Sánchez anuncia una nueva ley de secretos oficiales y la reforma de la del CNI para mejorar el control judicial

Y llegó el día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a la tribuna del Congreso para dar explicaciones de la crisis política motivada por el espionaje con el software ‘Pegasus’, que ha afectado a líderes políticos independentistas y también a miembros del Ejecutivo. Un episodio que se saldó con la destitución de la ahora exdirectora del CNI Paz Esteban.

El mandatario español ha comenzado este jueves su intervención en el Hemiciclo haciendo un repaso de los casos de corrupción del Partido Popular que propiciaron la moción de censura y caída del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así, Sánchez ha reiterado el compromiso adquirido en aquel momento para lograr un Gobierno más “ejemplar”, una cuestión que ha entroncado con los casos de espionaje.

Tras exponer las medidas llevadas a cabo para aclarar el caso Pegasus, Sánchez ha propuesto realizar cambios en la ley orgánica reguladora del funcionamiento CNI con el objetivo de mejorar los controles judiciales e internos, una cuestión que adelantaba El País esta mañana. También ha puesto sobre la mesa agilizar la nueva ley de secretos que viene demandando un socio clave como el PNV.

De salir adelante, la norma relativa a los secretos oficiales sería la primera de la democracia, en sustitución de la actual de 1968, una respuesta a una demanda histórica desde la Transición. La reforma de la del CNI, del año 2002, tendrá como objetivo dotar de más garantías para los derechos individuales de las personas.

No se trata solo de avanzar en cambios normativos, puesto que el presidente del Gobierno ha hablado de “mayores compromisos presupuestarios”. Lo ha indicado tras hablar de los retos que se deben afrontar en la actualidad, de cara a la amenaza a la ciberseguridad. En este sentido, Sánchez ha apuntado que se va a alinear la directiva de inteligencia al marco de la estrategia de seguridad nacional de 2021. La finalidad es la de aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia, al tiempo que se reforzará la cooperación entre el Centro Criptológico Nacional y los organismos encargados de la ciberseguridad.

El Gobierno no conoce ni decide sobre decisiones del CNI

Después de haber dejado un claro homenaje a todos los profesionales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Sánchez ha defendido que el Ejecutivo “defiende la Constitución, con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución”.

“El Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones de los servicios de Inteligencia”, ha destacado el presidente, para señalar que eso podría ocurrir en “otra época”, en velada referencia a la ‘operación Kitchen’: “No hay permiso para crear policías paralelas que persiga partidos rivales”.

“Son tiempos pasados”, ha continuado al referirse a la situación de tensión política en Cataluña, puntualizando que todavía quedan pasos por dar hacia la conciliación y el reencuentro: “El camino del diálogo no será fácil y exigirá mucho esfuerzo y determinación en el tiempo”. “Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia”, ha esgrimido.

También ha señalado que en Cataluña se debería pasar de los tribunales a más política “compartida” y que “la única estrategia del Gobierno de España ha sido superar el conflicto político, siempre dentro de los márgenes de la Constitución”.

Defensa de la transparencia y pasos dados

Con todo, el líder del Ejecutivo ha recordado que todas las operaciones del CNI están siempre sometidas a la decisión de la autoridad judicial correspondiente. Y que, aunque es evidente que “hubo un fallo de seguridad” en la comunicaciones en el caso del espionaje a miembros del Gobierno, éste lo puso en conocimiento de la Justicia y la ciudadanía en aras de la transparencia.

Sánchez ha defendido la importancia de las medidas tomadas tras la intrusión con el software espía. Desde la coordinación con algunos grupos parlamentarios para abrirles las puertas a la comisión donde Esteban dio explicaciones o la investigación abierta por el Defensor del Pueblo. “No hay democracia que resista la vulneración de los derechos fundamentales sin orden judicial”, ha valorado.

“El CNI solicitó al magistrado del Tribunal Supremo competente la autorización para proceder a la intervención, acotada en el tiempo, de las comunicaciones de 18 de las personas aludidas en Citizen Lab, no 65”, ha recordado Sánchez.

La oposición carga contra el Gobierno

Las propuestas legislativas de Sánchez no han servido para calmar a una oposición que ha continuado cargando contra el Gobierno. Por parte del Partido Popular, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra ha preguntado directamente por el espionaje al móvil de Sánchez, si le ata “de pies y manos” o si llegará a conocerse “qué agente externo” es responsable del ataque.

“Mientras siga sin dar explicaciones es coherente preguntar si el espionaje a su móvil está relacionado con sorpresivos cambios de las posiciones políticas de Estado por parte de su Gobierno porque nunca debería haber un pago o rescate por los archivos de su móvil”, ha indicado, eso sí, sin referencia alguna a Marruecos o al giro político sobre el Sáhara.

Entre los partidos independentistas tampoco han calado las explicaciones del mandatario español. Prueba de ello ha sido la intervención del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que ha valorado que “España huele a cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta”, al tiempo que ha reclamado respuestas como ”¿qué delito habían cometido los espiados aparte de ser independentistas?”.

Una postura muy similar a la de Rufián es la que ha mantenido Míriam Nogueras, de Junts, que también ha se ha preguntado qué ha venido a hacer el presidente en esta intervención. Y desde el PDeCAT, Ferran Bel, ha afirmado que la actitud del Gobierno a la hora de explicar el caso Pegasus ha “empeorado” la situación existente cuando salió a la luz el informe de Citizen Lab.

Sánchez sí ha recibido un espaldarazo del socio de coalición, Unidas Podemos. El diputado Jaume Asens ha valorado como positivas los cambios normativos que ha propuesto el presidente del Gobierno, pero ha pedido más valentía y gestos en la agenda social y territorial, además de avanzar en el diálogo en Cataluña para solucionar el conflicto.