¿Se puede ilegalizar a Vox?
Existe legislación que regula esta posibilidad, pero a día de hoy no parece factible.
La tensión creada por la extrema derecha en la campaña electoral madrileña ha llegado a cotas probablemente nunca vistas en democracia.
El martes Vox colgó unos carteles en los que trataban de estigmatizar a menores extranjeros no acompañados dando información falsa, en lo que la Fiscalía consideró que podría constituir un delito de odio. El jueves, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron amenazas de muerte y cuatro balas por correo. Este viernes, la candidata de Vox se ha negado a condenar este hecho, y el debate en el que participaban los candidatos —salvo la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso— ha sido suspendido después de que Ios tres representantes de izquierdas —Iglesias, Ángel Gabilondo (PSOE), y Mónica García (Más Madrid)— abandonaran su puesto ante la actitud retadora y las formas chulescas de Monasterio, que ha despedido a Iglesias con un “lárguese”.
El debate sobre si Vox debería ser ilegalizado como partido político no es nuevo, pero estos días está cobrando fuerza. Hay antecedentes en la democracia española. Durante años, las formaciones de la izquierda abertzale han estado ilegalizadas hasta cumplir con una serie de requisitos democráticos, entre ellos la exigencia de condenar la violencia del terrorismo de ETA.
La Ley de Partidos de Aznar
En 2002, el Gobierno de José María Aznar aprobó por este mismo motivo la Ley de Partidos, que establece un procedimiento judicial de ilegalización de un partido “por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo”. “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”, señala la ley en su exposición de motivos.
Y, sin embargo, el magistrado Ignacio González Vega ve “complicado” que, “a fecha de hoy”, la Justicia determinara la ilegalización de Vox. “Es verdad que [el mensaje de Vox] podría enmarcarse dentro del discurso de odio, pero Vox se cuida mucho de atenerse a los requisitos que exige la Constitución para la formación de partidos políticos”, señala.
González Vega considera que Vox está “lo suficientemente bien organizado” como para no incurrir en amenazas evidentes. “Acata la Constitución y no emplea un recurso directo a la violencia, así que en ese sentido veo difícil este encaje [de la ilegalización]”, afirma. “Hoy por hoy no lo veo factible”.
El sistema español, además, es distinto al de otras democracias. En Alemania, por ejemplo, el sistema democrático constitucional “exige una adhesión plena al texto constitucional”, explica González Vega, mientras que en España la tradición es distinta. “Aquí son posibles opciones políticas contrarias a la Constitución, como las que defienden la separación de una parte del territorio español”, señala.
Aun así hay personas que ven motivos suficientes para defender la ilegalización de Vox como formación que incita al odio. Antumi Toasijé, historiador y presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), considera que el partido “tendría que haber sido ilegalizado desde hace tiempo”. “De hecho, estamos recopilando la información que pueda ser necesaria para estudiar la posibilidad de la ilegalización”, advierte.
Toasijé afirma que “ya ha habido muchas declaraciones, muchos mensajes, muchos tuits y muchos elementos para señalar que no se trata de conductas aisladas de individuos, sino que es el partido en sí mismo”. Se refiere a la criminalización de los menores no acompañados, a la amenaza de deportar a Serigne Mbayé, en la lista de Unidas Podemos para las elecciones a la Asamblea de Madrid, o al señalamiento de personas con apellidos aparentemente extranjeros que recibían ayudas.
Con todo, el historiador es consciente de que entre los jueces también hay afines a la ideología de extrema derecha, así que la dificultad es añadida. Este jueves, un juzgado madrileño desoyó la petición de la Fiscalía de retirar los carteles xenófobos de Vox.
El precedente europeo
En la Unión Europea, existe jurisprudencia en torno a esta cuestión. Hace sólo seis meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la disolución de asociaciones de extrema derecha, incluidos partidos políticos, al considerar que estos grupos están enfrentados a “los valores de tolerancia, paz social y no discriminación”.
En este caso, la demanda se impuso contra varios grupos franceses de extrema derecha por fijar “objetivos de odio y discriminación hacia los inmigrantes musulmanes y proclamar el antisemitismo y el odio violento y la discriminación a personas homosexuales”, señala el fallo del Tribunal.
También en octubre de 2020 la Justicia griega declaró a la cúpula de Amanecer Dorado, incluido su líder, Nikolaos Mijaloliakos, culpable de dirigir una organización criminal, en una sentencia histórica teniendo en cuenta que el partido político neonazi llegó a ser tercera fuerza política en el país.
La Justicia consideró que los crímenes cometidos por los militantes y miembros del partido se realizaron bajo el amparo y las órdenes de Amanecer Dorado.
