La Fiscalía del Supremo investigará al rey emérito por el AVE a La Meca

La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará el papel del rey emérito en la adjudicación a empresas españolas de obras del AVE a La Meca. Concretamente, y según apunta el diario El País, lo hará por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. Como explica dicho medio, no se le podría atribuir el supuesto cobro de comisiones, porque la investigación lo sitúa en 2008 (aún era el jefe de Estado y, por tanto, inviolable), pero sí investigar cómo se ha movido ese dinero desde su abdicación.

El Supremo asume así la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrpución para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

El rey emérito ya no es inimputable —desde junio de 2014 dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado— pero está aforado en el Supremo.

La investigación se centrará por tanto en “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014.

“Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, asegura en una nota remitida este lunes la Fiscalía del Supremo.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha designado para dirigir esta investigación al fiscal de Sala de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos, que estará auxiliado por otros tres fiscales del Supremo.

Campos “pertenece a la más alta categoría de la carrera fiscal y reúne una extraordinaria cualificación y experiencia”, según el Ministerio Público.

Esperando la comisión rogatoria

Fuentes de la fiscalía Anticorrupción han señalado a Europa Press que la decisión se ha adoptado a pesar de que este departamento no ha recibido aún el resultado de la comisión rogatoria remitida a Suiza hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, si bien se ha tenido en cuenta que, al afectar las peticiones de información que podrían afectar a Juan Carlos I, era mejor que el asunto se residenciara ya en el departamento fiscal al que correspondería finalmente la causa en el caso de que ésta fuera judicializada.

Las finanzas del rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por la pandemia de covid-19, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.

Fue la apertura de la pieza 5 del caso Tándem o caso Villarejo en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros tras la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.

La pieza 5, conocida como Carol, se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba Don Juan Carlos en el momento de los hechos por ser jefe del Estado.

A pesar del archivo de esta pieza, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con “otros documentos hallados” durante la instrucción judicial.

Presuntos delitos de corrupción

El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del caso Tándem, por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias.

Se trataba de una fase de investigación previa en el departamento dirigido por el fiscal Alejandro Luzón, si bien a la vista de que los hechos pueden acabar implicando a un periodo de la vida de Juan Carlos I en la que éste no goza de inviolabilidad penal, se ha optado por remitirlo a la Fiscalía del Supremo, órgano que sería el competente en investigarle si se apreciaran indicios y el caso terminara judicializándose.

En el marco de estas actuaciones, el encargado del caso ha interrogado a Shahpari Zanganeh, la esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi, por ser la supuesta encargada del reparto de comisiones en la operación de adjudicación del AVE, así como a la propia Corinna, en calidad de testigo, en septiembre de 2019.

En esa ocasión, la empresaria alemana puso en conocimiento de los investigadores españoles, según explicó su abogado, “los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento”, pues asegura que apenas tiene datos y que lo que sabe llegó a ella a través de terceros, pues no participó en la operación.

La empresaria ha reconocido, a través de un comunicado enviado por sus abogados, esa transferencia, pero la enmarca en una donación del rey emérito en el año 2012 como “regalo no solicitado” para ella y su hijo por el “cariño” que les tenía. Así, la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, pues insiste en que no participó en los acuerdos que llevaron a este contrato.

¿Qué dicen los partidos políticos?

La noticia ha generado una ola de reacciones, también de las principales fuerzas políticas. El Gobierno, a través de su portavoz, ha defendido que “la Justicia es igual para todos”, mientras que desde Unidas Podemos han adelantado que van a explorar “todas las vías judiciales y parlamentarias” para llegar “al fondo del asunto”.

Por su parte, el PP ha mostrado su respaldo a la monarquía, mientras Vox ve las “sucias manos” del Gobierno, por detrás de esta actuación. Ciudadanos, por su parte, “confía” en la investigación.