Sentimientos encontrados entre los sanitarios ante la ley de interinos: “No es nuevo”

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en El País que el Consejo de Ministros de este martes aprobará “la mayor estabilización de profesionales sanitarios” en España, por medio de un decreto con el que se hará fijos a 67.300 sanitarios.

La noticia, acogida con sorpresa y alegría por parte de la población general, no ha provocado tanto entusiasmo entre los sindicatos de profesionales sanitarios. ¿Por qué? Reconocen que será muy positiva para esas más de 60.000 personas que, a priori, mejorarán su situación laboral antes de que acabe 2024, pero matizan: por un lado, la ley sólo materializará una norma anterior –la Ley 20/2021, impulsada inicialmente por el ministro Iceta–, que fue aprobada para acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al dictaminar este que España abusaba de la interinidad; por otro lado, los efectos no se notarán sobre el mermado sistema sanitario, pues esos casi 70.000 profesionales mencionados no se incorporan al Servicio Nacional de Salud (SNS), sino que ya trabajaban ahí, aunque con peores condiciones, claro.

El HuffPost se ha puesto en contacto con diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores sanitarios para conocer su postura sobre la noticia. Son estas mismas agrupaciones las que explican que, de entre sus miembros asociados, aquellos que llevan años de interinidad prefieren no hablar de momento con la prensa. “Es complicado. Son personas que no tienen su plaza fija, que todavía no las tienen todas consigo, y no lo ven del todo claro. Ahora mismo no quieren dar la cara”, señalan desde CSIF. 

Sobre el anuncio en sí de Pedro Sánchez, cuenta el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, que lo que más le ha sorprendido ha sido la repercusión mediática del mismo, cuando la Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público fue “negociada por Gobierno y sindicatos” en la Mesa General del 5 de julio de 2021, y aprobada a finales del pasado año. La norma que se firma este martes a propuesta del Ministerio que dirige Carolina Darias “es el desarrollo de la anterior ley, pero en el ámbito de la Sanidad”. “Va en la dirección que nosotros planteábamos”, añade Hontangas.

Lo que ya decía la Ley 20/2021 es que pretendía reducir hasta un máximo del 8% las tasas de temporalidad en el sector público, actualmente de “casi un treinta por ciento” en España en general y de casi un “cincuenta por ciento” en ámbitos concretos como el sanitario. 

“Se ha puesto cifra a un proceso de consolidación ya iniciado”

En este caso, la novedad en el anuncio de Sánchez es la cifra: hasta ahora no se sabía que casi 70.000 sanitarios podrían verse beneficiados por la norma. “Se ha puesto cifra a ese proceso de consolidación sumando todos los que se van a llevar a cabo en las comunidades autónomas”, explica Hontangas, que describe que el proceso será “extraordinario” y se llevará a cabo “en una vez”, ya sea por concurso de méritos o por concurso-oposición. 

Algo parecido opina Manuel de Castro, vicesecretario general del sindicato AMYTS: “Que se abordara este problema es intrínsecamente bueno, pero estos procesos ya estaban en marcha desde hace meses”. De Castro no comparte la grandilocuencia del anuncio: “Que se vaya a hacer fijos a 67.000 sanitarios es fantástico, es de ley, porque hay gente que lleva 30 años trabajando de eventuales pasándolas canutas y esto lo regula. No obstante, el anuncio no es nuevo; sólo acopla el ordenamiento jurídico que aportó la ley 20/21”, comenta.

Algo que repiten casi todas las personas entrevistadas y que verbaliza De Castro es la siguiente idea: “A nivel personal, para los afectados, la ley es importante; a nivel del sistema, de números, no aporta”. 

“El sistema va a seguir teniendo las mismas deficiencias”, coincide también Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que, sin embargo, sí celebra la medida: “Por supuesto, es positivo que 67.000 personas que ya estaban contratadas en el sistema público accedan a la estabilidad laboral”. 

Tres años de interinidad como máximo

Según la información que publica El País, la norma que se aprueba este martes impedirá que un sanitario esté más de tres años trabajando sin ser funcionario. De nuevo, las personas consultadas para este artículo recuerdan que eso ya estaba establecido en la Ley 20/2021, y que responde también a instancias de Bruselas. 

En junio de 2021, el Tribunal Supremo tuvo que rectificar su propia doctrina y determinar que los interinos deberían pasar a ser indefinidos a los tres años, después de que el TJUE declarara contraria al Derecho comunitario la jurisprudencia española, que no marcaba plazos. La Ley 20/2021 establece en “un máximo de tres años” el “plazo máximo de duración” de un contrato temporal.

Sánchez Bayle explica que lo que no era ‘normal’ y “nunca se debería haber producido” era la situación actual “irregular”, por la que miles y miles de trabajadores sanitarios –entre otros– “encadenaban contratos” ad infinitum.

En todo caso, añade el portavoz, “no es culpa de este Gobierno”. “Esto viene de hace veinte años, porque nunca llegó a cumplirse el Estatuto Marco [del personal estatutario de los servicios de salud, de 2003], ni se llevaban a cabo los concursos para la cobertura de las plazas”, señala. “Insisto, la ley es una buena noticia. Pero es evidente que no va a arreglar los problemas del sistema sanitario”, resume el presidente de la FADSP. 

“Lo que anunció el presidente el domingo no es nada nuevo”

Es precisamente ese Estatuto Marco lo que “en realidad” modificará, en “algunos aspectos”, el decreto elevado este martes al Consejo de Ministros, apunta Humberto Muñoz Beltrán, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). 

“Es decir, lo que anunciaba el presidente el domingo no es nada nuevo; se trata de una fase más en el camino de la estabilización de la bolsa de temporalidad en las administraciones públicas, que España se ha comprometido a tener resuelto para finales de 2024”, aclara Muñoz Beltrán. “Estos 67.300 profesionales ya están en la plantilla del SNS”, incide. CCOO calcula que se necesitan “en torno a 60.000 médicos y enfermeras” adicionales en España sólo para cubrir “las categorías más deficitarias y con mayor dificultad para encontrar profesionales”.  

Algo más optimistas se muestran desde el sindicato de Enfermería SATSE. Sostienen los enfermeros que “esta norma supone un paso importante para reducir la temporalidad en nuestro sistema sanitario”, aunque enseguida recalcan: “Consideramos que el Estatuto Marco aún debe ser mejorado en la negociación que el Gobierno se ha comprometido a abrir con los sindicatos en los próximos meses”.

SATSE pide al Gobierno que, más allá de aprobar esta nueva norma, “controle” si efectivamente funciona y la tasa de temporalidad se reduce o se queda estancada, y le recuerda la situación de miles de enfermeras, “que encadenan durante muchos años contratos de días, semanas y meses”, lo cual afecta a “su situación personal” y a “la atención y cuidados” que prestan a sus pacientes. 

Después de más de dos años sufriendo con la pandemia, y después de muchos más de precariedad e interinidades, los sanitarios no pueden ocultar su recelo. “Venimos escuchando muchos compromisos por parte de las administraciones y los partidos, pero hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada”, lamentan desde SATSE. Y avisan: “Estaremos muy vigilantes”.