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
La mayoría de las actuaciones han sido impulsadas con las denuncias de organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CNT, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu y SAT. Gracias a 22 denuncias, la Seguridad Social ha dado de alta a más de 9.200 trabajadores.
Además, la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo otras ocho actuaciones de oficio, que han supuesto la regularización de más de 1.700 repartidores.
El conflicto laboral se arrastra desde hace años. La plataforma defiende que los repartidores, llamados riders, son autónomos. Así les sale más barato contratar sus servicios, al ahorrarse las cotizaciones de la Seguridad Social.
Glovo ha señalado que las actuaciones de la Inspección y las altas de la Seguridad Social no son firmes. La plataforma ha anunciado el recurso de las misma.
Sin embargo, el Tribunal Supremo sentenció a finales de septiembre por primera vez que un repartidor de esta empresa de reparto de comida a domicilio era un trabajador y no un autónomo, como defendía la compañía fundada por Oscar Pierre. Una sentencia que marca jurisprudencia.
Precisamente este miércoles el Gobierno ha iniciado la negociación con los sindicatos de la nueva ley sobre los repartidores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado recientemente que la sentencia del Supremo permite que la regulación sea más ambiciosa, en una entrevista en El País.
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