El Senado pone fin al "error" del voto rogado para los votantes españoles del exterior
Los ciudadanos españoles en el extranjero ya no necesitarán solicitar el voto en las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.
El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la reforma de la ley electoral que suprime el voto rogado para los electores residentes en el exterior, un “error” admitido por los partidos, especialmente el PSOE, que lo promovió en 2011, porque ha hecho caer en picado la participación electoral de los emigrantes.
La modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) ha sido avalada por la Cámara Alta en los mismos términos de la proposición que el Congreso aprobó antes del verano, y sin incorporar ninguna enmienda, de modo que este miércoles queda definitivamente aprobada y lista para su publicación en el BOE.
Ni siquiera las formaciones que han mantenido 22 enmiendas vivas hasta la votación de hoy, como JxCAT, ERC o la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se han opuesto a la reforma, convencidas de que aunque podría mejorarse, la eliminación del voto rogado, que exige al elector en el extranjero pedir o “rogar” que quiere votar en unos comicios, es absolutamente necesaria y corrige una “injusticia” de once años.
Los términos “error” e “injusticia” han sido los más repetidos en el debate plenario por los portavoces de los grupos, que también se han cruzado elogios por el gran consenso alcanzado para acabar con la continua sangría en la participación electoral de los inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Son 2.277.179 ciudadanos los que el pasado 1 de agosto figuran en este censo y quienes tras la aprobación de esta reforma ya no necesitarán solicitar el voto en las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.
En las últimas elecciones locales y autonómicas de 2019, celebradas simultáneamente con las europeas, solo fueron entregados 64.140 votos procedentes del exterior a las Juntas Electorales Provinciales, un 3 por ciento del total del censo CERA, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Quienes quieran votar en mayo ya no tendrán que requerir el voto, requisito suprimido ahora, y además todos los electores emigrantes deberían recibir de oficio la documentación necesaria en sus domicilios de fuera de España.
Además, se da la posibilidad de que puedan descargar telemáticamente las papeletas de votación, se amplían de 3 a 7 días las jornadas para votar en urna en los consulados y se faculta al Gobierno para habilitar más centros de votación.
El senador socialista César Mogo ha explicado que si bien hace once años “la política se equivocó” al implantar el voto rogado, hoy se corrige “un error” y “un agravio comparativo indeseado” para que los emigrantes “voten mejor y más”.
Su compañero de filas Artemi Rallo ha añadido que la obligación del voto rogado que auspició el PSOE en 2011 se ha vivido como una “auténtica humillación” por muchos españoles, que han tenido que sufrir el “calvario” de la compleja e ineficaz burocracia necesaria para tramitar los votos del exterior.
Desde el PP, la senadora Salomé Pradas ha asegurado que “estábamos en deuda con los españoles residentes en el extranjero y hoy vamos a hacer justicia”, y ha alabado que la modificación se apruebe de manera unánime y por consenso.
La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, ha recordado que el voto rogado convirtió el derecho al voto en una “carrera de obstáculos” vivido como una “limitación de derechos” por los emigrantes que pese a sus muchos esfuerzos no conseguían votar.
Josep Maria Reniu, de ERC, formación que había presentado enmiendas que han sido rechazadas a favor del voto electrónico y el voto delegado, ha advertido de que “no estamos avanzando, sino volviendo al punto de partida de 2011”, pero su grupo ha votado a favor la ley.
Al igual que JxCAT, que también ha reclamado con sus enmiendas implantar el voto electrónico como ya han hecho otros países europeos y cuyo portavoz, Josep Maria Cervera, ha dejado claro que ello no les impide votar un texto que considera “imprescindible”.