Sin elecciones a la vista… es la hora de gobernar

España es una montaña rusa de elecciones. Desde 2015 el país no ha parado. Repeticiones en las urnas, adelantos, retrasos pandémicos, autonómicas, municipales, europeas… De todo. Y eso afecta de lleno al día a día político, que va a golpe de encuestas, de listas y de programas. Y de polémicas.

Las catalanas del pasado domingo han cerrado un ciclo hipervitaminado de urnas. Si no se produce ningún contratiempo o algún gobernante tiene la tentación de consultar a los ciudadanos, las siguientes elecciones no deberían celebrarse hasta diciembre de 2022 en Andalucía (cuyo adelanto algunas veces se ha rumoreado).

Esto supone abrir un horizonte diferente en la política y especialmente para el Gobierno central, que tiene ante sí una etapa más estable, con los presupuestos generales aprobados y con un estado de alarma ratificado hasta el próximo mes de mayo. El Ejecutivo central no ha tenido ni un segundo para desplegar la hoja de ruta con la que nació en enero del año pasado y la oposición se ha movido constantemente con ansiedad por la durísima lucha que hay dentro de las derechas.

El Gobierno tiene ahora margen de maniobra también para medidas polémicas o para enfrentarse con más calma a iniciativas que no podrían ver la luz en periodo electoral. Este primer movimiento se ha notado ya con la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado para intentar desbloquear los órganos constitucionales. España vive la anómala situación de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace dos años. El PP sigue manteniendo sus condiciones (la no participación de Unidas Podemos), pero en La Moncloa ven otro clima y consideran “constructiva” la charla entre los dos líderes, urdida por los dos jefes de gabinete (Iván Redondo y Pablo Hispán).

Sobre la mesa, además del Poder Judicial, hay varios temas que sólo pueden salir adelante si hay consenso entre el PP y el PSOE: la renovación de TVE, los nuevos puestos en el Tribunal Constitucional y el nombramiento de otro Defensor del Pueblo. Asimismo, en la llamada intercambiaron impresiones sobre la reforma electoral y el voto rogado.

Casado vive en esto momentos una enorme tesitura tras el batacazo del Partido Popular en Cataluña, pero cree que todavía tiene tiempo precisamente durante estos dos años para enderezar el rumbo. Va a vender la sede de Génova 13 y prepara una gran convención en otoño para rearmarse. Consideran en la dirección que todavía puede calar el mensaje que tienen ahora de centrismo moderado frente a la espuma de Vox tras las catalanas. Pero siguen pensando los ‘casadistas’ que es muy difícil lograr una buena victoria con tres opciones dentro de la derecha. El otro actor es Cs, en claro proceso de desaparición. Inés Arrimadas, no obstante, entiende que puede aprovechar estos dos años y demostrar que el partido es “útil”. No va a dar un golpe en el timón ni se plantea una fusión, ni siquiera ha tocado a algún miembro de la cúpula que salió de marzo del año pasado.

Todos seguirán mirando las encuestas, pero va a aprovechar para moverse al no haber urnas. Lo que dicen ahora mismo los sondeos, según el CIS publicado este jueves, es que el PSOE se mantiene con una intención de voto del 30,7%, sacándole casi doce puntos al PP (18,8%), mientras que anotan mejorías Vox (13,6%) y UP (11,2%). Cs sería hoy quinta fuerza, con un 9,3%.

Sin elecciones a la vista, el Gobierno debería poder reactivar el ritmo legislativo y el contenido del Consejo de Ministros. Pero le ha surgido dos problemas: las colisiones internas entre los socios de gobierno y la necesidad de que se termine de formar un Govern en Cataluña para ver el papel de ERC, que es esencial para sacar adelante medidas progresistas en el Congreso de los Diputados.

Parecía que era algo meramente electoral, pero las desavenencias entre el PSOE y UP siguen en plena resaca del 14-F. Durísimo enfrentamiento por la ley trans (que no termina de ir al Consejo de Ministros y que UP ve en Carmen Calvo a la gran culpable). Esto ha derivado en otro oscuro episodio entre las dos fuerzas por la ley Zerolo, presentada en solitario por el PSOE y que UP intentó frenar llamando a otros grupos parlamentarios. La confianza se quiebra cada día. Para ahondar más en la brecha: los dos miembros de la coalición están estancados en la negociación de la ley de Vivienda. Lo que faltaba: el fuerte choque por los altercados violentos a raíz de la detención del rapero Pablo Hásel.

El Gobierno está preparando una modificación, a través del Ministerio de Justicia, del Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de prisión. En estas semanas y en esta etapa sin urnas las miradas están muy puestas en ese departamento dirigido por Juan Carlos Campo, que será el encargado de realizar la revisión sobre los delitos de rebelión y sedición, además de estudiar los posibles indultos a los presos del procés. Esta decisión se ha postergado precisamente por las elecciones catalanas y ahora el Consejo de Ministros podrá tomar una decisión sin el calor del 14-F. Es una de las grandes incógnitas y de las resoluciones más difíciles que tiene por enfrentar.

¿Se puede romper el Gobierno? Los dos socios lo niegan. “Es la única forma para gobernar”, dicen en La Moncloa, mientras que los de Pablo Iglesias señalan que se trata de una nueva coalición y de que está “blindado” el Ejecutivo.

También en este periodo el Gobierno quiere impulsar leyes como la de memoria democrática, que se vio ya en el Consejo de Ministros pero que necesita todavía de retoques jurídicos. Otro de los puntos de fricción interna será la derogación de la reforma laboral, punto en el que insiste la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quiere llevarla a cabo en este primer semestre. En este curso además puede llegar la prometida reforma fiscal que busca acercar a España a la media de presión de la UE y que será utilizada como arma arrojadiza por la oposición. No hay fecha, pero el momento de abordarla más oportuno puede ser con las urnas lejos (un punto estrella será la armonización de los impuestos de sucesiones y patrimonio).

Con la tercera ola decayendo, sigue vigente el sistema de cogobernanza, desde el Ejecutivo se ha pedido a las autonomías que no desescalar muy pronto, pero algunas ya están aplicando relajaciones ante la presión de los hosteleros. No obstante, si alguna quisiera endurecer las medidas no tendría tanta respuesta social como se piensa. A tenor del CIS, el 65% de los españoles considera que se deberían tomar medidas “más exigentes”. El Gobierno central sigue con la idea de que no aprobará un confinamiento como en marzo. 

Sin elecciones, toca gobernar sin pensar todo el día en las encuestas. ¿O se adelantará alguien con otra cita en las urnas?