San Chin Choon ofrece al juez declarar en octubre desde la embajada de España en Malasia
El empresario comunica al magistrado Adolfo Carretero que no puede viajar a España por cuestiones laborales.
San Chin Choon, el empresario malasio que suministró el material sanitario que el Ayuntamiento de Madrid compró a Luis Medina, ha trasladado al juez Adolfo Carretero su imposibilidad de desplazarse a España para comparecer por motivos laborales y ha ofrecido declarar en octubre a través de una videoconferencia desde la embajada de España en Kuala Lumpur.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el proveedor contesta al emplazamiento del magistrado para que aportara fechas en las que podría comparecer de forma presencial en el procedimiento penal que investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas.
San Chin Choon es la persona que suministró material sanitario a los investigados Luis Medina y Alberto Luceño para su venta al Consistorio capitalino. El Ayuntamiento de Madrid pagó casi 11 millones de euros, de los que seis millones acabaron en manos de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes exclusivos de la empresa de San Chin Choon.
El pasado julio, el juez Adolfo Carretero se opuso a la petición de Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria a Malasia para interrogar al proveedor malasio debido a que este país flagela a sus presos, lo que supone “un obstáculo insalvable para cualquier cooperación judicial”.
En el escrito, San Chin Choon informa ahora al juez que cuando le llamaron las autoridades de su país, contestó a las preguntas de la comisión rogatoria enviada desde España. “No entiendo por qué el Gobierno de Malasia no envió mis respuestas a España”, ha dicho.
El empresario comunica al juez que no puede viajar a España por temas laborables pero se ofrece a comparecer en chino el día 21 o 28 de octubre a las diez de la mañana a través de videconferencia desde la embajada de España en Kuala Lumpur.
Expone que entiende que la embajada puede tener medios técnicos para poder realizar una videoconferencia y conectarse a un juzgado español, que “seguro que también tiene un sistema de videoconferencia”.
