Son investigados por delito de sedición

En España estamos viviendo un conflicto político de enormes proporciones. Una parte importante de los catalanes ansía, legítimamente, independizarse del resto de España, ya que, según su relato, esa es la única solución posible a ese conflicto. Se trata de una idea amparada por las libertades ideológica y de expresión que garantiza nuestra Constitución. Pero el análisis de este conflicto tiene dos partes, la primera, los motivos por los que hemos llegado hasta esta situación. La segunda, su solución. Es indudable que hay motivos para haber llegado hasta aquí, pero en ningún caso justifican la actuación del independentismo, que está dispuesto a imponer por la fuerza al resto de catalanes y españoles la secesión de Cataluña.

La Constitución española de 1978 impide la secesión de una parte de España, sin reformar previamente su texto con la lógica participación de todos los españoles. Eso ha convertido la Norma, que ha garantizado nuestra convivencia pacífica y exitosa durante estos últimos cuarenta años, en el baluarte de defensa de la libertad de los que no quieren la secesión y, para otros, en obstáculo a franquear para conseguir su anhelada separación.

La Asamblea Nacional de Catalunya y Ómnium Cultural son dos asociaciones que se han convertido en protagonistas esenciales del proceso hacia la independencia catalana, para lo cual no dudan de calificar nuestra democracia de dictadura, de apropiarse del propio término "democracia" para publicitar sus propias iniciativas y embestir frontalmente contra la legalidad constitucional.

En ese marco conflictivo, el Parlament de Catalunya "aprobó" la "Ley del Referéndum" y el Govern de la Generalitat convocó un referéndum para que una parte de los catalanes, sin la menor participación del resto de españoles ni de los catalanes no independentistas, decidieran si Cataluña debía convertirse en un estado independiente. La "Ley del Referéndum" fue recurrida por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional, por lo que la misma quedó en suspenso, lo que convirtió la convocatoria en ineficaz. El Tribunal Constitucional, para asegurar el cumplimiento de su resolución, requirió a todas las autoridades implicadas para que suspendieran de forma inmediata todos los actos relacionados con la organización de dicha consulta.

Ni el Govern ni las asociaciones implicadas acataron la decisión judicial y abiertamente decidieron continuar con la organización del referéndum, lo que ha convertido esa disputa política en una querella judicial. Son ellos los responsables de judicializar la política, ya que rechazan las reglas del debate político que marca la Constitución. No ha sido el Gobierno del Estado, al que se le puede reprochar una escasa visión política y una pasividad clamorosa, el responsable de esta situación judicial. La afirmación contraria es una de las primeras y más exitosas mentiras del proceso de independencia y de sus impulsores. Entonces los Tribunales ordinarios pasaron a investigar la posible comisión de varios delitos relacionados con la posible desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional, y a su vez requirieron a la policía judicial para que investigara e impidiera la persistencia en la actuación delictiva.

En ese contexto, el día 20 de septiembre un Juzgado de Instrucción de Barcelona ordenó la práctica de varias diligencias de investigación, entre otras la entrada y el registro de dependencias oficiales de la Generalitat, lo que exigía la presencia allí de una comisión judicial, formada por la policía judicial, un Letrado de la administración de justicia y un miembro del cuerpo de auxilio judicial.

Mientras se estaban practicando esas diligencias judiciales, con todas las garantías legales para los implicados, los presidentes de ambas asociaciones independentistas decidieron hacer un llamamiento a sus seguidores para que se concentraran a las puertas de dichas dependencias oficiales.

Como consecuencia del llamamiento, una muchedumbre enfervorecida se concentró entorno a esas oficinas, impidiendo no solo el normal desarrollo de la actuación de la comisión judicial, sino que retuvo allí a sus miembros durante horas, con el resultado añadido del destrozo de varios vehículos policiales, hasta que las fuerzas antidisturbios pudieron garantizar la salida de la comitiva con seguridad entrada la madrugada del día siguiente.

Desde entonces, un Juzgado Central de Instrucción, integrado en la Audiencia Nacional, está investigando lo que ocurrió durante esos días y ha acordado diversas medidas cautelares, entre ellas la prisión provisional de los presidentes de las mencionadas asociaciones, los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Las medidas acordadas por la juez de instrucción, lógicamente, pueden ser criticadas desde los motivos que se han dado para justificar las propias medidas. Pero lo que no debería hacerse es falsear los motivos que las justifican para deslegitimar su actuación. De este modo, la prisión provisional se ha acordado en un proceso penal, con todas las garantías, en el que se investiga si los hechos ocurridos durante los días 20 y 21 de septiembre de 2017, frente a las citadas dependencias del Govern y mientras se practicaban diligencias judiciales de investigación, son o no constitutivos de un delito de sedición, del que los imputados son acusados por el Ministerio Fiscal.

Es útil recordar el texto del art. 544 de nuestro Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) que establece que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Ni se les acusa ni se les investiga por sus ideas, aun cuando sean frontalmente opuestas a las que inspiran el orden constitucional, como lo son las de cientos de miles de ciudadanos que las respalda, sino por los actos que se imputan a los Sres. Sánchez y Cuixart: por su convocatoria y participación en las concentraciones que tuvieron lugar esos días, si las mismas pueden ser consideradas un alzamiento público y tumultuario y si tuvieron como finalidad impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales.

Una nueva mentira del independentismo es que la investigación judicial persigue a los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por sus ideas o por su legítima libertad de expresión, que no se cuestiona, cuando lo cierto es que, en un proceso con todas las garantías, se les investiga por aquellos hechos concretos, es decir, si sobrepasaron o no lo límites tolerables para la libertad de cualquiera.

Ninguna idea justifica o ampara todos los comportamientos. Sin embargo, el movimiento independentista, junto con algunos otros políticos populistas, creen que sus protagonistas deben estar por encima de cualquier Ley que pretenda limitar su poder, sin importarles tampoco, al menos en apariencia, el respeto a los derechos de los demás.

En Cataluña estamos luchando por algo muy básico, una lucha que creíamos superada. Nos jugamos algo muy importante. Luchamos por las libertades de todos, las que garantizan las Leyes, frente a la tiranía de los que pretenden constituirse en únicos intérpretes de la voluntad popular. En esta lucha, los que defienden al tirano tratarán de destruir todo lo que pretenda oponerse a su soberana voluntad. Nosotros, los que defendemos las Leyes democráticas, los que admitimos e imponemos límites al poder de nuestros gobernantes y de nuestros jueces, los que defendemos la convivencia pacífica que habíamos disfrutado hasta ahora, continuaremos soportando sus soberbios embates. Pero defenderemos, con su misma convicción, nuestra libertad, ya que si perdemos la lucha solo nos quedará la tiranía o el exilio.

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