Torra desafía a la Junta Electoral y mantiene el lazo amarillo
El plazo de la autoridad electoral termina esta tarde
Tensión y desafío por los lazos amarillos. El presidente catalán, Quim Torra, se ha negado a retirar los lazos amarillos de la Generalitat y otras sedes del Govern tras expirar el último plazo dado por la Junta Electoral Central, con lo que se expone a ser denunciado ante la Fiscalía. Se ha comprometido a acatar el criterio del defensor del pueblo catalán.
El plazo ha vencido sin que Torra accediese a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”, junto a un lazo amarillo.
La JEC planteó el lunes por la tarde un ultimátum a Torra al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía podría incurrir en responsabilidades penales.
Este martes, Torra ha enviado un nuevo escrito a la JEC, en el que insistía en la “imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado”, alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat “es muy variada”, ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.
Tras la reunión del Govern, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha dicho que Torra ha mantenido contacto con el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, para valorar “si se tiene que actuar o no y, en el caso que tenga que hacerlo, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones”.
Torra ha informado al Govern, según Artadi, de que, “esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic, seguirá sus recomendaciones”, unos criterios que Ribó, según fuentes de la Sindicatura de Greuges, trasladará esta tarde o mañana a Torra.
Pocas horas después, la JEC ha reaccionado al escrito de Torra y ha rechazado concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.
La JEC señala que el escrito de Torra no identifica los edificios ni las razones jurídicas que demuestren “la imposibilidad” del presidente de la Generalitat “de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado”, es decir, la retirada de esos símbolos.
El Gobierno mira a la JEC
Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d’Esquadra.
Previamente, la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene que informar a la propia JEC “del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat”, según dichas fuentes.
La Delegación del Gobierno ya ha remitido a la JEC un escrito en el que detalla que pasadas las 15:00 horas una docena de edificios del Govern, incluido el Palau de la Generalitat, seguían exhibiendo lazos amarillos.
En la resolución adoptada el lunes por la JEC para ordenar a Torra que quitase todos los símbolos en 24 horas le avisaba “de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir” si persistía “en la desobediencia” a sus acuerdos.
En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé “multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años” para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen “abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales”.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tildado de “vergüenza” que Torra no haya retirado los lazos amarillos y las esteladas.
La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, considera que el Govern debería cumplir los requerimientos de la JEC a fin de “garantizar la neutralidad de las instituciones”.
La diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas ha dicho preferir que se atiendan los requerimientos de la JEC, para evitar “la judicialización de la campaña y de la política”.
¿A qué se expone Torra?
Con su decisión, Torra y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a la apertura de un expediente por parte de la JEC que puede derivar en multas de 300 a 3.000 euros, y de hecho Ciudadanos, que fue quien reclamó la retirada de los símbolos del independentismo, ya ha denunciado a Torra ante el organismo arbitral por su incumplimiento.
Y se abre también otra vía, la penal, si la JEC aprecia indicios de que se ha cometido un delito de desobediencia y pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que abra una investigación. Ciudadanos ya lo hizo este viernes denunciando en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el incumplimiento de Quim Torra.
El PP, por su parte, presentó otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Torra, al que acusa de un delito de denegación de auxilio a requerimiento de autoridad competente -penado con la suspensión de cargo público entre 2 y 3 años- por negarse a retirar las ‘esteladas’ y lazos amarillos de los edificios públicos.
En su escrito, los ‘populares’ solicitan que se abra investigación y se lleve el asunto a la Audiencia Nacional por ser la JEC alta autoridad.
Hay un precedente por un hecho similar, el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera ‘estelada’ colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.
