Sistema y comportamiento: lecciones del 13-F en Castilla y León (y en España)

Una parte tan inevitable como obligada en toda reflexión a propósito de una jornada de elecciones como la que en toda España acabamos de vivir con ocasión de las elecciones autonómicas celebradas el domingo 13F en Castilla y León (CyL) tiene que ver con las características distintivas del sistema electoral por el que se rige el proceso. Un sistema electoral es, como su nombre indica, un conjunto de piezas -normas, instituciones políticas, garantías electorales- interrelacionadas e interdependientes entre sí. Todo sistema electoral cumple dos finalidades: a)- traducir votos en escaños; y b)-delinear un mandato de gobierno, ya sea directamente (con mayoría clara y suficiente), ya sea indirectamente (indicando una posible suma de minorías).

En eso consiste el sistema, aunque demasiado a menudo, por simplificación, se reduzca su explicación alguna de sus variables. Así, se habla con frecuencia de sistema d´Hondt (el más frecuente en el Derecho electoral comparado de las democracias de la UE), cuando es lo cierto que ese por ese nombre (que es el del matemático belga que la ideó a fines del s. XIX) se describe solamente una concreta fórmula aritmética de adjudicación de todos los escaños de una circunscripción en una sola operación. Pero el sistema electoral no comprende sólo esa fórmula (o alguna de sus alternativas, como Sainte-Laguë o Hagenbach-Bischoff), sino el número total de escaños y el de circunscripciones, el carácter mayoritario (el nombre o partido más votado se lleva el escaño en disputa) o proporcional (hay escaños a repartir entre la mayoritaria y las minoritarias), la modalidad de composición de candidaturas y/o listas (plurinominales, sean abiertas o cerradas, o, en su caso, bloqueadas o con voto preferencial), el régimen de la elección a una sola vuelta o dos (ballotage).

Menos frecuente en esa reflexión es, sin embargo, la evidencia empíricamente contrastada de que cada sistema electoral configura y determina un comportamiento electoral del electorado sujeto a ese conjunto de reglas: en el curso del tiempo y de las experiencias acumuladas, la ciudadanía llamada a votar adecúa su comportamiento político —sus cálculos tácticos y estratégicos al decidir a quién votar— a la normativa que en última instancia adjudicará los escaños en función del número de votos, y prefigurará por tanto el mandato de gobierno resultante de las urnas.

Viene esto a cuento de la recurrente disputa acerca de ese rasgo distintivo del sistema electoral que se ha consolidado en España y en sus sucesivos escalones de autogobierno (los subsistemas autonómicos) que combina un primer eje ideológico de confrontación política (derecha/izquierda, para entendernos) con un segundo eje territorial (candidaturas de alcance general/candidaturas de alcance territorial circunscrito a la defensa de alguna particularidad). El comportamiento político inducido por este sistema ha devengado, en el curso de los años, un potente incentivo a las formaciones que acuden a las elecciones reivindicando rentas de situación territorializadas (ya sea como reconocimiento de identidades lingüísticas o nacionales, ya sea como reparación de agravios históricos reales o inventados, ya sea como ventajas fiscales y/o presupuestarias), en todo caso reclamantes de atención particularizada en tensión estructural con la igualdad de derechos de todos los españoles sin distinción de origen, residencia o radicación territorial.

Este registro histórico tan distintivamente español de formaciones territoriales o locales en busca de representación parlamentaria acaba de conocer un brusco (aunque presagiado) giro de tuerca en las elecciones autonómicas de la CACyL del domingo 13 de febrero (UPL, Soria ¡Ya!, XAV, entre otras). La fragmentación sin precedentes del voto alternativo al de las formaciones con vocación mayoritaria que presentan candidaturas en las 9 circunscripciones provinciales de la CACyL, ha acabado redundando en el efecto paradójico de haber maximizado como nunca la adjudicación de escaños a una ultraderecha (Vox) cuyo bastión ideológico descansa en un neocentralismo intransigente, ferozmente hostil a toda diversidad y también, por descontado, a toda reivindicación de reconocimiento identitario.

Las opciones de un Gobierno de coalición PP/Vox emergen claramente reforzadas de la jornada electoral. Poco importa, a estos efectos, explayarse en el grueso error de cálculo de Alfonso Mañueco al convocar las elecciones anticipadas en la región, y el claro fracaso de sus objetivos proclamados: lo cierto y real es que la CACyL se abisma a un ciclo político de marcado acento iliberal (como se autodenominan los regímenes autoritarios y eurófobos del Fydesz de Orbán en Hungría y del PiS de Kaszcynski en Polonia), que sumará a la alineación del PP y su historial de corrupción, abuso de poder y deterioro prolongado de los servicios sociales esencialmente encomendado a las CC.AA. (Sanidad, Educación, Atención a las personas dependientes, corrección de desigualdades y, consiguientemente, prevención de la despoblación) el programa populista y reaccionario de Vox, que propugna e impone, como condición de sus votos en las Cortes de la CACyL, retrocesos y recortes contra todos los avances democráticos y sociales de las últimas décadas. Por cierto, que por todo ello nadie llora a C’s en el merecido y buscado trance de su auto-extinción: nadie les dispensa un Réquiem ni un misericordioso responso.

Pero el mensaje del paisaje tras las elecciones del 13 F resuena con eco en toda España. Los electores progresistas deben saber, a esas alturas, hasta qué punto y cuán en serio están en juego todos y cada uno de esos laboriosos avances que hemos venido procurando en derechos individuales y en libertades públicas, en derechos sociales y en derechos laborales (revalorización de pensiones, incremento del SMI), en transparencia institucional (amenazada por la normalización de una comunicación política propagandística basada en fake-bulos y mentiras) y en lucha contra la corrupción, como lo está, además, la capacidad de la democracia española de integrar las diferencias y las singularidades que recorren nuestra historia y la complejidad de nuestra vida colectiva y nuestra convivencia (hechos diferenciales, respeto a las identidades lingüísticas, culturales, nacionales).

Se ha dicho durante esta campaña que CyL resulta ser la región autogobernada más extensa de la UE. Su territorio equivale (es incluso superior) al de la vecina Portugal (frontera en Salamanca y Zamora). Pero su población (2,4 millones) es apenas la quinta parte de nuestro vecino luso. Debe saberse, sin embargo, que en el paisaje político de nuestra hermana Portugal resulta determinante el art.47 de su Constitución de 1976 (varias veces reformada, aunque no este punto): este precepto prohíbe que se presenten a las elecciones portuguesas partidos que no concurran en la totalidad del territorio nacional (con lo que se conjuran y desactivan preventivamente la mera posibilidad de que presenten candidaturas formaciones regionalistas y/o nacionalistas, incluso en Madeira y Azores, RUPs portuguesas que son sus dos únicas regiones que disfrutan de autogobierno y elecciones regionales propias).

Es obvio, como todos sabemos, que España no es Portugal. Un Gobierno de coalición que funde a PP y Vox no puede ser subestimado en su impacto más allá de CyL, en todo el país y en la UE, como amenaza al pluralismo constitutivo de España, o, lo que es decir lo mismo, como negación de la España que realmente somos quienes convivimos en ella.