RUPs: Mantenerse a flote en la UE post Brexit

RUPs: Mantenerse a flote en la UE post Brexit

Políticamente, las RUPs incorporan espacios territoriales distinguidos por niveles de autogobierno.

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A lo largo de las jornadas del 6 y el 7 febrero tuvo lugar la XXIV Conferencia de Regiones Ultraperiféricas de la UE (RUPs), bajo la Presidencia (rotatoria, con base anual) de Saint Martin (Francia).

¿Qué son las RUPs? Físicamente, son regiones de territorio insular, fragmentado, en todo caso muy alejadas del espacio continental de integración supranacional. 

Jurídicamente, son las únicas regiones mencionadas por su nombre en el Derecho primario, constitutivo de la UE. El Tratado de Lisboa (TL) consagra en su art. 349 TFUE la singularidad de nueve RUPs, pertenecientes a tres EE.MM. de la UE (Francia: 6 regiones; Portugal; 2 regiones, Azores y Madeira; y España: una RUP, Canarias), con una doble proyección: de un lado, autoriza especialidades en la aplicación del Derecho europeo; de otro, legitima la adopción de medidas legislativas específicas para atender sus singularidades (esto es, Reglamentos, Directivas y Decisiones orientadas a aprovisionar las RUPs de garantías proporcionadas a sus dificultades estructurales y permanentes, causadas por la lejanía y escasez de territorio: STJUE 15 de diciembre de 2017, Caso Mayotte).  

Políticamente, las RUPs incorporan espacios territoriales distinguidos por niveles de autogobierno en el marco de los ordenamientos de sus Estados Miembros (lo que es notable en los casos de Francia y de Portugal, en que sus RUPs se perfilan con caracteres de autonomía propios en un contexto general de gran centralización). Pero conforman, sobre todo, una plataforma provista de una conciencia europea propia, con intención y razón, tanto en lo relativo a sus especificidades como en lo relativo a su carga de futuro.

Las premisas de sus pretensiones son fáciles de explicar y de sintetizar. A lo largo de su historia, la idea basal de la construcción europea permanece válida y vigente: cohesión territorial, social e intergeneracional. Solidaridad y corrección de las desigualdades como objetivo compartido y plenamente racional para la integración supranacional.

Nunca ha sido verdad que la igualdad consista en tratar uniformemente situaciones subjetiva u objetivamente diferentes. Por contra, exige tratar diferenciadamente situaciones o sujetos que planteen caracteres singulares, precisamente al objeto de asegurar la proclamada igualdad de derechos y oportunidades a la que se aspira.

Políticamente, las RUPs incorporan espacios territoriales distinguidos por niveles de autogobierno.

Ese y no otro sigue siendo el objetivo político compartido por las RUPs en su XXIV Conferencia. Y ése será el asunto a debatir en la próxima Cumbre RUPs que tendrá Foro en Bruselas, 24 y 25 de marzo: Tender puentes. Tejer redes. Aunar criterios, estrategias y tácticas coherentes para la aseguración de sus expectativas en un contexto cambiante y más difícil que nunca.

Y es que, en efecto, la UE viene de superar la peor crisis de su historia. La Gran Recesión (2009), conducente a un desfallecimiento de la voluntad de Europa, se prolongó una entera década encadenando episodio de una gravedad y hondura carentes de precedentes: su corolario, el Brexit (primera vez en que un Estado miembro abandona tras ¡47 años de pertenencia al proyecto!) viene a empeorar la siempre magra financiación de la UE (apenas el 1% del PIB de su territorio), imponiendo en lo inmediato unos presupuestos menguantes que incluyen una severa reorientación de prioridades.

La mala noticia es que el proyecto de Marco Financiero Plurianual (MFF) 2021-2027 pretende reducir las partidas históricas de la cohesión de manera lineal tras el quebranto del Brexit, renunciando a compensar -tal como exige el Parlamento Europeo (PE)- la pérdida de financiación británica con cargo a recursos propios generados por la UE. La buena noticia, en cambio, es que el PE es, tras el Tratado de Lisboa, legislador presupuestario y autoridad presupuestaria decisiva de la UE sin cuyo voto favorable no habrá luz verde a ese MFF... con lo que se prorrogaría el actualmente vigente hasta alcanzar un acuerdo sobre bases aceptables.

En tan inquietante escenario, la Conferencia de RUPs se apresta, sí, a proseguir la nueva agenda diseñada por la Comisión Von der Leyen (VDL): el Pacto Verde (y una “Transición Justa”, “que no deje a nadie atrás”); la Era Digital; y la Autonomía Estratégica (Política Exterior, Defensa y Seguridad) para una UE relevante en la Globalización.

Sin embargo, con idéntica fuerza y convicción sostienen que tales nuevas prioridades no deben apuntalarse a despecho o con desprecio de las ahora llamadas “Políticas tradicionales”, que serían, ahí es nada, la PAC, la Cohesión, los Fondos Estructurales, y la Conectividad en Redes Transeuropeas.

Las RUPs reivindican su agenda, con la calidad de un examen a la vocación de Europa de seguir siendo fiel a sí misma: a)- Acceso equitativo a los llamados Fondos RUPs (Fondo Social Europeo, el FEDER en el conjunto de la Política Regional); b)- Preservación del régimen de acceso a Ayudas de Estado -art. 107 TUE- (que, de no ser RUPs, les estarían vedadas por el Derecho europeo); c)- Mantenimiento del POSEI orientado a la preservación de su sector primario, en el marco de sus actuales magnitudes financieras; d)- Respeto a los caracteres propios de su fiscalidad y de su abastecimiento energético (y a la pauta temporal de su descarbonización, teniendo en cuenta su alta dependencia de las conexiones aéreas, sin sustitución posible), e)- Modulación del régimen de su incorporación a las reglas y circuitos del comercio mundial (dada la dependencia de su sector primario de productos sensibles a la competencia desigual de productores no europeos y, por tanto, no sujetos a los rigores y exigencias del Derecho de la UE y de sostenibilidad social, medioambiental, sanitaria y protectora de los consumidores); f)- Preservación, a toda costa, de la hasta ahora vigente tasa de cofinanciación europea de proyectos estratégicos en el 85% (frente a la anunciada propuesta de rebajarla al 70%, lo que equivaldría en la práctica a la duplicación del esfuerzo financiero complementario de las RUPs).

Solidaridad y corrección de las desigualdades como objetivo compartido y plenamente racional para la integración supranacional.

Pero, dicho esto, al mismo tiempo, las RUPs ofrecen también un formidable potencial de oportunidad: políticas de vecindad estratégica, de innovación, de redes de investigación e intercambios universitarios al servicio de las economías circular, verde y azul.

Sin desatender, por su parte, el enorme desafío de las migraciones que acucian la sostenibilidad de su ecosistema y entornos ante la exposición de sus fronteras vulnerables (como elocuentemente expresan los casos de Reunión, Mayotte, Saint Martin... y de Canarias).

Sin duda, mucho por hacer. Saben de sobra las RUPs que cuentan con el compromiso de l@s eurodiputad@s RUPs (residentes en las RUPs, incardinad@s en distintos grupos de procedencia, entre los que pueden sumar las mayorías necesarias para aprobar las enmiendas presupuestarias y al MFF) para para abordar estos retos y librar la batalla de mantener las RUPs a flote en la Europa post-Brexit, en un contexto difícil, áspero, y retador, en que se somete a examen la integración europea en el futuro inmediato: el MFF 2021-2027 y el Programa de Trabajo de la Comisión VDL.

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).