Todo lo que se sabe sobre los políticos que se han vacunado ‘saltándose la cola’
Son más de una treintena, tanto de izquierdas como de derechas. Sólo ocho han dimitido.
España ha pasado del escepticismo hacia la vacuna a la picaresca del ‘tonto el último’. Cuando el país se enfrenta a lo peor de la tercera ola pandémica, cada mañana la población se desayuna con el último escándalo de vacunación fraudulenta.
Expulsiones de militancia, justificaciones grotescas y hasta la dimisión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. El goteo de políticos y funcionarios —en su mayoría— que se han vacunado contra el covid antes de lo debido continúa día tras día, mientras crecen las críticas y, sorprendentemente, también quienes salen en su defensa.
Actualmente no existe ninguna lista pública con el nombre de todos los cargos públicos que ya se han vacunado, como solicita, por ejemplo, el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique. Esto es lo que se sabe por el momento:
Hay de todo, desde médicos jubilados hasta sacerdotes, aunque duelen especialmente los casos de cargos públicos que, lejos de mostrar ejemplaridad, han aprovechado su posición para recibir la vacuna antes que ancianos, trabajadores de residencias o sanitarios de primera línea.
Más de una treintena de políticos —entre ellos alcaldes y consejeros— de casi todos los colores ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid. La lista comenzó con cuatro alcaldes socialistas y ha ido ampliándose prácticamente cada día. El caso probablemente más sonado ha sido el del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, que dimitió este domingo.
De qué partidos son
Por este orden: del PSOE, del PP, de Junts per Catalunya, del PNV, de Izquierda Unida y de Coalición Canaria.
Del PSOE
- Fran López, alcalde de Rafelbunyol (Valencia)
- Ximo Coll, alcalde de El Verger (Alicante)
- Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets (Alicante)
- Francisca Alamillo, alcaldesa de Torrecampo (Córdoba)
- José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos (Córdoba)
- Soraya Cobos, concejala de Plasencia (Cáceres) y directora de un centro sociosanitario
- Rocío Galán, concejala de Bonares (Huelva)
- Rogelio Garcés, alcalde de Asín (Zaragoza)
- José Antonio García, comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante)
- Mariano Hernández, alcalde de Matamala de Almazán (Soria)
- Susana Machín, consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma
- Alberto del Paz, alcalde de Villavicencio de los Caballeros
- Carmen Piedralba, concejala de Castrillón (Asturias)
- Amalio Robledo, alcalde de Valverde del Fresno (Cáceres)
- Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura (Murcia)
- Cristina Morera, concejala de Denia (Alicante)
Del PP
- Manuel Villegas, consejero de Sanidad de la Región de Murcia
- Javier Guerrero, consejero de Sanidad de Ceuta
- Antonio Alarcó, senador por Canarias
- Juan Bautista, diputado provincial de Alicante
- María Teresa Martínez, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadanos de la Región de Murcia
- Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río (Castellón)
- Jaime Lacosta, alcalde de Luesia (Zaragoza)
- Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante)
- Manuel Alcalá, concejal de La Nucía
- José Galiano, concejal de Orihuela (Alicante)
- José Felipe Coello, concejal de Murcia
- María Xesús Novo, alcaldesa de Boimorto (A Coruña)
De Junts per Catalunya
- Sergi Pedret, alcalde de Riudoms (Tarragona)
- Jordi Domingo, concejal de Riudoms
Del PNV
Eduardo Maíz y José Luis Sabas ya eran exconcejales cuando se vacunaron. Maíz era director gerente del hospital de Basurto y Sabas dirigía el de Santa Marina, ambos en Bilbao.
De Coalición Canaria
Virginia Rodríguez, concejala de Arafo (Santa Cruz de Tenerife)
De Izquierda Unida
Alicia Martínez, coordinadora de IU en Murcia y trabajadora del Servicio Murciano de Salud
Ocho de las personas arriba mencionadas han dimitido. El resto, la gran mayoría, han sido suspendidos de su militancia y/o se les ha abierto expediente.
Algunos, como los consejeros de Murcia y de Ceuta (PP), la alcaldesa de Molina de Segura y la concejala de Denia (PSOE), trataron primero de justificar sus acciones para después acabar dimitiendo.
Las otras cuatro personas que han dejado sus cargos, aparte de Manuel Villegas, de Javier Guerrero, de Esther Clavero y de Cristina Morera, son: Eduardo Maíz y José Luis Sabas, ambos exconcejales del PNV y directores de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, respectivamente; Alicia Martínez, coordinadora de IU-Verdes Murcia, que además trabaja en el Servicio Murciano de Salud; y Rocío Galán, del PSOE.
El magistrado Ignacio González Vega sostiene que saltarse el protocolo de vacunación no constituye delito ni infracción administrativa. “Es una conducta insolidaria que merece un reproche social y político, pero desde el punto de vista penal me parecería muy forzado que estas personas fueran sancionadas”, explica. “En primer lugar, porque no existe un catálogo de conductas administrativas que diga qué ocurre si alguien se salta el protocolo”, apunta González Vega.
“Otra cosa es que los legisladores, o el Gobierno, decidieran emitir un catálogo de conductas que sean objeto de sanción”, añade el magistrado. “En ese momento, todo aquel que infringiera el protocolo sí podría ser castigado. Pero mientras tanto, no”.
La estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, publicada el pasado 2 de diciembre y actualizada el 21 de enero, es clara al respecto:
Los grupos 1 y 2 de prioridad deberían ser vacunados entre enero y marzo de este año. La mayor parte de residentes y trabajadores de residencias ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna, cumpliendo con el calendario establecido.
Las ‘dudas’, quizás, se producen cuando se especifica quién es el “personal de primera línea” del ámbito sanitario, que según la guía es aquel “que trabaja de cara al paciente, en los siguientes entornos (incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios —administrativo, limpieza, voluntariado, estudiantes, etc.—):
- Unidades, consultas o circuitos COVID.
- Puertas de entrada de pacientes agudos a los servicios de salud
- Transporte sanitario urgente
- Servicios de cuidados intensivos u otras unidades que asuman estas funciones en caso necesario.
- Cualquier servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles.
- Servicios y unidades con pacientes de alto riesgo (oncología, hematología, etc.).
- Servicios centrales donde se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden contener virus viables.
- Personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición.
- Personal de los equipos de vacunación, incluyendo a aquellas personas de salud laboral y medicina preventiva que van a participar en la administración de las vacunas frente a COVID-19”.
Algunos de los cargos que trabajan en la gestión de la pandemia, o que además de ser políticos son sanitarios, argumentan que su caso se engloba en esta última lista.
Con respecto al total de vacunados en España, el porcentaje de personas vacunadas sin deberlo es mínimo, pero no deja de ser significativo. Según el último balance de Sanidad, en España se han administrado 1.237.593 dosis de vacuna frente al covid, y 88.698 personas han recibido ya los dos ‘pinchazos’ necesarios para la inmunización.
De momento, se sabe que se ha vacunado una treintena de políticos. Pero hay muchos más casos de ‘adelantados’. Según informa Público, en Murcia se han vacunado irregularmente más de 450 altos cargos y funcionarios del departamento de Salud, además del consejero Manuel Villegas y su mujer, María Teresa Martínez Ros.
En Andalucía, según Cadena Ser, se han vacunado más de un centenar de funcionarios de un edificio administrativo de la Consejería de Sanidad en Granada, mientras que todavía falta alrededor de un 20% de personal sanitario de primera línea por vacunar.
Por su parte, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid admitió hace unos días que había vacunado a 600 sanitarios jubilados pese a que no todo el personal de primera línea había recibido ya su dosis. Y también en Madrid, la residencia de mayores Casablanca Valdesur reconoció “anomalías” al desvelarse que había vacunado a sacerdotes y familiares de empleados. Según los responsables de este centro geriátrico concertado, se hizo “con el único ánimo de aprovechar el 100% de las dosis recibidas”.