Si el Gobierno tira la toalla en Europa, la sociedad no debe hacerlo
Más que una corrección, es un error.
Siento decirlo, pero así lo pienso: la nueva posición del Gobierno de España sobre la reforma del euro no solo rebaja hasta hacerla irreconocible la que había presentado hace un par de años (que todos los europeístas aplaudimos, por cierto), sino que perjudica objetivamente los intereses de nuestro país, que suelen ser, como bien nos enseñó Felipe González, los de la Unión Europea.
¿Cómo es posible que el Gobierno de un país que ha sufrido de forma tan brutal la crisis económica y ha pagado a tan alto precio las turbulencias del euro durante la misma no sea capaz ahora de proponer y defender la creación de instrumentos para que en el futuro –que puede presentarse en cualquier momento, no nos engañemos- la UE pueda gestionar mejor situaciones de similar gravedad?
Ni Tesoro Europeo, ni eurobonos, ni presupuesto suficiente para la Eurozona, ni reforma del mandato del Banco Central Europeo para que se parezca un poco más a la Reserva Federal norteamericana, ni seguro complementario de desempleo europeo, ni Ministro para el euro. Nada: todo lo que se envió a Bruselas no hace tanto se ha esfumado de la posición del Gobierno, que es la de España a efectos comunitarios.
¿Por qué y para qué? La explicación de que es mejor ser realista no se sostiene, pues se podía y se debía mantener el conjunto de la propuesta original sabiendo que el debate sobre el futuro de la moneda única dará un resultado que no incluirá ni mucho menos su totalidad, pero habiendo ayudado con ella a equilibrar la discusión.
Si los países más federalistas –como el nuestro, cuarta economía de la eurozona- se bajan del carro de completar de verdad la Unión Económica y Monetaria y, así, culminar en buena medida la Unión Política europea, ¿cómo encontrar una línea media satisfactoria cuando nos veremos forzados a negociar entre lo que proponen los reticentes y los prudentes? El resultado será tan de mínimos que la primera gran tormenta volverá a hacer temblar la casa y se llevará de un plumazo la recuperación del crecimiento y del empleo.
Además, la propuesta del Gobierno español olvida que en Berlín se ha firmado un Contrato de Coalición que, a propuesta del SPD, entreabre la puerta a debates que hasta ahora Alemania daba por cerrados antes incluso de empezarlos. ¿Qué sentido tiene no aprovechar esa oportunidad?
Para colmo, si el primer documento remitido por el Gobierno concitaba el apoyo de los principales partidos políticos, esta última propuesta ha conseguido todo lo contrario, al menos por parte de la primera fuerza de la oposición, el PSOE: recibir una justa crítica europeísta por el fondo y la forma.
Cuando la opinión pública española recupera niveles precrisis de apoyo a la UE (una de las últimas encuestas nos sitúa en un 62 % y a Francia en un 40) y a doce meses de unas elecciones al Parlamento Europeo en la que es preciso y posible conseguir una gran participación (entre otras cosas, porque coincidirán con municipales y autonómicas en trece comunidades), el Gobierno decide tirar la toalla. La sociedad española, por el contrario, no debe hacerlo.
