Salud mental y empleo
"No hay salud sin salud mental" es, para el gobierno valenciano del cambio, mucho más que un lema a recuperar con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre. Ocupa un lugar en la agenda institucional, política y social del Consell. Es convicción y es prioridad. La firma del Pacto Autonómico por la Salud Mental, el 14 de diciembre del pasado año, marcó, sin duda, un punto de inflexión. También la creación de la Oficina de Salud Mental o la hoja de ruta que se recoge en la Estrategia Autonómica de Salud Mental 2016-2020. El apoyo social a estas personas, la lucha contra la estigmatización y, en consecuencia, la integración en una sociedad, que también les pertenece, son elementos fundamentales. Una estrategia que recoge, de manera explícita, la importancia de dos ejes como son la coordinación en la gestión y el empleo como actuación terapéutica de primer orden para las personas que conviven con trastornos mentales.
Es precisamente el empleo el tema central de esta XXV edición del Día Mundial auspiciado por la OMS. El paso de ser considerado como enfermo a ser un trabajador o trabajadora es, sin duda, un eficaz medicamento. Sentirse útil, relacionarse en un entorno distinto, integrarse en la sociedad a través de una responsabilidad laboral, son factores que conforman un hábitat mucho más favorable para la recuperación de estos pacientes. La realidad nos muestra que las personas con trastorno mental grave (TGM) constituyen uno de los grupos que se enfrenta a mayores dificultades, no solo para acceder a un puesto de trabajo sino también para conservarlo, en el caso de que lo encuentren.
El estigma social que la sociedad ha edificado alrededor de estos pacientes es, en buena parte, responsable de esta discriminación. Discriminación que se traduce en la frecuente vulneración de los derechos humanos y en la frecuente negación de derechos económicos, sociales y culturales. Dificultades en el acceso al empleo, a la educación, a la participación en la sociedad civil, al ejercicio de la capacidad jurídica, al cuidado de la salud física... Son restricciones al pleno ejercicio de los derechos de estas personas. Para este gobierno la defensa de los derechos es irrenunciable.
En sintonía con ello, el Consell se propuso reducir las tasas de desempleo de las personas con problemas mentales graves. Un reto que se articula a través de itinerarios a fijar en las Unidades de Salud Mental, de manera coordinada, entre tres consellerias: Sanitat Universal i Salut Pública, Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo e Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta implicación de distintas áreas se enmarca en otra convicción como es que la salud es cosa de todos. Así, el pasado mes de enero se constituyó la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana para avalar "la salud en todas las políticas y la salud en todas las edades".
En el caso específico de personas con este tipo de trastornos mentales es obvia la necesidad de coordinarse con otros departamentos ya que el empleo, como apuntaba, supone un importante valor añadido. Esta intervención conjunta viene además a plasmar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación Mundial de Rehabilitación. Ambos organismos instan a los gobiernos a desarrollar proyectos que apoyen a las personas para que cuenten con una vida independiente y que generen programas de apoyo al empleo, la formación y la educación.
La traslación de los cálculos de la OMS, que fija en el 1% la población que convive con algún tipo de trastorno mental grave, reflejaría unos 50.000 casos en la Comunitat Valenciana y unas 200.000 personas, si se cuenta el impacto directo que supone en su entorno. Pero, como decía, más allá de las cifras hay vidas, hay personas. Se trata de devolver a estas personas su condición de ciudadanía. Para ello, prescribamos empleo, creemos empleo.
