¿Te imaginas que el transporte público no dependiera del político de turno?

Un total de 3.014 millones de viajeros utilizaron el metro y los autobuses urbanos en toda España durante el año 2018, otros 480 millones los autobuses interurbanos y otros 560 millones los trenes de Cercanías. Son los medios de transporte colectivo más utilizados por los españoles, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística publicadas recientemente.

Los millones de personas que utilizan todos los días estos medios de transporte se encuentran problemas de frecuencias, mantenimiento, obras interminables... y un largo etcétera de problemas. La cuenta de Twitter Sufridores del Metro da buena cuenta de las hazañas a las que se enfrentan los madrileños cada día cuando utilizan el suburbano.

Gran parte de estos problemas cotidianos del transporte público se deben a una falta de financiación, ya que las inversiones dependen de que el político de turno —sea consejero, concejal, delegado... o como se le quiera llamar— esté más o menos concienciado con la preservación del planeta o tenga más o menos dinero en la caja ese año.

Por ejemplo, la reciente caída del proyecto de los presupuestos de 2019 ha supuesto que la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el consorcio que gestiona el transporte público en la área de Barcelona, no pueda contar con una aportación extraordinaria de 41 millones de euros.

Para evitar estos problemas, el grupo parlamentario de Unidos Podemos y la coalición valenciana Compromís han registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para crear un fondo estatal que sirva para financiar el transporte público urbano.

Este fondo se dotaría cada año en los Presupuestos Generales del Estado con una cantidad del 0,25% del producto interior bruto (PIB) de España del año anterior.

Es decir, si el producto interior bruto se situó en 1.211.811 millones de euros en 2018 —según la Intervención General de la Administración del Estado—, este fondo estaría dotado de unos 3.030 millones de euros en las cuentas de 2019.

El objetivo de esta ley es que la planificación, la programación, el presupuesto y la ejecución de las actuaciones vinculadas al transporte público tengan una estabilidad, que permitan actuar en un medio plazo, en lugar de que dependan de si hay o no campaña electoral ese año.

Los recursos se repartirían entre los servicios de transportes urbanos colectivos de los municipios de más de 50.000 habitantes. Se otorgará mediante subvenciones por periodos no menores a 3 años, con desembolsos de dinero cada año.

Algunos criterios que se atenderán para la concesión de las subvenciones serán la población beneficiada, el número de viajes realizados, los kilómetros recorridos, la cobertura geográfica o la eficiencia del gasto.

"El trasporte es de todos los ciudadanos"

"Un tercio de la movilidad nuestro país se realiza en estos transportes. Queremos poner fin a 40 años de infrafinanción del transporte público, ya que recae principalmente en los Ayuntamientos", ha afirmado Sergio Pascual, diputado de Unidos Podemos, que forma parte de la comisión de Fomento.

"En el transporte no podemos estar a expensas de que un Gobierno negocie con unos o con otros. El trasporte es de todos los ciudadanos", ha señalado Joan Baldoví, portavoz de Compromís.

"Es fundamental para las ciudades una sostenibilidad de la financiación del transporte urbano. Si no hay capacidad de financiación, si no hay estabilidad en el sistema que dote de equidad, los Ayuntamientos más grandes tendremos más capacidad", ha señalado Inés Sabanés, concejala de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Desgraciadamente, este proyecto de ley no verá la luz en la presente legislatura, porque el adelanto electoral al 28 de abril supone la disolución de las Cortes y la caída de todos los proyectos legislativos que haya pendientes de aprobar, independientemente de su estado de tramitación. Sin embargo, los proponentes se han comprometido a volver a entregar esta iniciativa en la siguiente legislatura.