El Gobierno prepara el fin de los vasos de plásticos y las pajitas gratis

Se acabaron los vasos de plástico, las cajas de comida para llevar y las pajitas gratis. El Gobierno prohibirá a partir de 2023 la distribución gratuita de estos productos de plástico de un solo uso, por los que se cobrará al consumidor.

Entre los plásticos de un solo uso que estarán sujetos a dicho cobro se encuentran los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar y que normalmente se consumen en el propio recipiente.

El Consejo de Ministros lo aprobará, previsiblemente, este martes en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) de aquí a 2030. El Ejecutivo pretende con este conjunto de medidas superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que “el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, así como minimizar la generación de residuos y aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar”, según han informado fuentes ministeriales.

En concreto, la EEEC marca los objetivos para la próxima década a nivel general y en particular en seis sectores a los que considera estratégicos para este fin, como son la construcción y demolición, agroalimentación, industria en su conjunto, bienes de consumo, turismo y textil y confección.

También te afecta en casa

Así, la ‘Estrategia España 2030’ propone como objetivos que en 2030 se deberá reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB respecto al año 2010 como referencia y disminuirá la generación de residuos un 15%  respecto a los que se generaban en 2010.

Concretamente, plantea rebajar un 50 por ciento la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria per cápita a nivel de hogar y consumo minorista; un 20 por ciento en las cadenas de producción y suministro a partir de 2020. La Estrategia busca contribuir asimismo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otros de los objetivos pasa por incrementar la reutilización y la preparación para su reutilización de al menos el 10 por ciento de los residuos municipales generados y mejorar un 10 por ciento la eficiencia del uso del agua, así como reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Si bien, los objetivos de la estrategia no serán vinculantes hasta que no se recojan en su correspondiente normativa, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ya está preparando las normas, bien a través de leyes, como la ley de residuos, bien a través de Reales Decretos que regulen aspectos específicos.

Desde el Ministerio han apuntado que la intención es que la ley de residuos y suelos contaminados, cuyo borrador de anteproyecto pasará este martes por el Consejo de Ministros para su primera lectura, esté aprobado antes de final de este año para que sea aprobado de manera definitiva en el primer periodo de sesiones del 2021.

Cómo se aplicará

A lo largo de la década, la Estrategia se ejecutará a través de sucesivos planes de acción trienales que incluirán medidas concretas que deberá desarrollar la Administración General del Estado para implantar actuaciones en economía circular. El primero de ellos será presentado a finales de 2020 y abarcará el período 2021-2023.

En concreto, la EEEC traza ocho líneas de actuación sobre los que se focalizarán las políticas e instrumentos y sus correspondientes planes de actuación. Cinco de ellas se relacionan con producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización del agua. Y las tres restantes son la sensibilización y participación; la investigación, innovación y la competitividad, así como el empleo y la formación.

Así, el Gobierno señala que las políticas clave para avanzar en la economía circular son la política económica, de fiscalidad, empleo, I+D+i, de consumo, la política industrial, del agua, agraria y de desarrollo de áreas rurales.

Cuando se inició la elaboración de la Estrategia de Economía Circular en 2017 no estaba incluido el sector textil y la confección que, ahora, tres años después sí se ha incluido dentro de los objetivos de acción considerado que debe participar de los objetivos de la Estrategia con objetivos obligatorios como la recogida separada de ropa y la gestión del residuo textil de aquí a 2025, fijados en el anteproyecto de Ley de residuos.

Pueden crearse nuevos impuestos

De acuerdo con el texto de la ‘Estrategia España Circular 2030’ otra de las vías para alcanzar los objetivos será la fiscalidad, pues considera que la fiscalidad ambiental en España tiene “un gran margen de desarrollo”. El Gobierno ve así “plausible la aplicación de impuestos finalistas” a las opciones de gestión situadas en los escalones más bajos de la jerarquía de residuos, como son el depósito en vertedero o la incineración.

Así, plantea que la recaudación que se obtenga se pueda destinar a priorizar las primeras opciones como la prevención, nuevas recogidas separadas o la preparación para la reutilización y el reciclado. “Medidas fiscales adecuadas pueden jugar un papel relevante y ayudar a la mejora de la eficiencia en el uso de los materiales, la prevención de la generación de residuos, en especial el desperdicio alimentario, la promoción de productos preparados para la reutilización o con un mejor comportamiento ambiental en lo que respecta a la economía circular, de forma que para el año 2030 se alcance los objetivos de esta Estrategia”, señala la estrategia.

En ese sentido, añade que con esta modificación de la fiscalidad se evitaría la “actual fragmentación” del tratamiento fiscal a los residuos que invita al ‘turismo de residuos’ de unas comunidades a otras donde no hay impuestos al vertido, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementa el riesgo de accidente ambiental y favorece el uso de prácticas ilegales.

En materia de consumo, para favorecer la circularidad en la política industrial, se considera que se ha de “regular el acceso al mercado de productos y servicios” para permitir ”únicamente” la comercialización de aquéllos que cumplen unos criterios mínimos de comportamiento ambiental y de salud pública.

Por otro lado, para velar por el desarrollo y el cumplimiento de la Estrategia se crean un ‘Consejo de Economía Circular’ público-privado, en el que participarán los agentes económicos y sociales implicados de los distintos sectores, gestores de residuos y sistemas de responsabilidad ampliada del productor, consumidores y que contará con expertos académicos y centros de I+D+i.

Del mismo modo, se creará una Comisión Interministerial de Economía Circular en el que participarán distintos Ministerios pero también de las comunidades autónomas y de los municipios, que se reunirá al menos una vez al año para analizar la transición hacia una economía circular. La Comisión Interministerial también podrá contar con expertos independientes del ámbito de la economía circular.

Junto al paquete de la EEEC que se aprueba este martes y como parte de los elementos que considera “clave” en el marco de la economía circular que el Gobierno quiere usar como palanca para la recuperación económica tras el COVDI-19, también ha aprobado un real decreto para mejorar la trazabilidad y el control del traslado de residuos y ha analizado el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados.

El Real Decreto obligará a que el traslado de residuos se acompañe de un sistema electrónico común de información que permite la armonización en toda España para garantizar la trazabilidad y el control en la gestión de los residuos.