¿Tendremos todos pensiones?

No es una verdad absoluta aunque todo indica que, a tenor de los datos, las próximas generaciones en cobrar una pensión no correrán la misma suerte que los actuales receptores de prestaciones contributivas de la Seguridad Social. O, lo que es lo mismo, las pensiones tal y como las conocemos actualmente tienen los días contados y todo ello si no se realiza un cambio significativo en el sistema que garantice que en un futuro todo el mundo pueda tener una jubilación digna.

El pasado día 2 en el Congreso se dio un paso más en la tan necesaria reforma de las pensiones. Éstas se volverán a revalorizar anualmente conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Además, incluirán un mecanismo de equidad intergeneracional que subirá transitoriamente las cotizaciones sociales con el objetivo de rellenar el fondo de reserva. Este mecanismo contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador.

Una ley que ha salido adelante con 176 votos a favor, 148 votos en contra y  abstenciones, por lo que pasa al Senado para continuar su tramitación para que dicha reforma entre vigor el próximo 1 de enero, pero ¿es suficiente para garantizar que las generaciones venideras puedan disfrutar ya no solo de una pensión digna si no de tan siquiera una pensión?

El gasto en pensiones es abrumador. Según datos proporcionados por Moncloa, en octubre la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.251,52 millones de euros, esto es un 3,24% más que el mismo mes del año pasado. De esta cantidad, más de dos tercios de la nómina, casi 7.400 millones de euros, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Una cuantía que experimentó un crecimiento del 3,77% en los últimos doce meses.

La pensión media de jubilación en España es de 1.193,81 euros, un 2,22% más que en 2020. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General fue de 1.338,84 euros al mes, mientras que la más baja la registró el Régimen de Autónomos, de 795,14 euros/mes. Destaca la de la Minería del Carbón, donde la media de jubilación mensual se situó en 2.331,67 euros y los 1.326,97 euros en el Régimen del Mar. Además, la cuantía de las nuevas altas de jubilación es superior. En septiembre, última fecha disponible, la pensión media de las nuevas jubilaciones ascendió a 1.419,84 euros, y en el Régimen General, en concreto, se elevó a 1.527,12 euros/mes de media.

Pese a que el pasado mes de noviembre la Seguridad Social alcanzó el dato más alto de afiliados de su serie histórica con 19.752.358 cotizantes, ganando una media de 61.768 respecto al mes de octubre, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el actual sistema de pensiones en España es “insostenible” como consecuencia de un déficit anual, agudizado por los efectos de la Covid-19, y una deuda que ronda los 100.000 millones de euros en 2020, según el estudio La jubilación de nuestro sistema de pensiones. Hacia un modelo sostenible para el período 2020-2050, de la escuela de negocios EAE. En este texto se analiza cómo, antes de la pandemia se preveía un déficit del -1,3% en la Seguridad Social para el año 2020, que ahora se estima en el -5% para este año y del -3,1% sobre el PIB en 2021 -en el mejor de los escenarios-, y del -6,1% y -3,9 %, respectivamente, en el escenario más adverso. En estos momentos, en España hay tres personas en edad de jubilación por cada diez en edad de trabajar, mientras que, en 2050, habrá un jubilado por 1,72 personas en edad de trabajar. El cambio del sistema de pensiones es más que necesario, urgente.

La reforma aprobada contempla también cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación, que pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual y que se aplican directamente sobre la pensión.

Además de nuevos incentivos para la jubilación demorada, o lo que es lo mismo una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros e incluso una mezcla de ambos. El objetivo de estas medidas, sin duda, es el de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, pero ¿será suficiente?

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recordado que dicha aprobación figura en la lista de compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos Next Generation. Y es que el sistema de pensiones ha sido una de las obsesiones de la UE que ha puesto en más de una ocasión su futuro en entredicho.

Sin embargo, la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida de los españoles han transformando la estructura de la pirámide poblacional, en la que está ganando importancia el colectivo de más de 65 años.

Además, la precariedad de los puestos de trabajo y “que muchos jóvenes no tengan empleos dignos, no ayudan al sistema de pensiones. La crisis económica del año 2008 aceleró la posible insostenibilidad del sistema de las pensiones”, explica Mª Alba Sugrañes, responsable del área laboral de Sugrañes & Rodríguez Abogados. “El sistema de pensiones en España tal y como está regulado no es viable a largo plazo. No obstante, si se adapta a los cambios demográficos, económicos y sociales que experimenta la sociedad española puede llegar a serlo”, añade.

Según los expertos y pese a la situación actual del sistema, el campo de mejora en España es amplio, aunque se deben realizan con carácter urgente reformas estructurales en el mercado de trabajo, los mercados de bienes y servicios, “e incluso en la formación trabajadores para poder revertir la situación. Los nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970, generación del baby boom, van a sufrir un pequeño ajuste en su pensión mediante un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. A partir de ahí, si no existen cambios estructurales importantes, la generación de los millenials lo tendrán complicado para acceder al sistema de las pensiones, tal y como lo conocemos hoy en día”, comenta Sugrañes.

Pero, ¿en qué difiere nuestro sistema de pensiones de otros países comunitarios que no se plantean éste como un problema de primer orden a tener en cuenta? El sistema español es de los más generosos de Europa, “tiene algunas características buenas, pero esta generosidad con los cambios demográficos que estamos sufriendo, conlleva grandes riesgos o deficiencias importantes que deben ser abordadas con carácter urgente”. En otros países europeos, como por ejemplo Suecia, Holanda o Reino Unido tienen diferentes modelos que combinan pensiones públicas con semiprivadas y privadas.

En Austria tienen la conocida como “mochila austriaca”, que consiste en un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto anual de cada trabajador. “El sistema de pensiones en Islandia sería uno de los mejores sistemas europeos ya que el país ofrece una pensión estatal con contribuciones obligatorias tanto de empleados como de empleadores, y contribuciones opcionales a productos de pensiones aprobados por el Estado. Su sistema tiene una alta tasa de contribución”.

Instituciones como la OCDE o el propio Banco de España han destacado que, para garantizar la viabilidad del sistema, la tasa de sustitución entre la primera pensión respecto del último salario debería acercarse al 100% y estar compuesta en un 50% por aportaciones del sistema público, un 30% de los planes privados de empleo y un 20% del ahorro previsional individual. “Esto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de seguir trabajando en las distintas formas de complementar la pensión pública, como el ahorro previsional o el ahorro precautorio. Pero sí, nuestro sistema sí puede ser viable”, comenta Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía.

Pero, ¿qué ha fallado hasta llegar al punto donde nos encontramos? las habituales reformas encaminadas a garantizar la suficiencia y dignidad de las pensiones no han ido acompañadas de reformas estructurales que garanticen en el largo plazo la sostenibilidad del sistema. “No tengo dudas de que pensiones públicas habrá siempre, lo que no tengo tan claro es que la cuantía y el poder adquisitivo de las mismas se puedan mantener en el tiempo”.

La Comisión Europea estima que un pensionista español, que en la actualidad cobra cerca del 80% de su último salario, apenas llegará a percibir el 53% si se jubila en el 2050. “Debemos también exigir a nuestros políticos altura de miras para abordar este desafío de una forma global, multidisciplinar, intergeneracional y con una visión de largo plazo que propicie un acuerdo estable entre partidos políticos y agentes sociales”.

La hucha de las pensiones o Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue diseñado durante el primer mandato del Gobierno de José María Aznar y nació al calor de un gran acuerdo político, el popular Pacto de Toledo, con el objetivo de proponer medidas de sostenibilidad del sistema de pensiones. Una hucha que llegó a superar los 66.800 millones de euros al cierre de 2011 en su momento más boyante.

Sin embargo, desde entonces, dicha hucha no ha hecho más que perder dinero y apuntalando la debilidad del futuro de las pensiones de los españoles. De hecho, el Estado ha utilizado sus recursos recaudados durante la época de bonanza para pagar las pagas extraordinarias desde hace una década.

Para entender su estado actual hay que comprender cómo se financia. Ésta recibe activos desde dos vías. Por una parte, el dinero llega de los excedentes de la Seguridad Social: es decir lo que sobra una vez se han pagado todas las pensiones, y de los remanentes de las mutuas por accidentes laborales o por bajas profesionales. O lo que es lo mismo, se alimenta de una parte de las cotizaciones de los trabajadores, que en lugar de dedicarse por completo a pagar las jubilaciones, formaban parte del Fondo de Reserva para pagar sus pensiones futuras en caso de problemas financieros.

La segunda vía de financiación se consigue a través de inversiones que realiza el Gobierno cuando invierte el dinero del fondo en deuda pública española.

El problema viene ahora: la última vez que se aportaron nuevos ingresos a esta hucha fue en 2010 con 1.740 millones de euros de excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Según los datos del Informe a las Cortes Generales de 2020, el acumulado de todos los excedentes desde el año 2000 es de 52.113 millones de euros. Su punto de inflexión fue en 2011, en el punto más álgido de la crisis económica desatada en 2008. El Gobierno comenzó a recurrir a los ahorros de la hucha para financiar las jubilaciones de un país tan envejecido como España.

Habrá que esperar a comprobar si las reformas anunciadas consiguen un vuelco del sistema y se consigue revertir un futuro, el de las pensiones, con más dudas que certezas.