Así retrata el Supremo el entramado de corrupción de Gürtel y el PP: sobornos a funcionarios y autoridades, contratos manipulados...
"Un grupo jerarquizado" con contactos en administraciones del PP.
Ya hay sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel: casi dos mil páginas que mantienen las principales condenas y además reconfirma la de a título lucrativo del Partido Popular.
La sentencia resume el relato de hechos de la Audiencia Nacional y expone que desde el llamado Grupo Correa y personas del Partido Popular “se tejió una estructura de colaboración estable, consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos... dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo”.
Pero, señala el Supremo, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido.
Estos militantes, añade el Alto Tribunal, tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y municipios gobernados por el PP).
El Supremo indica que esto permitió que bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada “a cabo por las entidades públicas parasitadas”. “Todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública”, explica el tribunal.
En la dinámica que se fue tejiendo para tal apropiación, mediaron sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública.
Los magistrados indican que en el presente caso, al igual que en la sentencia del llamado caso “Gürtel-Fitur” de Valencia, se constata la constitución de un “entramado” para posibilitar el delito, eludir su persecución y facilitar la obtención de los beneficios obtenidos.
Por todo ello, es procedente la condena por asociación ilícita para varios de los acusados porque concurren todos los elementos del tipo penal: “un grupo estructurado, jerarquizado, dirigido a lucrarse con bienes y servicios, y a efectuar hechos delictivos, vulnerando la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa”.
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