Todos los Gobiernos españoles han utilizado la figura del mediador

Negociaciones con ETA, controladores aéreos, estibadores, trabajadores de El Prat... Todos los Gobiernos que ha habido en la democracia española han utilizado la figura de un mediador, al que a veces se le pone otro nombre, para buscar soluciones a situaciones enquistadas.

Por eso, el hecho de que Pedro Sánchez haya aceptado la participación de la figura de un "relator" en una mesa de partidos para hablar de Cataluña no debería sorprender a nadie. La Generalitat había pedido que recibiera el nombre de "mediador internacional". Y, aunque pueda parecer una tontería, hay una batalla de fondo por el lenguaje, por el relato, muy importante en estos casos.

Antes de nada, algo básico para entender su papel, ¿qué es exactamente un relator? La Real Academia Española lo define como la "persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes".

Si se limita a esa definición del diccionario, su función podría asemejarse a la persona que toma actas en una junta de vecinos. Otra cosa es el papel que juega en la vida real, ya que la figura del relator es muy habitual en la diplomacia internacional. Aunque a veces se utiliza esta palabra como un eufemismo para designar a personas que realmente toman un papel más activo en las negociaciones.

Por eso la utilización de este "palabro" y no de otro no es casual, sino que conlleva un interés particular. Ante las críticas de la oposición y de destacados miembros del PSOE, la vicepresidenta Carmen Calvo ha intentado aclarar el lío: "Nosotros no hemos aceptado un mediador internacional, lo que vamos a hacer es reunirnos en la bilateral, que está previsto en el Estatuto y que el anterior Gobierno ignoró".

Este intento de aclaración no ha servido de nada, ya que la mayoría de partidos de la oposición ha salido en tromba a criticar lo que consideran una nueva "cesión" de Sánchez a los independentistas. En su opinión, sí es un negociador internacional. Por eso, PP, Ciudadanos y Vox ya han convocado manifestaciones para este domingo.

¿Qué indica este movimiento de la oposición? Que existe una pelea por el lenguaje: la opinión pública puede acoger mejor la designación de un relator, que la de un negociador.

El rechazo de denominar negociador a esta figura también parte de que existe un debate previo sobre si lo que ocurre en Cataluña es un conflicto o no. No es algo nuevo. Salvando las distancias, esto también ocurría hace años cuando la izquierda abertzale llamaba conflicto vasco a la actividad de la banda terrorista ETA y a la situación excepcional que había en Euskadi.

A esto hay que añadir que existe un gran desconocimiento sobre la función que tienen este tipo de actores. La figura de negociador es muy habitual en la resolución de conflictos en otros países. En España se ha utilizado anteriormente, pero nunca se ha generado tanto revuelo.

Quizás donde los españoles estemos más acostumbrados a escuchar la palabra negociación es el ámbito judicial. Ante la saturación de los juzgados, se suele utilizar esta vía como una alternativa: negociamos conflictos como divorcios o despidos para buscar una solución de consenso que nos permita ahorrarnos el mal trago del juicio.

No es algo que solo ocurra en España, sino que la Unión Europea exigió a los 28 países miembros que ofrecieran a los ciudadanos formas diferentes para resolver sus conflictos que no se limitaran a ir a los tribunales. Debido a ello, el Gobierno de Rajoy aprobó la ley de medicación en asuntos civiles y mercantiles en 2012.

Estos cambios legales han permitido que la mediación se haya empezado a utilizar poco a poco también en las pequeñas disputas en los últimos años, incluso las universidades ofrecen formación específica para especializarse en este ámbito.

Pero los mediadores no son algo nuevo o ajeno a la política española, ya que se llevan utilizando desde hace muchos años:

Los mediadores de las negociaciones con ETA

A pesar de que el Estado nunca aceptó la acepción de conflicto vasco, todos los Gobiernos que negociaron con la banda terrorista utilizaron la figura del mediador, aunque a veces le dieron otro nombre.

El Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) mantuvo contactos preliminares con la banda entre diciembre de 1976 y enero de 1977. El periodista José María Portell ejerció de mediador hasta que ETA lo asesinó en 1978.

El Gobierno de Felipe Gónzalez (PSOE) conversó con ETA entre enero y marzo de 1989 en Argel con la mediación del Gobierno argelino. Fue el primer intento por lograr el final de la banda terrorista a través del diálogo.

José María Aznar (PP) también autorizó negociaciones con ETA en 1999, aunque posteriormente lo haya negado. Las reuniones se mantuvieron en Suiza con la mediación del obispo de Zamora, Juan María Uriarte.

Antes que eso, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, mantuvo reuniones con el representante de las asociación Gernika Gogoratuz, que habría mediado entre el departamento y el entorno de ETA. El Gobierno del PP acercó a 135 presos de la banda a Euskadi.

El último intento de final dialogado de la violencia llegó con el Gobierno de Zapatero (PSOE). El dirigente socialista vasco Jesús Eguiguren se reunió en representación del PSOE con Josu Ternera, en nombre de ETA, en Ginebra (Suiza) en 2005 y 2006. El Centro Henri Durant de Diálogo Humanitario, organización vinculada a la Cruz Roja Internacional, ejerció como mediador en esas conservaciones.

Martin Griffiths, director del Centro Henri Durant, definió en el libro El Fin de ETA (Espasa, 2017) de los periodistas José María Izquierdo y Luis R. Aizpeolea, cuál era el papel que jugaba el mediador en esa negociación. "Un mediador es una persona independiente, que está al servicio de las partes en conflicto y no es responsable del resultado de las negociaciones. Su papel consiste en crear las condiciones de confianza o las oportunidades para que tenga éxito".

Otros mediadores de conflictos

Las conversaciones con ETA no han sido las únicas en las que el Gobierno español ha necesitado de un mediador ante la existencia de un conflicto. El exministro de Trabajo Manuel Pimentel ejerció de mediador del conflicto de los controladores aéreos entre el operador aeroportuario AENE y el sindicato de controladores USCA.

La situación de bloqueo con los controladores fue tan grave que el Gobierno de Zapatero tuvo que declarar por primera vez el estado de alarma, que estuvo vigente entre el 4 de diciembre de 2010 hasta el 15 de enero de 2011.

El Gobierno de Rajoy ha utilizado en dos ocasiones al presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, como árbitro de dos importantes conflictos laborales: con los estibadores y con los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

En relación con Cataluña, el Ejecutivo también envío mediadores a la comunidad, antes de la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, para negociar con el Govern de Artur Mas, según desveló El Periódico. Los encuentros se realizaron a tres bandas entre Pedro Arriola, sociólogo de cabecera de Rajoy, Joan Rigol (Unió) y José Enrique Serrano (PSOE).

Tres años más tarde, el lehendakari vasco Iñigo Urkullu (PNV) ejerció de una suerte de mediador con Carles Puigdemont para intentar que no se aprobara la declaración unilateral de independencia en 2017, lo que iba a significar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.