Torra defiende ante el TSJC que mantuvo los lazos por libertad de expresión y por la defensa de sus derechos políticos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que mantuvo los lazos amarillos y ‘esteladas’ en las fachadas de los edificios públicos en periodo electoral por libertad de expresión y ha hecho alusión a los derechos humanos —entre ellos los políticos—.

Según han explicado fuentes de la defensa de Torra, el presidente, que ha declarado como investigado por un presunto delito de desobediencia a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC), ha actuado “coherentemente” al defender la libertad de expresión.

Fuentes judiciales consultadas han indicado que la declaración de Torra ha sido en un tono muy cordial y que en ningún momento ha acusado al Estado de vulneración de derechos y libertades, tal y como dijo que haría en un acto este martes.

Torra ha respondido a la Fiscalía —en concreto a cinco preguntas— pero ha rechazado las preguntas de Vox, acusación popular en esta causa, “por decencia democrática”, en una comparecencia que ha durado unos 40 minutos.

Las fuentes consultadas han explicado que el magistrado instructor, Carlos Ramos, ha recordado a las partes que el contenido de la declaración era reservado, especialmente porque ha sido en plena campaña electoral.

Antes de su declaración, Torra ha tuiteado que iría a acusar al Estado de su deriva autoritaria, en sus palabras, por haber mantenido en el balcón del Palau de la Generalitat una pancarta con un lema “a favor de los exiliados y los presos políticos”.

Torra ha terminado de declarar a las 11.15 horas y ha prestado declaración unos 45 minutos.

Torra fue citado en una providencia del magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos, el 6 de mayo, después de que el 2 de abril el alto tribunal catalán admitiera a trámite la querella presentada contra él por la Fiscalía Superior de Catalunya por presunta desobediencia.

Torra, ha estado arropado este miércoles por los consellers, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y partidos y entidades soberanistas a su llegada al Tribunal.

Defender la libertad de expresión

El presidente catalán ya explicó, al recibir la citación, que ante el juez defenderá la “libertad de expresión” y asumirá las consecuencias en su declaración, y valoró que, a su juicio, la Junta Electoral ha demostrado parcialidad y arbitrariedad en sus decisiones.

En su querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, atribuyó a Torra un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la “autoridad superior”, cometido por una autoridad o funcionario público.

Según el Ministerio Público, el presidente incumplió “consciente y deliberadamente” lo decidido por la JEC en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat, en base al deber de imparcialidad y de actuar al margen de cualquier posición ideológica.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el “flagrante incumplimiento” de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d’Esquadra retirar los símbolos.

El fiscal consideró que el mandato de la JEC, como máxima autoridad administrativa en materia de control de los procesos electorales, ha sido reiteradamente desatendido, según él “circunstancia de especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la ciudadanía”.

Para él, esta negativa “no puede quedar enmascarada ni por una supuesta voluntad de acudir a otros órganos informantes, que carecen de cualquier competencia”, en alusión al Síndic de Greuges, ni por la sustitución de los símbolos por otros que según él pretendían significar lo mismo.